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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), autonomía en riesgo

José Bautista Farías[1]

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha presentado como un entramado institucional con atribuciones para el combate efectivo de la corrupción que padece nuestro país, derivado de acuerdos políticos entre actores sociales y del gobierno. Sin embargo, existen  varios signos de alarma que ponen en riesgo la autonomía y los alcances de este incipiente modelo, veamos:

  1. La falta de acuerdos en el Senado para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, dando lugar a la instalación (el 04/04/17) del SNA incompleto. Dicho espacio fue asumido en su lugar, momentáneamente, por Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República (PGR), exdiputado federal y exsenador por el PRI, fue consejero político y coordinador de asuntos jurídicos del comité ejecutivo nacional de ese partido, cercano al presidente.
  2. El Acuerdo A/029/17 de la PGR (del 17/04/17) que modifica el diverso A/011/14 anterior, por el que se crea la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, encargada de la investigación y sanción de este tipo de delitos, podrían anular la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, por lo siguiente: a) establece la aceptación del procurador general para la aprobación de los planes y programas destinados a detectar la comisión de delitos por actos de corrupción; b) sujeta al consentimiento del titular de la PGR los nombramientos de los agentes del ministerio público federal, adscritos a la Fiscalía Especializada Anticorrupción; c) modifica, deroga o abroga las normas administrativas del Fiscal Anticorrupción cuando éstas contradigan a las emitidas por la PGR.
  3. La propuesta enviada al Senado por Enrique Peña Nieto de 18 aspirantes a ser magistrados anticorrupción, los cuales deberán ser ratificados por los legisladores. Al respecto, el Comité de Participación Ciudadana del SNA envió una carta al presidente y al Senado de la República (el 02/05/17), objetando dichos nombramientos por que no observaron los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad y con ello “se privó a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos empresariales, a los colegios profesionales y a los ciudadanos en general de evaluar, opinar y cuestionar el perfil personal y profesional, no sólo de quienes fueron designados, sino de todos aquellos que contendieron a ocupar uno de esos cargos”.

¿Por qué es importante que el SNA cuente con un Fiscal autónomo al igual que los magistrados y agentes del ministerio público federal que formarán parte de este organismo? Porque que es fundamental que las acciones y decisiones de estos servidores públicos no estén maniatadas a los intereses de los altos funcionarios que pudieran estar involucrados en redes de corrupción;  porque es la única forma de generar contrapesos que contrarresten los abusos de poder y limiten la impunidad que prevalece en el país. Además, es la única manera de garantizar imparcialidad en las investigaciones de los actos de corrupción y el establecimiento de sanciones.

Para dimensionar la relevancia de la autonomía del Fiscal Anticorrupción, pensemos qué habría sucedido si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, impone como Fiscal del Sistema Estatal Anticorrupción a Francisco Portilla Bonilla, como de hecho lo intentó, pero fue rechazado por el Congreso de esa entidad. De haberse concretado este nombramiento seguramente Duarte no estaría encarcelado en estos momentos en Guatemala, ni sometido a juicios por actos de corrupción.

El SNA está en riesgo de claudicar en el combate efectivo a la corrupción si su autonomía se ve socavada por los intereses partidistas y del gobierno, a no ser que los ciudadanos organizados lo impidan por medio de la movilización y la manifestación política en todos los espacios a su alcance, incluido los procesos electorales en puerta.

 

[1] Académico del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.

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Información para abatir las desigualdades.

Por José Bautista Farías, ccadémico del CIFS ITESO

Del 28 al 30 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la Semana Nacional de Transparencia, convocada por el INAI que tuvo como tema central a la información pública para combatir la desigualdad, con el objetivo de “identificar la información pública que existe y que falta para fortalecer e implementar acciones para combatir la desigualdad económica y social”. El tema se analizó a través de paneles, conferencias y talleres en tópicos como: el hambre, salud, educación, género, jóvenes, democracia, transparencia, entre otros.

Según Gerardo Esquivel Hernández en México la renta y el capital se encuentra concentrada de manera tal que pocas personas se han beneficiado del poco crecimiento de la economía mexicana en las últimas dos décadas. “Así, mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco”[2]. Esquivel señala que es preocupante la excesiva e indebida influencia de los poderes económicos y privados en la política pública y en la obstrucción del ejercicio de los derechos ciudadanos, afectando con ello a los más pobres.

¿Por qué la información es un factor clave para el combate a la desigualdad?; ¿es suficiente la información para afrontar un mal sistémico como lo es la desigualdad? La información es fundamental para el conocimiento de las problemáticas asociadas a las desigualdades y la valoración de las alternativas para su combate efectivo, por lo que constituye una pieza central para la toma de decisiones de política pública. Sin información de calidad no es posible diseñar acciones estratégicas desde la esfera gubernamental o social para abatir las desigualdades. Esto nos enfrenta al reto de cómo generar la información que sea significativa para el conocimiento de problemáticas complejas y la construcción de soluciones viables. En otras palabras, no es posible diseñar políticas de igualdad de género si desconocemos las múltiples formas de exclusión, agresión y discriminación que enfrentan cotidianamente las mujeres en nuestro país.

