Plumas explican

La ratificación de mandato, ¿un paso para transformar la relación entre gobernantes y gobernados?

Mtro. Felipe Alatorre Rodríguez[1].

¿Evaluó usted la labor de su Alcalde el domingo 27 de agosto pasado? ¿Cómo calificó su desempeño? ¿Le renovó el contrato o le dio las gracias? Si su respuesta a la primera pregunta fue afirmativa, lo felicito. Usted es una de las más de 225 mil personas que decidieron hacer uso de este nuevo derecho ciudadano. Si su decisión fue no participar ya sea porque la figura de ratificación no le convence, o porque no está de acuerdo en la manera como ésta se puso en práctica, también merece mi felicitación. ¿Por qué es posible felicitar por igual a ambas posturas? ¿No encierra esto una contradicción? Tal vez las siguientes reflexiones –hechas desde alguien que fue parte del equipo responsable del desarrollo del ejercicio de la ratificación en Zapopan– ayuden a clarificar esta aparente incompatibilidad, así como identificar los aportes de la experiencia que recién vivimos en 25 municipios de Jalisco.

La ratificación de mandato es un mecanismo que hace posible que las y los ciudadanos ejerzan su derecho a evaluar la gestión de su presidente municipal, la que –en caso de resultar negativa– podría llevar –no obligar– a que el munícipe solicite licencia en su cargo. Es un instrumento que, al ser obligatorio en algunos municipios, puede llevar a una corrección de rumbo casi a medio camino de la administración municipal.

Lo anterior es relevante dado que en México, y sólo en tiempos relativamente recientes, los procesos electorales han sido prácticamente la única vía para evaluar el desempeño de los gobernantes, y no en todos los casos. ¿Qué podemos decir de los cuatro estados de la república que hasta 2017 no han cambiado de partido en el poder desde 1929? ¿Su “no” a la alternancia política indica que sus ciudadanos le otorgan una alta calificación a sus gobiernos y por ello le han refrendado su apoyo a lo largo de casi noventa años? No faltará quien opine que sí y más de alguno afirmará que no. Lo que sí es evidente es el hecho de que la gran mayoría de estados en el país –algunos apenas en 2016– han optado por la alternancia en el poder y con ello los procesos electorales se han constituido en una vía para castigar o premiar a sus gobiernos estatales. Algo similar ocurre en el ámbito municipal desde fines de los años ochenta, y a partir del año 2000 en el plano federal. En general este conjunto de cambios –al menos en teoría– debería llevar a un mejor desempeño de éstos.

La pregunta obligada aquí es: ¿han sido suficientes los procesos electorales para lograr tener buenos gobiernos? Si nos atenemos a la creciente desigualdad, al incremento de la violencia social y el deterioro del medio ambiente, y a los datos que señalan un decremento en el apoyo de la población a la democracia en nuestro país (Latinobarómetro 2016), la respuesta es no. ¿Qué hacer frente a esto? En algunos estados, como Jalisco, las y los ciudadanos nos dimos cuenta –desde hace décadas, pero especialmente en las últimas del siglo pasado– que las elecciones no bastan para mejorar el desempeño gubernamental y que es necesario contar con mecanismos diferentes a los electorales, para intentar que las cosas cambien.

Aquí es donde nos conectamos con la ratificación de mandato. La inclusión de esta figura en los reglamentos de participación ciudadana de algunos municipios de Jalisco, derivado a su vez de procesos de alternancia en dichos ámbitos en años recientes, tiene como antecedente las innovaciones que se han dado en nuestro contexto y que, vía los mecanismos de la democracia directa y participativa, buscan subsanar algunas de las limitaciones de la democracia representativa (electoral). Así en 1998 se crea la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, misma que en 2016 sufre una reforma importante que lleva por una parte a cambios en Ias figuras de Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Popular, y por otra a la inclusión de nuevos instrumentos como el Gobierno Abierto, la Ratificación Constitucional, la Iniciativa Popular Municipal, el Presupuesto Participativo, la Consulta Popular, la Contraloría Social, el Cabildo Abierto, las Juntas Municipales, y la Revocación de Mandato.

Llegado a este punto vale la pena llamar la atención en dos asuntos: que la Ley de Participación Ciudadana[2] no incluye la Ratificación de Mandato, y que esta figura no es equiparable a la de Revocación de Mandato. Por limitaciones de espacio no es posible abundar aquí respecto de las diferencias. Sin embargo, sí vale la pena señalar un elemento que ambas figuras comparten y que es central en cuanto a avanzar en la transformación de la relación entre gobernantes y gobernados: la posibilidad de que la población evalúe lo realizado, o no, por el gobierno municipal durante su gestión, y no sólo al final, al momento de revisar si se cumplieron o no las promesas de campaña.