Ahora bien, la información por sí sola no genera acciones proactivas para erradicar las desigualdades, máxime si ésta es ocasionada por el propio sistema económico. Se requiere de la política y la formación cívica para realizar acciones colectivas y vigorosos movimientos socio-culturales que pongan en el centro del debate público el combate a la desigualdad y a la pobreza. Para Oxfam México es necesario modificar las reglas del juego económicas y políticas que benefician a unos cuantos, para conformar un pacto por la igualdad entre los actores políticos y sociales. ¿Qué actores se requiere para tal empresa? los partidos, el congreso, el gobierno, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades.

Para debatir sobre las desigualdades y los males asociados a ésta necesitamos de información, argumentos, dialogo, escucha, participación, apertura, consensos y disensos que activen la inteligencia colectiva por el bien de todos, en especial de los sectores más empobrecidos y excluidos del sistema. La clase política, y la propia sociedad civil, tiene una fuerte deuda con las mayorías de este país.

En términos generales, en la Semana Nacional de Transparencia se destacaron los siguientes aspectos: i) existe basta información sobre las condiciones sociales del país generadas por las dependencias públicas; ii) esta información no es accesible a la mayoría de la población; iii) con frecuencia la información es incompleta; iv) existe opacidad en materia fiscal; v) hay resistencia a la transparencia en la exención de impuestos; vi) la transparencia es un componente central de la democracia.

Según el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016 de la UNESCO, la desigualdad puede poner en peligro la sostenibilidad de las economías, sociedades y comunidades. Por ello, las desigualdades se deben enfrentar no sólo desde el ángulo de la disparidad de los ingresos y riqueza, sino desde los ámbitos políticos, sociales, culturales, ambientales, territoriales y cognitivos[3]. Es pues una tarea compleja que implica a múltiples actores. El gobierno, la clase política y los que se benefician de las desigualdades del sistema difícilmente tomarán la iniciativa de combatir en serio esta situación; por lo que toca a las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos independientes, universidades y a las mayorías empobrecidas de este país, asumir un rol proactivo para colocar este tema en la agenda pública. Urge hacerlo, ya vamos tarde.

[2] Ver: Esquivel Hernández, Gerardo, “Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político”. Oxfam, México, p. 5, disponible en: http://www.oxfammexico.org/desigualdad-extrema-en-mexico-concentracion-del-poder-economico-y-politico/#.V_0Jo8nO8Sk

[3] Ver: “Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales 2016”. Afrontar el reto de las desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo”. Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Instituto de Estudios del Desarrollo (IED), disponible en: http://www.worldsocialscience.org/

 

 

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La universidad, un espacio para sumarte al cambio

Por: Graciela Larios

El involucramiento de las personas en temas o problemáticas sociales más que una labor solidaria es responsabilidad de todos. Es de gran importancia que en las universidades se implementen o se realicen campañas con mayor impacto en la población estudiantil para la participación en dichos temas sociales. Tanto para el crecimiento y enriquecimiento personal como para crear un tejido social más sólido.

En el Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) se han creado PAP para que los alumnos tengan un acercamiento y trabajen en proyectos de conflictos sociales, este semestre se abrieron cuatros a los que sólo se inscribieron 34 chicos y chicas. Diferentes miembros del CIFS creen transcendental mayor colaboración por parte de los jóvenes en voluntariados y PAP para ayudar a reforzar proyectos en beneficio de la sociedad dentro y fuera del ITESO.

Alondra Barba del Programa de Educación Indígena Intercultural, menciona que los alumnos no deberían de abandonar los conocimientos en el aula, casi siempre enfocados a los conflictos, sino aterrizarl todo lo aprendido en las problemáticas que se presentan. “Es muy difícil romper la burbuja en la que vivimos, pero afortunadamente existen jóvenes quienes colaboran y esas experiencias los han transformado a nivel personal”comenta Barba. El alejamiento a otras realidades nos imposibilita  percibilirlas y en consecuencia nuestra acción es casi nula.

“El ITESO se ha caracterizado por tener un sello humanista de dar y servir al otro” dijo Laura  Velázquez, del Programa de Ecología Política, porque una de las principales responsabilidades de los académicos es propiciar las condiciones a los muchachos y muchachas para que reconozcan un contexto socio-político. No es fácil, hay quienes ven el problema y se llegan a frustar por la complejidad de éste, Velázquez sugiere un acompañamiento en todo el proceso del alumno para hacerle ver que su granito de arena es significativo para el cambio.

“Yo estoy dispuesta a poner toneladas de arena”  afirma Alejandra Godoy, ex alumna PAP y actual integrante del Voluntariado de Migración del Centro Universitario Ignaciano (CUI). La familia de Alejandra es migrante y se dio cuenta que los migrantes viven una serie de peligros en su trayecto hacia la frontera, eso la impulsó a unirse al PAP de Migración en la frontera México. “El país pide a gritos la ayuda de gente joven con ideas, anhelos, sueños y pasiones, porque no sólo ayudas al prójimo, te estas ayudando” asegura ella.