El poner en la balanza qué tanto la figura de la ratificación aporta o no al fortalecimiento de la capacidad de la población para evaluar a sus gobernantes, obliga a hacer referencia a las múltiples limitaciones que se evidenciaron con la puesta en práctica de esta figura, y que fueron señaladas por diversos actores. Las mismas pueden agruparse de la siguiente manera: la confusión en el significado del ejercicio; la autocalificación, la utilización del ejercicio para la autopromoción política; la fecha de su realización, la falta de información oportuna y deliberación ciudadana; la improvisación; la capacitación limitada y deficiente de los ciudadanos encargados de atender la consulta, la poca participación, etc.

Es tarea pendiente evaluar si se dieron o no, y en qué medida, cada uno de los cuestionamientos planteados en los diversos municipios en donde se realizó el ejercicio. Con todo y que es evidente la necesidad de hacer correcciones a la figura antes de que vuelva a ser puesta en práctica, vale la pena hacer alguna referencia a los aprendizajes que dejó la figura de la ratificación de mandato. Estos, desde mi perspectiva, no son menores, considerando los siguientes elementos: a) que los gobiernos municipales son los que tienen un mayor contacto con la población –dado que son los responsables de proveer diversos servicios, regular el uso de espacios y brindar seguridad en su ámbito territorial–; b) la creciente decepción respecto de la democracia; c) junto con lo anterior, el creciente alejamiento de las y los ciudadanos respecto de los asuntos públicos y el alto nivel de desconfianza que prevalece entre nosotros y que constituye un obstáculo importante para la organización de la sociedad (INE. 2015, Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México).

Llegado a este punto, conviene preguntarse ¿qué se ganó con la experiencia? ¿Por qué es posible felicitar tanto al que participó o no –a partir de definir su postura respecto de la figura– en el ejercicio de ratificación? Desde mi punto de vista, y a partir de la propia vivencia como integrante del Consejo Ciudadano de mi municipio, me permito plantear que el ejercicio valió la pena dados los elementos que enumero enseguida.

a) La puesta en práctica de la ratificación nos permitió conocer que nuestros representantes en el cabildo tienen atribuciones para reglamentar ciertas dimensiones de la vida municipal que no son las que reconocemos habitualmente y que pueden ser trascendentes para la vida del municipio, en específico en lo que concierne a la rendición social de cuentas.

b) De muy diversas maneras nos llevó a preguntarnos sobre el devenir del gobierno municipal y a buscar alguna información a partir de la cual emitir una opinión sobre su desempeño, lo que resulta en algún tipo de acercamiento e involucramiento en la “cosa pública” municipal. Esto es “arroja luz” sobre la gestión municipal.

c) Derivó en el análisis del mecanismo de evaluación que está contenido en la ratificación de mandato, sus alcances y limitaciones, lo que constituye un avance importante no sólo porque ahora sabemos que existe al menos una forma de hacer dicha tarea y que es central saber quién tiene la atribución de operarla.

d) Nos llevó a dialogar con otros y otras –a veces no de la mejor manera– no sólo respecto del desempeño del gobierno local, sino del mecanismo para realizar su evaluación y quién debiera operarlo.

e) Nos educó en términos de las diversas repercusiones que puede tener el uso del mecanismo en el plano electoral, ejercicio de recursos públicos, y eventual manipulación de grupos de población.

f) A la autoridad municipal le muestra las implicaciones económicas, logísticas y políticas de operar el mecanismo.

g) A partir de las limitaciones observada en el instrumento, nos obligó a imaginar mejores maneras de utilizarlo. Podemos seguir con la lista.

En síntesis, desde mi perspectiva ganamos como sociedad, ya que para muchos de nosotros y nosotras, hasta hace no muchas semanas, o meses, poco sabíamos de la posibilidad que tenemos de evaluar y ratificar a nuestros gobernantes, y que ello puede tener efectos positivos para mejorar la rendición de cuentas de los gobiernos. Sin duda, y con todas las limitaciones de una primera experiencia –entre ellas que no se dio una mayor participación de personas– es evidente que dimos un paso en la línea de ofrecer alternativas ciudadanas de valoración del gobierno, y de que en el futuro los ciudadanos sepamos que debemos ser considerados para la toma de decisiones importantes, que actualmente toman unilateralmente los gobernantes.

En otras palabras, el ejercicio sentó un precedente para que las disposiciones importantes –por ahora en el municipio- deban ser sometidas a ratificación por la población a la cual afectan, lo cual redunda en la calidad de la democracia. Tal vez coincidan en la apreciación de que valió la pena la experiencia, ya que nos empodera como ciudadanos, y nos muestra que existen maneras de que los gobiernos no se desentiendan de su obligación de tutelar los derechos ciudadanos y con ello hacer que en la sociedad se viva con mayor justicia y dignidad.

[1] Académico del Centro Interdisciplinario para la Formación y la Vinculación Social del ITESO.  Agradezco sobremanera los comentarios al presente texto del Dr. Miguel Bazdresch P., y del Mtro. Jose Bautista F.

[2] Hoy incorporada como Libro Quinto del Código Electoral y de Participación Social del estado de Jalisco

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El relator y el informe sobre el derecho humano al agua en México

Por: Dr. Carlos Peralta Varela

Entre el 2 y el 12 de mayo del presente estuvo de visita en México el Sr. Léo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. Su visita fue corta, pero y sobre todo, acotada. Académicos del ITESO lo invitamos a visitar Jalisco ya que existen graves problemas de contaminación en los ríos de la entidad, conflictos por el agua en diferentes regiones (entre ellas los altos de Jalisco) ligados en algunos casos a intereses por inversiones multimillonarias, como la presa El Zapotillo y el acueducto concesionado a la empresa Abengoa (que llevaría el agua del río Verde hasta la ciudad de León), y entre otros, graves problemas de salud relacionados con el saneamiento del agua en la ribera de Chapala, específicamente nos podemos referir a San Pedro Itzicán y la comunidad de Agua Caliente en donde viven centenares de personas con enfermedades renales. Fue lamentable enterarnos que vendría a nuestro país y que visitaría en forma oficial únicamente la Ciudad de México, Veracruz y Chiapas.

Por otro lado, un grupo amplio y muy relevante de organizaciones y redes de la sociedad civil, entre las cuales se encuentran (tan sólo por mencionar dos de ellas) la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, tuvo el acierto de elaborar el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, 2017 (Informe DHAyS)[1], mismo que lograron comentar y entregar al relator con la intención de ofrecerle un panorama más amplio y complejo sobre las diversas problemáticas relacionadas con el agua en nuestro país.

El Informe es relevante, implicó un esfuerzo de varios años para documentar distintas fórmulas en que el Estado mexicano viola el derecho humano al agua y al saneamiento. Inicia dando cuenta del contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento. Posteriormente expone las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. Pero y como bien lo enuncia la COMDA,  la parte fundamental de este documento da cuenta de las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del agua, con las cuales se privilegia a grandes empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos.

En el informe nos invitan a tomar en cuenta que México se ha comprometido a implementar la Agenda 2030 de la ONU, cuyo Objetivo número 6 busca “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Pero cumplir con este propósito se aprecia difícil y para ello tan sólo una reflexión: en México se mide el acceso al agua en términos de “agua entubada” lo cual en realidad es medir infraestructura, no acceso real, continuo, suficiente, de buena calidad y asequible. Esta lógica de medir acceso al agua está muy lejos de “considerar los problemas existentes tanto de continuidad en el servicio como de la calidad del agua que se obtiene” (Informe DHAyS: 14). En otras palabras, más del 90% de los hogares en México pueden tener acceso a tuberías, pero no a un abasto continúo de agua potable.

En la medida que a partir de una visita tan acotada el relator no hubiera logrado identificar la diversa problemática del agua en el país, cobró mayor importancia que se elaborara desde la sociedad civil, un informe que ofrece una mirada crítica, amplia y compleja sobre el derecho humano al agua y al saneamiento en México. Este tipo de trabajos vale la pena difundirlos y conocerlos.

 

[1] El informe completo se puede descargar de la página de la COMDA, en la dirección: http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

 

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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), autonomía en riesgo

José Bautista Farías[1]

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha presentado como un entramado institucional con atribuciones para el combate efectivo de la corrupción que padece nuestro país, derivado de acuerdos políticos entre actores sociales y del gobierno. Sin embargo, existen  varios signos de alarma que ponen en riesgo la autonomía y los alcances de este incipiente modelo, veamos:

  1. La falta de acuerdos en el Senado para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, dando lugar a la instalación (el 04/04/17) del SNA incompleto. Dicho espacio fue asumido en su lugar, momentáneamente, por Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República (PGR), exdiputado federal y exsenador por el PRI, fue consejero político y coordinador de asuntos jurídicos del comité ejecutivo nacional de ese partido, cercano al presidente.
  2. El Acuerdo A/029/17 de la PGR (del 17/04/17) que modifica el diverso A/011/14 anterior, por el que se crea la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, encargada de la investigación y sanción de este tipo de delitos, podrían anular la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, por lo siguiente: a) establece la aceptación del procurador general para la aprobación de los planes y programas destinados a detectar la comisión de delitos por actos de corrupción; b) sujeta al consentimiento del titular de la PGR los nombramientos de los agentes del ministerio público federal, adscritos a la Fiscalía Especializada Anticorrupción; c) modifica, deroga o abroga las normas administrativas del Fiscal Anticorrupción cuando éstas contradigan a las emitidas por la PGR.
  3. La propuesta enviada al Senado por Enrique Peña Nieto de 18 aspirantes a ser magistrados anticorrupción, los cuales deberán ser ratificados por los legisladores. Al respecto, el Comité de Participación Ciudadana del SNA envió una carta al presidente y al Senado de la República (el 02/05/17), objetando dichos nombramientos por que no observaron los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad y con ello “se privó a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos empresariales, a los colegios profesionales y a los ciudadanos en general de evaluar, opinar y cuestionar el perfil personal y profesional, no sólo de quienes fueron designados, sino de todos aquellos que contendieron a ocupar uno de esos cargos”.