Por su parte Iliana Martínez, integrante  del Programa de Migración en el CIFS, comenta que no sólo se trata de ayudar al migrante o al indígena, sino cuáles son las intervenciones que hago por lo problemas locales que me afectan directamente.

Martínez plantea que es necesario provocar más espacios de reflexión e hizo referencia al paro activo en el ITESO, surgido por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en él los alumnos y alumnas compartieron experiencias propias relacionadas con las dificultades por las que atraviesa México. Al vislumbrarlas y coincidir en las mismas situaciones se dieron cuenta que no es cuestión de unos pocos los afectados, es colectivo y se debe de contribuir de la misma forma.

La participación es de todos en bien de todos. Si tú quieres integrarte en los PAP del CIFS o en otras actividades visita nuestras páginas.

 

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“El remedio y el trapito” para avanzar en la rendición de cuentas

Por: José Bautista Farías, Académico Investigador del CIFS-ITESO

La Red de Rendición de Cuentas (RRC) elaboró un “Programa Especial de Rendición de Cuentas (PERC) del Gobierno Federal 2014-2018” (disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/PERC/) que contiene propuestas de objetivos, líneas de acción e indicadores para que el Ejecutivo Federal las lleve a cabo. En su elaboración participaron 75 instituciones académicas, públicas y organizaciones sociales que forman parte de dicha red.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que en la “Administración Pública del país existen diversos factores que inciden negativamente en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Esto incluye deficiencias en materia de documentación y archivos, así como problemáticas relacionadas con la asignación presupuestal y su vinculación con mecanismos de evaluación. La diversidad de criterios y la fragmentación institucional no logran generar resultados comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas”. En síntesis, en rendición de cuentas andamos mal y en combate a la corrupción peor.

En el diagnóstico que presenta la RRC en programa citado, se apunta que los mexicanos hemos avanzado en la institucionalización de los valores de la democracia en los procesos político-electorales, pero no hemos conseguido democratizar el ejercicio de la autoridad pública. Se destaca la ausencia de una política integral, coherente y completa para que los gobernantes informen, expliquen y justifiquen cómo usan los dineros públicos, cómo toman decisiones, cómo responden ante los errores o fallas de las políticas y programas de cuyo diseño, implementación y gestión son responsables. Se señala que la eficacia del gobierno en el logro de objetivos con apego a la legalidad y responsabilidad financiera sigue siendo muy cuestionable. Se apunta que prevalecen importantes problemas de simulación, asimetrías en los criterios empleados por las instituciones gubernamentales para determinar qué documentos deben considerarse públicos, y existen fuertes resistencias a la apertura informativa en varios sectores. Se dice que los esquemas de asignación presupuestal siguen descansando en la inercia y en la opacidad, basados en la discrecionalidad y el cálculo político.

Las propuesta del PERC gira en torno a siete ejes: i) un sistema de rendición de cuentas integral, coherente y articulado que justifique las decisiones de política tomadas e identifique a los responsables de su implementación; ii) un sistema de gestión de archivos ordenado; iii) mecanismos que aseguren el derecho de acceso a la información pública bajo principios de máxima publicidad y disponibilidad; iv)  la asignación y ejercicio presupuestal consistente, integral, transparente, orientado a resultados; v) un proceso de adquisiciones gubernamental eficiente, transparente y honesto, que los ciudadanos puedan conocer oportunamente; vi) un sistema de contabilidad armonizado y transparente, y vii) mecanismos eficaces de monitoreo y evaluación de objetivos oportunos.

Se plantean objetivos, líneas de acción e indicadores para cada uno de los ejes. En cada punto se aportan datos y argumentos que resaltan la problemática y necesidad del cambio a favor de buenas prácticas de rendición de cuentas. Por ejemplo, se apunta que actualmente el presupuesto público se entiende sólo como un instrumento del gobierno y no como una herramienta al servicio de los ciudadanos. A este respecto, el 53% de los países encuestados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el tema de procedimientos presupuestales, hace pública la metodología de sus proyecciones macroeconómicas y fiscales, en México se mantiene en la opacidad. La OCDE documentó que 50% de los países hacen revisiones de fiscalización independientes, en México esto aún no sucede. Por si fuera poco, en nuestro país una vez aprobado el presupuesto, éste sufre modificaciones durante su ejecución sin haber sido aprobadas por el Poder Legislativo, ni suficientemente explicadas a la sociedad, ni justificadas cabalmente.

Otros problemas importantes se relacionan con los llamados gastos extrapresupuestarios que, en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia, suelen usarse en México (los llamados ingresos por excedentes en los precios del petróleo). Tenemos también que la Cuenta Pública auditada de cualquier año fiscal está disponible 14 meses después, cuando la OCDE recomienda que para promover la transparencia presupuestaria debería estarlo por lo menos en 6 meses después del final del año fiscal. A este respecto, el 92% de los países encuestados por esta organización sobre este tema, disponen de una cuenta pública auditada en menor tiempo que en nuestro país.