¿Por qué es importante que el SNA cuente con un Fiscal autónomo al igual que los magistrados y agentes del ministerio público federal que formarán parte de este organismo? Porque que es fundamental que las acciones y decisiones de estos servidores públicos no estén maniatadas a los intereses de los altos funcionarios que pudieran estar involucrados en redes de corrupción;  porque es la única forma de generar contrapesos que contrarresten los abusos de poder y limiten la impunidad que prevalece en el país. Además, es la única manera de garantizar imparcialidad en las investigaciones de los actos de corrupción y el establecimiento de sanciones.

Para dimensionar la relevancia de la autonomía del Fiscal Anticorrupción, pensemos qué habría sucedido si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, impone como Fiscal del Sistema Estatal Anticorrupción a Francisco Portilla Bonilla, como de hecho lo intentó, pero fue rechazado por el Congreso de esa entidad. De haberse concretado este nombramiento seguramente Duarte no estaría encarcelado en estos momentos en Guatemala, ni sometido a juicios por actos de corrupción.

El SNA está en riesgo de claudicar en el combate efectivo a la corrupción si su autonomía se ve socavada por los intereses partidistas y del gobierno, a no ser que los ciudadanos organizados lo impidan por medio de la movilización y la manifestación política en todos los espacios a su alcance, incluido los procesos electorales en puerta.

 

[1] Académico del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.

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Las simplificaciones de un simplificador. Ideas a vuelo de pájaro

Autor: Enrique Luengo González/ académico del Centro de Investigación y Formación Social e interesado en temas de Complejidad

Hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir al Primer Congreso Mundial sobre Pensamiento Complejo cuyo tema era el pensar posibilidades o alternativas de respuesta para los problemas globales que enfrentamos los habitantes de nuestro deteriorado planeta. Sin rodeos, se puede decir que se invitaba a pensar complejamente, lo que se opone a pensar simplificadamente. Pensar complejamente es, entre otras cosas, abrir una serie de vías nuevas que nos conduzcan a actuar a los humanos teniendo presente nuestro destino común, es un hecho que ningún país o región del mundo se salvará sólo, tal como está quedado demostrado con los problemas derivados de gases invernadero, los flujos migratorios, las amenazas nucleares, el deterioro o agotamiento de los mantos acuíferos, la contaminación galopante de la atmósfera y los mares, entre otras cosas. Por ello, el concebir a la humanidad con un destino común invita a los acuerdos, a la cooperación humanitaria, a la solidaridad, el respeto al derecho internacional, etc.

Paradójicamente, en lugar de avanzar en nuevas y creativas soluciones así como acuerdos colectivos para responder a los desafíos mundiales como los anteriormente mencionados encontramos ideas y políticas que van de regreso a viejas y mal logradas respuestas. El ejemplo más patético es lo que ahora está sucediendo en Estados Unidos de Norte América, que en lugar de asumir los problemas en su complejidad, se simplifican la formulación de los problemas, con lo que, a su vez, se simplifican sus respuestas.

Lo que pasa con las pobres argumentaciones en nuestro vecino país del norte es revelador. La simplificación consiste en pensar en que medidas draconianas y prohibitivas de la migración ofrecerán mayor seguridad al país, cómo si el país fuera un sistema cerrado y sus propias medidas no incrementaran la beligerancia y violencia de los grupos radicales internos o externos contra sus propios habitantes, instituciones o empresas. También, es una simplificación el pensar en la migración mexicana o centroamericana sin papeles como delincuentes o criminales; pensar que la disminución de las regulaciones medio ambientales para la industria facilitaría el desarrollo económico (la naturaleza se deteriora y ello tiene costos económicos con el tiempo); pensar que una simple medición de las transferencias comerciales (importación/exportación) puede medir el complejo intercambio económico entre dos naciones pues se tendría que considerar lo que aportan los trabajadores explotados y sin seguridad social en aquel país, las ganancias de las corporaciones y empresas de servicio que se transfieren de México a EU, la balanza del turismo entre los dos países, los científicos y técnicos formados en México que ofrecen sus servicios en el país donde no recibieron su educación, etc.-.