El Programa Especial de Rendición de Cuentas 2014-2018, plantea su implementación en dos fases: a) una de “Construcción de Condiciones de Rendición de Cuentas”, del 2014 al 2015, y b) otra de “Consolidación de Buenas Prácticas de Rendición de Cuentas”, del 2016 al 2018. También propone un mecanismo de seguimiento a través de una plataforma electrónica sencilla, accesible a los ciudadanos, que permita consultar en tiempo real la información generada, así como también verificar el cumplimiento de los indicadores por parte de las instituciones federales con apoyo de las organizaciones civiles especializadas en la materia e instituciones de educación superior, a través de “Comités de gestión y seguimiento”, integrados por representantes del Gobierno Federal, el Poder Legislativo, la academia y las organizaciones de la sociedad civil.

En síntesis, la RRC le está entregando al gobierno de Enrique Peña Nieto “el remedio y el trapito” para avanzar en la rendición de cuentas– que se señala como el talón de Aquiles de esta administración–. ¿Aceptará el reto el Ejecutivo Federal de su posible implementación? ¿Intentará el Gobierno Federal al menos establecer canales de diálogo para analizar y enriquecer esta propuesta? Sería deseable que esto ocurriera y más aún, que los ciudadanos lo exigiéramos por el bien de México.

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Mezcala, el espejo enterrado

Por: Juan S. Larrosa-Fuentes

En días pasados, la comunidad indígena de Mezcala se enteró que, luego de quince años de litigios, una resolución del Tribunal Agrario les devolvió un pedazo de tierra de diez hectáreas, las cuales han sido ocupadas ilegalmente por el empresario Guillermo Moreno Ibarra. Estas tierras están ubicadas en la isla de Mezcala, dentro del lago de Chapala, y han pertenecido desde hace muchos años a la comunidad coca. (Algo así como antes de que México fuera México.) El 18 de septiembre se emitió esta resolución jurídica y diez días después, en el buscador de noticias de Google solamente aparecía una columna periodística relacionada con el tema (“Los de Abajo” de Gloria Muñoz Ramírez). Por otros medios encontré sendos artículos de opinión de Miguel Bazdresch y Augusto Chacón, y una nota informativa en el portal desinformemons.org. En el fondo de las buenas noticias para la comunidad coca, vuelve a aparecer un espejo que está escondido en el cajón de la historia, y que tanto nos disgusta a los mexicanos. Es el espejo del racismo y la discriminación.

Para desempacar algunos de los significados de esta noticia y para iluminar algunas de sus caras ocultas, vale la pena pensar en una historia ficticia y poco probable en nuestra sociedad. Imagina que un día llegas a tu casa y la encuentras modificada. Tu casa está ubicada en una de las colonias más ricas de la ciudad. Ante tu sorpresa, la casa tiene nuevas ventanas y la fachada está pintada de otro color. Cuando intentas abrir la puerta, te percatas que tus llaves ya no funcionan porque instalaron nuevas cerraduras. Entonces tocas a la puerta. Después de unos momentos aparece un señor que te resulta completamente desconocido y te comunica que él es el nuevo dueño de la casa. Si realmente tú eres tú, es decir, un ciudadano que habita en uno de los fraccionamientos más ricos de la ciudad, bastará con que llames a la policía para desalojar a los intrusos. Y si el usurpador se atrinchera en tu casa, al día siguiente la prensa publicará la historia a ocho columnas, pues resultará completamente anómala esta situación y por puesto, digna de interés periodístico. La situación anterior es ficticia y difícilmente podremos encontrar una que se le parezca en la realidad. La propiedad privada de las clases sociales medias y altas tiene un mejor resguardo legal y práctico, que la de otros sectores de la población. A nadie le pasa por la cabeza llegar como paracaidista a una casa de Colinas de San Javier a alguna finca de Ajijic. Y en caso de que ese paracaidista realmente se animara a llevar a cabo su tarea, basta con que los dueños llamen a una patrulla para que se lleven al intruso. Esa llamada de auxilio tendrá un efecto inmediato y no tardará, como en el caso de la comunidad coca, quince años en surtir efecto.

En el caso de la visibilidad del caso a través de los medios de comunicación, el mecanismo tiene una lógica de operación muy similar. La sociología de la producción de noticias ofrece un concepto llamado “valor noticioso”. Este concepto, entre otras cosas, explica cómo es que editores y reporteros seleccionan qué acontecimientos son noticiables y cuáles no. En el caso que nos ocupa es evidente que un valor noticioso que opera para decidir si la restitución de una tierra es noticia o no, refiere a quién es el protagonista de la historia. No es lo mismo que el protagonista de la nota sea el líder de la COPARMEX, un presidente municipal o una comunidad indígena.