Pudiéramos añadir que es una simplificación pensar que los hombres y mujeres “exitosas” económicamente, fungirán como políticos igualmente “exitosos”; que la situación del conflicto de medio oriente se solucionará escuchando o apoyando a una sola de las partes; que quien tiene poder político o económico define el rumbo de los no “exitosos”; que el cambio climático es una mentira de otros países para limitar la industria norteamericana. En fin, es una rotunda simplificación pensar que la verdadera realidad es la que yo percibo y que los que no piensan lo mismo que yo están equivocados.

El pensamiento simplificador tiende a dicotomizar, a polarizar, a ser maniqueo, tal como lo suele hacer el populismo. De esa manera, se suele movilizar a la población cuando se sienten estancadas o deterioradas en sus expectativas. El populismo trabaja particularmente en esos casos a partir de la violencia simbólica, es decir, mediante el acoso –acoso a lo latino, acoso a lo musulmán, acoso a los productos no “Made in USA”, acoso a las empresas que producen fuera del país, acoso a las lenguas extranjeras, etc.-. En una palabra, acoso a lo diferente.

 

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UNA VUELTA MÁS DE TUERCA O UNA RAYA MÁS AL TIGRE: MUROS, FRONTERAS, DEPORTACIONES…

Por: Iliana Martínez y Sofía de la Peña

¿Hay nuevos escenarios en el tema migratorio para México, o solo es una vuelta más de tuerca de una situación que desde hace años se viene radicalizando y haciendo más dramática en lo referente a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en México y la región? ¿Qué pasará con las medidas que el presidente D.Trump plantea en cuestiones de migración?

Hasta hoy ha firmado dos decretos con medidas vinculadas a seguridad fronteriza e inmigración, entre las que resaltan la construcción de un muro en la frontera con México, penalizar a las ciudades santuario retirándoles fondos federales, contratar más agentes para controlar la inmigración en frontera y en el interior, fiscalizar la ayuda para el desarrollo, humanitaria, militar o económica de EU a México, construir centros de detención en frontera.

Sin menospreciar lo que está sucediendo, la situación de por sí ya era crítica: en nuestras fronteras norte y sur hay miles de migrantes varados, centroamericanos y extra-continentales (haitianos, cubanos, africanos), hombres, mujeres, menores no acompañados, familias completas; aproximadamente 4 millones y medio de mexicanos deportados en la última década que luchan por reconstruir sus vidas, familias binacionales separadas, estigmatización y olvido; redes de trata y tráfico de personas a lo largo del país en connivencia con autoridades; detenciones y deportaciones de centroamericanos que México está haciendo; amenazas y agresiones a quienes defienden los derechos de las personas migrantes… Éste es el verdadero muro, y éste, ya existe desde hace años y no se ha querido ver. Está en nuestras fronteras, en nuestras ciudades, en la falta de presupuesto y programas públicos, en los prejuicios o falsos temores, y en la falta de hospitalidad.

El mensaje virulento y de odio nos está estrellando en la cara una situación que desde hace años organizaciones de migrantes, de sociedad civil y defensores de derechos humanos vienen documentando y denunciando: la criminalización y abusos de personas migrantes y refugiadas en México y Estados Unidos. Los gobiernos preocupados en proteger sus fronteras, y no en atender las causas estructurales que originan que las personas dejen sus lugares de origen.

México como país de destino para centroamericanos y de otras nacionalidades que no logran llegar a EU, y de retorno de mexicanos que de manera obligada o voluntaria están regresando. Jalisco, históricamente migrante, es importante en este nuevo escenario. Más de 4 millones de jaliscienses de primera y segunda generación en EU. Del 2010 a la fecha, según datos del Instituto Nacional de Migración, a Jalisco han regresado 112,509 jaliscienses deportados, y muchos más de otros estados y países están viendo en nuestro estado un polo de atracción.

Se requiere un trabajo binacional para proveer información y protegerles, tanto en origen como en destino; presupuesto real para los programas de atención a las personas retornadas, y a las y los

jaliscienses en riesgo en EU; creación de oficinas municipales de atención a migrantes en donde no las haya y un programa de reinserción integral de personas retornadas, migrantes y refugiadas; prestación de servicios legales y atención psicológica; difusión de acuerdos federales y programas de apoyo en municipios y comunidades.

Este adverso escenario es una oportunidad para enderezar la brújula, una oportunidad para México y cambiar su imagen en temas de derechos humanos. El punto no es el muro, es el modelo de desarrollo económico y una política migratoria centrada en la gestión ordenada de los flujos migratorios y la seguridad nacional. Atendamos nuestros problemas estructurales de fondo: pobreza y desigualdad, derechos humanos, violencia. Es hora de que nuestro gobierno cree las condiciones necesarias que impulsen el desarrollo local que permita a las personas tener una vida digna y permanecer en sus lugares de origen, sin tener que dejar todo porque su vida ahí no tiene futuro.

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Los festejos del maíz, celebrarlo y defenderlo

Jaime Morales Hernández

El escenario rural en nuestro país presenta una amplia variedad ecológica y por esta razón México se ubica entre los países con mayor diversidad biológica. Es también uno de los países con mayor diversidad cultural en el que coexisten pueblos indígenas, mestizos, afroamericanos, criollos, e inmigrantes. A partir de esta diversidad biológica y cultural, se ha desarrollado a lo largo de la historia una importante agrodiversidad reflejada en variados sistemas agropecuarios, y por ello Mesoamérica -cuyo territorio ocupa buena parte de nuestro país- es uno de los ocho centros mundiales de origen de las plantas cultivadas.

Entre ellas sobresalen las plantas de la milpa, el policultivo basado en maíz, frijol y calabaza y que juegan un papel esencial en la alimentación y la cultura del pueblo mexicano. Desde finales de septiembre comienza la cosecha el maíz y de los diversos cultivos de las milpas sembradas bajo el temporal por todos los rincones del país. Los hogares rurales se alegran con la presencia primero de los elotes, y después del grano que desde hace nueve mil años garantiza la continuidad de la vida campesina y de la civilización mesoamericana.

Como en todas las culturas rurales, la cosecha es ocasión de fiesta y en las comunidades y familias se celebra disponer de este alimento, que recompensa a un duro ciclo de trabajo. A esos festejos desde hace ya varios años, se han sumado diversos movimientos de la sociedad civil, quienes han elegido como día nacional del maíz, el 29 de septiembre, y a partir de ese día por ciudades y campos del país se multiplican y extienden, jornadas, encuentros, convivencias, talleres y otras muchas formas de celebrar y defender a nuestro maíz ante las amenazas de la agricultura industrial globalizada y de uno de sus componentes centrales; los organismos genéticamente modificados (OGM), o cultivos transgénicos.

Las políticas neoliberales han colocado al campo mexicano en una profunda crisis y el maíz elemento articulador del paisaje rural mexicano se encuentra también seriamente amenazado. El avance de los transgénicos, la pérdida de las semillas nativas, la importación indiscriminada, la disminución del maíz en la dieta nacional, el avance de la agricultura industrial, y la presencia de grandes consorcios agroalimentarios, son algunas de las causas de esta compleja problemática que atenta contra el maíz y contra la agricultura familiar y campesina que lo produce.

La defensa de un alimento y de un bien cultural como el maíz ha logrado establecer novedosas relaciones entre los movimientos rurales y los movimientos urbanos, como el consumo responsable de maíz nativo y agroecológico, las experiencias de comercio justo en tortillerías y tianguis y la celebración conjunta de actividades por el día del maíz. Para estos movimientos, la defensa del maíz y de la agricultura campesina es un componente central de una vida rural más justa e incluyente.

La agricultura nos dicen los agricultores Jose Bové y Francoise Dufour en libro La Semilla del Futuro, se ha convertido en un motor de movilización social, porque ni la naturaleza, ni los agricultores, ni los alimentos, ni los consumidores pueden ser tratados como simples mercancías. La celebración del maíz nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestro derecho a la soberanía alimentaria y al control ciudadano de lo que sembramos y de lo que comemos, por ello cotidianamente, defendamos y festejemos a nuestro maíz, a nuestra gastronomía, a nuestra cultura y a los campesinos e indígenas que siembran nuestro futuro.

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Vivimos una verdadera crisis de Derechos Humanos

Dr. Carlos A. Peralta Varela

Todos los días aparecen noticias que tratan asuntos, algunos más graves que otros, ligados a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Esa es nuestra realidad y aunque no se lea los periódicos o no quieran escucharse los noticieros, las desapariciones, la discriminación, la violación a derechos laborales y muchas otras violaciones, son cotidianas y limitan o impiden una buena calidad de vida, así como la tan anhelada paz.

Un espacio de reflexión sobre las violaciones a diferentes derechos humanos se dio entre el 12 y 14 de octubre (2016), porque se desarrolló en la Universidad Loyola del Pacífico (en Acapulco, Guerrero), el XII Foro de derechos humanos del Sistema Universitario Jesuita. Este foro llevó por título “Memoria, Verdad y Justicia: la desigualdad presente”

No podría en tan breve espacio, hacer una síntesis de todo lo expuesto, por lo cual solo mencionaré algunos aspectos que me parecieron relevantes.

El padre Edwin Murillo Amarís S.J (de la Universidad Javeriana de Colombia), nos recordó que lograr la paz entre sociedades o comunidades requiere de un proceso activo en el cual debe trabajarse primero la reconciliación social y posteriormente la reconstrucción del tejido, aunque no necesariamente son etapas separadas. En cualquier caso debe tomarse en cuenta que no se lograrán avances en la reconciliación si las sociedades tienden a profundizar la desigualdad, la discriminación y atentan contra la dignidad de las personas. En este sentido debemos abrir por lo menos dos frentes de lucha, trabajar porque nuestra sociedad sea una sociedad decente, en la cual (según el autor Avishai Margalit) las instituciones no discriminen a las personas. Pero además debemos buscar que sea una sociedad civilizada, entendiendo por ello que las personas no humillen o discriminen a otras personas.