La presencia del tema y personajes indígenas en los medios de comunicación mexicanos es escasa e inequitativa. Ejemplos para documentar esta afirmación hay muchos. Hace apenas unas semanas, en agosto, llegó una marcha de comunidades wixárikas a Guadalajara para exigir la restitución de una tierras, en un caso similar al de Mezcala. La cobertura informativa también fue escasa, pues apenas unos cuantos medios retomaron el tema. El caso del EZLN es paradigmático, pues logró romper esta barrera a través de la construcción un personaje como Marcos, quien logró convertirse en un elemento atractivo para las redacciones periodísticas. Sin embargo, la triste ironía de esta botarga, como él mismo se autodenominó, es que Marcos fue interpretado por un hombre mestizo. Luego de veinte años, los zapatistas reconocieron la utilidad de un dispositivo mediático como Marcos, pero también lo artificial que por momentos resultó el efecto de esta estrategia, pues para los medios a veces era más importante, por ejemplo, la salud de la botarga, que la del movimiento zapatista. Pero hay muchos otros temas indígenas importantes en el país y que son reportados de una manera exigua, como otros despojos a asentamientos indígenas en los casos de Michoacán o Sonora, tan solo por nombrar a algunos.

Por otro lado, la imagen y la figura del indígena en los medios de comunicación cobra otro papel cuando se trata de hablar del pasado histórico y de la cultura como folklor. En esos contextos se les describe como un colectivo, y ahí, la presencia indígena ocurre con frecuencia y no es problemática. Los periódicos o video documentales que trabajan sobre temas de cultura o turismo, suelen de escribir acerca de los indígenas y sus costumbres. Resulta muy atractivo hablar de ellos como portadores de la historia mexicana, pero eliminando cualquier referencia a contradicciones políticas. Por ejemplo, El Informador recientemente publicó un reportaje sobre la isla de Mezcala en donde se presenta el lugar como un idílico espacio que nostálgicamente vive su pasado indígena. Se describe a los cocas como indígenas pescadores y artesanos textiles. El autor invita a los paseantes a visitar el pasado de la isla, pero omite hablar de su presente y sobre sus luchas políticas. Esta naturalización histórica, como se demuestra una y otra vez, despolitiza el presente.

La resolución jurídica que favorece a la comunidad coca de Mezcala es una muy buena noticia, especialmente dentro de un sistema de justicia tan deficiente como el mexicano. La resolución nos recuerda que lejos estamos de vivir en un país en donde la discriminación y el racismo esté eliminado. México es un país que gusta de ver a los a los indígenas como parte de su memoria histórica, pero le incomoda ver a estas comunidades en el tiempo presente.

Mezcala es parte de ese espejo de la discriminación que los mexicanos enterramos una y otra vez en nuestra memoria. Esta operación, la del entierro del espejo, es completamente imaginaria, porque Mezcala existe en el presente.

Este artículo fue publicado el 29 de septiembre de 2014 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

Para más información sobre el caso de la isla de Mezcala, recomiendo leer el siguiente artículo de Vicente Paredes Perales y Rocío Moreno, titulado Mezcala: la isla indómita.

 

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Proponen soluciones para mejorar la gestión del agua

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Texto y foto: Alejandro Tiscareño De Alba

[15.sep.2014] Algunos participantes del Diálogo de Frente No. 1, enfocado en el tema del Agua y convocado por la iniciativa Tómala, se reunieron el jueves 11 de septiembre a las 11:30 horas en Casa Cem para exponer al público las conclusiones de las ideas que surgieron en la discusión.

Para abarcar toda la información las conclusiones se expusieron en 5 bloques: el modelo de gestión deficitario, la paradigma orientado a la demanda, la mercantilización del acceso al agua, la ausencia de gobernanza democrática y la limitada información para la planeación.

Cada tema fue expuesto por un ponente diferente, entre ellos José Bautista, del Programa de Empoderamiento y Conflictividad del CIFS, quien habló de la lógica de mercantilización actual del agua y mencionó que actualmente ese paradigma no arroja los objetivos esperados.

Romina Martínez Velarde, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), quien inició con las conclusiones, mencionó que los proyectos que afectan el medio ambiente necesitan un sistema integral para la toma de decisiones, ya que estos suelen hacerse al revés. Es decir, cuando hay una propuesta, se buscan evidencias sencillas para justificarlo y al final se consulta a las personas si están de acuerdo, muchas veces sin brindar información clara y sin incluir una participación real de la ciudadanía.

Hector Castañón quien coordinó el diálogo, invitó a Pedro Arrojo a que compartiera su visión como extranjero y experto en la gestión del agua al respecto de las conclusiones expuestas aquel día.

El Dr. Arrojo habló de hacer cambios en la concepción de lo público, dejar a un lado la mitificación de que es algo oscuro y corrupto, porque dijo que la solución está en democratizar y hacer transparente la función pública. Con esto enfatizó que la privatización no es la solución, porque si el derecho al agua se convierte a un sistema de mercado, vuelve a los ciudadanos en clientes y  excluye a los que no tienen recursos para obtenerlo.

Recalcó una alternativa ante la crisis global del agua: “un cambio en contra del paradigma de la dominación de la naturaleza para nuestro beneficio inmediato. Esto nos lleva a transformar la cultura de discriminar, maltratar y golpear el medio ambiente, de manera que empecemos a entender a los ríos como ecosistemas de vida de los que dependen todos los seres vivos y que un bosque no es un almacén de madera”.

Pedro Arrojo finalizó con el tema de la democracia. Concluyó con el reto de profundizar en la democratización de  la transparencia y la real participación en cuestiones significativas, con nuevo modelo de gestión pública participativa y proactiva.

*Toda la información que surgió está disponible en la siguiente liga: http://tomala.mx/reportaje-completo-dialogo01/

Nota relacionada: http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/548354/6/tomala-concluye-que-se-tiene-un-modelo-de-agua-deficitario.htm

 

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Se solicitan alimentos para campamentos de 600 indígenas Wirraritari

Por: Carlos Peralta

El día de hoy, 20 de agosto, llegarán a la ciudad 600 indígenas Wirraritari que ya se encuentran en la Glorieta de la Normal y a las 9 de la mañana marcharán a la plaza de armas. Vienen a exigir que se ejecute  la resolución de una serie de sentencias agrarias que han ganado paulatinamente en los tribunales desde el año 2002 y que les otorgan la restitución de diez mil hectáreas de su territorio. Es decir, ganaron los juicios pero no se ha hecho efectiva la restitución. Pasan los años y las tierras continúan en manos de ganaderos y latifundistas. Vienen entonces a pedir la acción del gobierno para hacer cumplir las sentencias, y esto porque, como suele suceder, sus peticiones han sido ignorados.

Por este motivo, además de la marcha instalarán dos campamentos, uno frente al Tribunal Agrario (en la Calle Guadalupe Zuno) y otro ante la Secretaría de Reforma Agraria, situación complicada porque cerrarán con el campamento la lateral de la avenida Alcalde (entre la normal y tránsito). En principio buscan generar una respuesta rápida de las autoridades y aunque no tienen lonas o carpas, ya consiguieron comida como para dos días pero en la medida que no tienen seguridad de cuánto tiempo durarán en los campamentos, seguramente requerirán de más apoyos porque tienen pensado que no regresarán a sus tierras hasta tener respuestas claras y por escrito a sus demandas de justicia.

Para apoyar esta movilización lo primero que se requiere es agua y comida en grandes cantidades (frijol, arroz, aceite, azúcar, jitomates, cebolla, chiles), además se requiere papel higiénico  jabón para lavar trastes y jabón corporal. La comida puede llevarse directamente a los campamentos ya que tendrán comisiones de acopio o en su caso podremos ponernos de acuerdo para llevarla.

Por otro lado se requiere estar al pendiente, es evidente que cabe la posibilidad de que sean reprimidos y que se requiera de algún tipo de acción para su defensa y tal vez algunos pronunciamientos públicos. En cualquier caso lo primero será estar atentos.

Más información: cperalta@iteso.mx

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Una perspectiva del desarrollo de programas de empoderamiento en mujeres

Por Selene De la Cerda Lobato y Estefanía Sánchez López

Si es un conflicto dual, esto te causa efectos en lo emocional, en lo físico y en la relación. Pero cuando logras cumplir una meta después de tanto esfuerzo supe identificarme como persona y mujer antes que mamá y esposa. Duele, es una metamorfosis, es un cambio completo pero lo vale, vale la pena. (Informante 12, Octubre del 2013)

El Centro Productivo Empresarial Comunitario (CPEC), parte de la lógica de concebir el empoderamiento de las mujeres como factor clave para el cambio estructural en la dinámica familiar y por consecuencia, como componente principal para la disminución de los factores de vulnerabilidad en las poblaciones atendidas.

El Sistema de Desarrollo Integral Familiar (DIF), con el apoyo de U de G virtual y de la Secretaría de Promoción Económica de Zapopan (PROEZ) se dieron a la tarea de crear el CPEC, el cual tuvo inicio en la colonia Vista Hermosa en el 2011[1], entonces como el proyecto CPEM (Centro Productivo Empresarial para la Mujer). Dicha zona, conocida por ser una colonia marginada del municipio de Zapopan, se caracteriza por tener un importante número de habitantes  que deben salir a otros lugares de la ZMG para laborar, así mismo, en la colonia y sus alrededores, existe un alto índice de pobreza, pandillerismo y violencia, entre muchos otros factores, que la convierten en un lugar vulnerable de la ciudad.

La investigación llevada a cabo tuvo como objetivo principal, el identificar los factores psicológicos, psicosociales y sociológicos que están involucrados en la deserción de las participantes del programa de mejora productiva.

Para cumplir con la petición expuesta por el DIF se realizó un análisis del contenido de los discursos de los actores que conforman el programa CPEC (usuarias, maestros y directivos). Así mismo se trabajó en la categorización de la información lo que tuvo como resultado tres grandes bloques: 1) Recursos del programa, 2) Incitación a la asistencia del programa y 3) El proceso que se lleva durante el programa. Cada una de estas vertientes desglosa los diferentes factores[2], que son causa de la deserción en distintos momentos del proceso de las mujeres, los cuales en su mayoría pueden ser resueltos con cambios factibles en la estructura del programa y mejor aún, pueden evitarse si se cuenta con una perspectiva amplia de la población atendida, su contexto y su condición.

A partir de la investigación realizada se plantea un análisis crítico que propone distintos factores involucrados en el éxito de los programas sociales, principalmente la importancia de estructurar dichos programas con base a las especificidades de la población atendida.