En continuidad con esta perspectiva la Dra. Rocio Enriquez afirmó en su exposición que uno de los retos más relevantes para México es afrontar la creciente desigualdad y trazar vías de acción hacia un país más justo. Esto es relevante porque existe un círculo de vida perverso entre la pobreza, desigualdad y justicia social. Debemos tener muy presente que si bien es evidente la desigualdad económica, también existen las desigualdades: social, cultural, política, territorial, entre otras, que limitan la posibilidad de justicia social, propician la violación a derechos humanos y confirman que padecemos una sociedad indecente e incivilizada.

Casos extremos donde apreciamos (y verificamos) la existencia de esta sociedad indecente se identifican en cada una de las historias de los familiares que buscan a sus desaparecidos. En otro de los paneles del foro, que trató el tema de desapariciones, Juan Carlos Trujillo de la Asociación “Familiares en búsqueda” y Adriana Bahena de la agrupación “Los otros desaparecidos de Iguala” (que busca a 500 desaparecidos tan solo de Iguala), narraron sus desgarradoras experiencias en la búsqueda, que al parecer, inevitablemente pasan por la falta de interés, la incapacidad o falta de apoyo de las procuradurías.

Se mencionó también en el foro que la desaparición forzada (la que realizan corporaciones policiacas, fuerzas militarizadas o servidores públicos), ahora es usada como un mecanismo de control social, como para el caso de los migrantes (desviar las rutas de paso) y para controlar algunos movimientos sociales. En algunas partes de la república esta acción ilegal forma parte de una estrategia y por ello se pretende invisibilizarla.

Por su parte y para cerrar el foro, Emilio Alvarez Icaza realizó varias afirmaciones relevantes. Observó que los derechos humanos deben ser tutelados tomando en cuenta las necesidades específicas de cada comunidad. Si bien todos tenemos los mismos derechos, requerimos de apoyos especiales para poderlos ejercer en igualdad de trato. Por ejemplo, en relación al derecho humano al agua, no es lo mismo abrir la llave y tener agua, que tener que caminar varios kilómetros para acceder al agua. Otro aspecto destacado fue el relativo a que en esta administración federal se han dedicado a descalifica a los defensores y relatores de derechos humanos internacionales, por ejemplo Juan Mendez, relator de la ONU en relación a la tortura, que fue descalificado por la cancillería mexicana. Pareciera que desde la perspectiva gubernamental es más relevante una mala imagen expuesta a nivel internacional, que la existencia de una crisis de derechos humanos en el país.

Concluyo está muy breve reflexión sobre el foro mencionando que en este contexto se entregó el Reconocimiento Tata Vasco. Cada dos años las universidades jesuitas entregan este reconocimiento a destacados defensores de derechos humanos y en esta ocasión fue otorgado a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, desaparecidos hace dos años. Otorgar el reconocimiento a este colectivo fue un acto de respaldo ético y de solidaridad, una forma de afirmar que la búsqueda de sus hijos es una búsqueda compartida por los integrantes de las universidades jesuitas en este país.

 

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Información para abatir las desigualdades.

José Bautista Farías[1]

Del 28 al 30 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la Semana Nacional de Transparencia, convocada por el INAI que tuvo como tema central a la información pública para combatir la desigualdad, con el objetivo de “identificar la información pública que existe y que falta para fortalecer e implementar acciones para combatir la desigualdad económica y social”. El tema se analizó a través de paneles, conferencias y talleres en tópicos como: el hambre, salud, educación, género, jóvenes, democracia, transparencia, entre otros.

Según Gerardo Esquivel Hernández en México la renta y el capital se encuentra concentrada de manera tal que pocas personas se han beneficiado del poco crecimiento de la economía mexicana en las últimas dos décadas. “Así, mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco”[2]. Esquivel señala que es preocupante la excesiva e indebida influencia de los poderes económicos y privados en la política pública y en la obstrucción del ejercicio de los derechos ciudadanos, afectando con ello a los más pobres.

¿Por qué la información es un factor clave para el combate a la desigualdad?; ¿es suficiente la información para afrontar un mal sistémico como lo es la desigualdad? La información es fundamental para el conocimiento de las problemáticas asociadas a las desigualdades y la valoración de las alternativas para su combate efectivo, por lo que constituye una pieza central para la toma de decisiones de política pública. Sin información de calidad no es posible diseñar acciones estratégicas desde la esfera gubernamental o social para abatir las desigualdades. Esto nos enfrenta al reto de cómo generar la información que sea significativa para el conocimiento de problemáticas complejas y la construcción de soluciones viables. En otras palabras, no es posible diseñar políticas de igualdad de género si desconocemos las múltiples formas de exclusión, agresión y discriminación que enfrentan cotidianamente las mujeres en nuestro país.