Es importante señalar que todo programa tiene un tiempo de duración que se encuentra condicionado a la administración que lo atiende, por lo que, en la gran mayoría de los casos, la temporalidad de los programas depende del gobierno que se encuentra activo, siendo este mismo el único que cuenta con la información que sustenta y da funcionamiento a los programas en práctica. Por lo anterior, existe el riesgo de una ruptura en la continuidad del programa cuando este se enfrenta a un cambio de administración, hecho que provoca un deterioro en la estructuración y ejecución pues la información que sostiene el programa se pierde, entorpeciendo el funcionamiento del mismo.

Así mismo nos encontramos frente a la realidad de que los programas sociales, implementados en instancias gubernamentales, se ven obstaculizados en su camino al éxito debido a que parten desde la visión de las instituciones y son estructurados de manera homogénea, por lo que al  momento de su aplicación en distintos escenarios, no se prevén las características específicas de cada población y por lo tanto son poco considerados los factores específicos que pudieran motivar o desanimar a los participantes dentro del programa. Es decir, se identifica desde la presente investigación que el éxito de un programa está directamente relacionado a la consideración de la realidad subjetiva de la población, tales como: contexto social, estrato socioeconómico, posicionamiento geográfico, historia del lugar o como principalmente se aprecia en este caso: el género.

Por lo anterior, se puede afirmar que la fuerza de los roles atribuidos al género femenino juegan un papel fundamental en la frecuente participación a los programas productivos. Gran índice de los factores involucrados en la deserción de las participantes están relacionados a los “deberes” como mujer, tales como: ser madre, cuidadora, administradora del hogar, esposa, etc.  Aunado a esto,  no sólo se identifican factores que se presentan a nivel doméstico, sino que culturalmente el “fallar” a estos roles tiene una connotación negativa en la identidad de la persona. A su vez, en este caso, al tratarse de un programa cuyo objetivo es formar una microempresa, representa un reto aún mayor para las mujeres, ya que regularmente implica vencer parámetros que usualmente no están asignados al rol femenino, como: ser el sustento económico del hogar, o apoyar de manera significativa a esta , dirigir una empresa e incluso “hacer negocios”.

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[1] Actualmente se ha abierto el programa en el centro DIF de la colonia Venta del Astillero y se tiene planeado abrirlo en la colonia Santa Margarita.

[2]Los resultados obtenidos del análisis realizado se pueden revisar en el documento adjunto.

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Nada nuevo, pero es importante en derechos humanos

Comentario a Medios, 6 de Agosto del 2014

Dr. Carlos A. Peralta Varela

La semana pasada (el 1 de agosto), estuvo en Jalisco el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente De La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Acudió a la inauguración de la jornada regional “sobre justicia penal y derechos humanos”, evento en el cual también estuvieron presentes: Nuestro gobernador, el Maestro Aristóteles Sandoval Díaz; la diputada Norma Angélica Cordero Prado, actual Presidenta del Congreso de Jalisco; y el Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; entre otras varias personalidades. Es decir fue un evento que se consideró lo suficientemente importante como para incluirse en sus agendas.

Debe reconocerse el interés por destacar actividades públicas en torno a estos dos grandes asuntos (justicia penal y derechos humanos), que en ocasiones se han visto desligados, pero que en la actualidad y sobre todo a partir de la reforma constitucional, deben identificarse como simbióticos. No sabemos cuáles fueron los resultados de este encuentro pero sí identificamos que se partió de un diagnóstico realista y que da cuenta de nuestra aun triste realidad.

Por un lado se evidenció la necesidad de reforzar la educación en torno a los derechos humanos, para todos, funcionarios y ciudadano. Es fundamental conocerlos, ser conscientes de ellos y sobre todo que actuemos en coherencia. Al respecto el Dr. Plascencia mencionó: “La finalidad es que exista una mayor consciencia colectiva sobre los derechos humanos. Que cada mexicano haga suyos estos derechos para convertirlos en la piedra angular que permita construir un país con una sólida cohesión social”, “un pleno reconocimiento de que la educación constituye un papel clave a fin de hacer que la dignidad humana se instale como un referente ético que sustituya a aquellos paradigmas que sólo la reducen a la formalidad de un simple estatuto legal”. Lo dicho no es nuevo, pero es cierto, muchas personas desconocen sus derechos y peor aún, no se consideran como sujetos merecedores de derechos que pueden luchas por su cumplimiento. Tampoco existe una plena consciencia colectiva sobre la relevancia de los derechos en la interacción social y aun falta para que éstos se conviertan en un referente ético.

El párrafo tercero del Artículo 1, de nuestra Constitución, menciona literalmente: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Para hacer realidad estas líneas se requeriría que todos los servidores públicos conocieran cabalmente los derechos humanos, asumieran su importancia y mostraran voluntad política y ética para garantizarlos.

Por otro lado, también se habló en este encuentro sobre la impartición de la justicia. Nuevamente, si bien no se mencionó algo novedoso, lo dicho resulta relevante en la medida que se reconoció que aún es vigente el añejo reclamo por una adecuado y eficiente sistema de justicia, ya “que sólo podrá satisfacerse mediante una implementación efectiva del marco jurídico, el cual presenta importantes avances, pero aún no es capaz de superar los problemas existentes en las aéreas de procuración e impartición de justicia”. Se agregó “se requiere de una efectiva cultura de la legalidad, de que los servidores públicos y los particulares, deben actuar con estricto apego a la ley”.

Sabemos que la justicia en Jalisco no es pronta ni expedita. Que solamente uno o dos de los delincuentes que cometen un delito llegan a ser sentenciados. Que un porcentaje importante de los presos son personas de escasos recursos. Que las condiciones carcelarias (sobre todo en ámbitos municipales) dejan mucho que desear. Que Jalisco está muy atrasado (en relación a los demás estados de la república) en la implementación de sistemas de justicia alternativa. Se requiere sí, un estricto apego a la legalidad, pero sobre todo urge ya implementar cambios de fondo en los sistemas de procuración y administración de justicia.

La adecuada aplicación de los juicios orales pude mejorar la vigencia de los derechos humanos relativos a la impartición de justicia, pero su implementación requiere de voluntad y acciones. Desde esta perspectiva podemos preguntarnos ¿qué falta en Jalisco para poderlos implementar?

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Donde hay opresión, hay resistencia

Por: Alejandra Sandoval Godoy

Voces de fuego. La prensa guerrillera en Jalisco es el segundo tomo de la colección Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco, donde Juan Antonio Castañeda,  Jesús Zamora y Armando Rentería, ex integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre en Jalisco, comparten su experiencia de lucha en los años 70 por eliminar la represión que existía en la Universidad de Guadalajara y en el país, el cual era gobernado por Gustavo Díaz Ordaz.

 “Voces de fuego es la lucha por romper los diques del olvido” – Juan Antonio Castañeda

 Una de las brigadas estudiantiles, llamada Unión del Pueblo, tenían como objetivo generar dispositivos comunicativos de prensa, que les permitiera abrir el discurso para que las masas los siguieran, guiándose principalmente por ideologías Marxistas.

Sin embargo, parece que estas brigadas estaban formadas únicamente por estudiantes de universidades públicas, pero por sorpresa, dos estudiantes de administración del ITESO, resultaron ser parte de estas brigadas, en donde callaron sus voces con tortura y violencia.

¿Cómo fue posible esto? ¿Qué tan grande era la represión y poder del gobierno?

 En 1892, la empresa San Rafael, se constituyó como líder en el ramo de la creación de papel en forma artesanal. Esta empresa monopolizaba el papel, sin embargo, comenzó a imponer precios bastante altos, lo cual ocasionó que “El Universal” creara campañas en contra de la empresa, ya que los editores no estaban de acuerdo en pagar dicha cantidad por el papel, para hacer sus publicaciones diarias.

Estas campañas incluyeron la exigencia al gobierno de Lázaro Cárdenas,  de importación de papel a bajo precio, lo cual, obligó a Lázaro Cárdenas a fundar PIPSA (Productora e Importadora de Papel S, A.), la cual era manejada únicamente por el gobierno.

Esta empresa era la única que podía importar papel y solo esta podía tener la distribución y producción del papel, lo cual se convirtió en un monopolio, otra vez.

 “En esos tiempos era peligroso escribir, imprimir y editar con un enfoque diferente. PIPSA robaba el papel” – Armando Rentería

 Durante su distribución dentro del país, corrían rumores acerca de que, si tu periódico no estaba de lado del gobierno, probablemente no suministrarían papel para tu periódico, pero después de escuchar las palabras de Armando Rentería, supuse que no eran rumores, era la realidad que el país vivía y no entiendo cómo es que hasta la fecha, este tema no sale a la luz tan fácilmente.

Este monopolio dio beneficio a los políticos por simple hecho de poder tener controlado a un medio de comunicación sumamente importante, y al tener un medio de comunicación masivo controlado, es más sencillo tener controlados a los ciudadanos ¿no?, era una manera inteligente y silenciosa de manipular la información por debajo del agua.

 El 16 de octubre de 1990 se anunció la apertura del mercado de la compra del papel para los periódicos, lo que se consideró el fin del monopolio de 54 años de PIPSA.

(Zacarías, 1996: 81)

 Voces de fuego. La prensa guerrillera en Jalisco busca mantener vivo el recuerdo de aquellas voces con ideales y esperanzas que luchaban por informar a los ciudadanos, y que a base de torturas, asesinatos y cárcel, intentaron callar esas Voces de fuego.

Mi obligación como estudiante de Ciencias de la Comunicación, es exigir el derecho a la información para los ciudadanos y para mí, debo exigir al gobierno que respete nuestra libertad de expresión, pero necesito que todos levanten la voz conmigo.

Debemos recordar que el gobierno debe temerle al pueblo, no el pueblo al gobierno y para lograr esto, debemos estar informados. Un pueblo informado es poderoso. ¡Infórmate!

Fuente: Zacarías, A. El papel del papel de PIPSA en los medios de comunicación mexicanos. 1996. (págs. 73-87)

Puedes ver una cápsula de la presentación del libro en el ITESO, en esta liga.

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