Ahora bien, la información por sí sola no genera acciones proactivas para erradicar las desigualdades, máxime si ésta es ocasionada por el propio sistema económico. Se requiere de la política y la formación cívica para realizar acciones colectivas y vigorosos movimientos socio-culturales que pongan en el centro del debate público el combate a la desigualdad y a la pobreza. Para Oxfam México es necesario modificar las reglas del juego económicas y políticas que benefician a unos cuantos, para conformar un pacto por la igualdad entre los actores políticos y sociales. ¿Qué actores se requiere para tal empresa? los partidos, el congreso, el gobierno, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades.

Para debatir sobre las desigualdades y los males asociados a ésta necesitamos de información, argumentos, dialogo, escucha, participación, apertura, consensos y disensos que activen la inteligencia colectiva por el bien de todos, en especial de los sectores más empobrecidos y excluidos del sistema. La clase política, y la propia sociedad civil, tiene una fuerte deuda con las mayorías de este país.

En términos generales, en la Semana Nacional de Transparencia se destacaron los siguientes aspectos: i) existe basta información sobre las condiciones sociales del país generadas por las dependencias públicas; ii) esta información no es accesible a la mayoría de la población; iii) con frecuencia la información es incompleta; iv) existe opacidad en materia fiscal; v) hay resistencia a la transparencia en la exención de impuestos; vi) la transparencia es un componente central de la democracia.

Según el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016 de la UNESCO, la desigualdad puede poner en peligro la sostenibilidad de las economías, sociedades y comunidades. Por ello, las desigualdades se deben enfrentar no sólo desde el ángulo de la disparidad de los ingresos y riqueza, sino desde los ámbitos políticos, sociales, culturales, ambientales, territoriales y cognitivos[3]. Es pues una tarea compleja que implica a múltiples actores. El gobierno, la clase política y los que se benefician de las desigualdades del sistema difícilmente tomarán la iniciativa de combatir en serio esta situación; por lo que toca a las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos independientes, universidades y a las mayorías empobrecidas de este país, asumir un rol proactivo para colocar este tema en la agenda pública. Urge hacerlo, ya vamos tarde.

 

[1] Académico del Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) del ITESO.

[2] Ver: Esquivel Hernández, Gerardo, “Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político”. Oxfam, México, p. 5, disponible en: http://www.oxfammexico.org/desigualdad-extrema-en-mexico-concentracion-del-poder-economico-y-politico/#.V_0Jo8nO8Sk

[3] Ver: “Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales 2016”. Afrontar el reto de las desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo”. Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Instituto de Estudios del Desarrollo (IED), disponible en: http://www.worldsocialscience.org/

 

 

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La REDCOOP una red innovadora, interinstitucional y que trabaja en equipo.

Por Manuel Sánchez Ramírez*

La Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria (REDCOOP) comienza su gestación después de dos reuniones, la primera de ellas realizada en uno de los planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana y la segunda efectuada el 6 de noviembre de 2008 en la Universidad Autónoma de Chapingo, las actividades y acuerdos de estas reuniones sentaron las bases para la construcción de lo que hoy es esta red.

Posteriormente el 30 de enero de 2009 mediante una Jornada-Taller de Planeación del Consejo de Representantes de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria desarrollada en la Universidad de Guadalajara que contó con la participación de representantes de la Universidad Autónoma de Chapingo, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente(ITESO), de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco (UAM Azcapotzalco), de la Universidad de América Latina, de la Universidad de Occidente (Sinaloa), de la Universidad de Querétaro, de la Alianza Cooperativista Nacional (ALCONA), de la Federación de Cajas de Ahorro UNISAP, de algunos estudiantes e integrantes de pequeñas cooperativas, así como del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas de Solidaridad (FONAES) y del gobierno del Estado de Michoacán se logró llegar a acuerdos sustanciales para la fundación de la REDCOOP como son los siguientes:

Se aprobó que la estructura de la Red se integraría por una Comisión Coordinadora Nacional, un Coordinador Nacional, cuatro comisiones permanentes (Educación, Investigación, Divulgación y Difusión) y dos subcomisiones (Finanzas adscrita a la Comisión de Divulgación e Informática adscrita a la Comisión de Difusión).

La Comisión Coordinadora Nacional tendría dos tipos de mecanismos de articulación, uno de carácter temático y otro territorial. El ámbito temático se acordó estuviera integrado con los coordinadores de las comisiones permanentes, en tanto que en el ámbito territorial la estructura de articulación se constituiría con un representante de cada una de las entidades federativas participantes en aquel entonces en la red mismos que pasarían a formar parte de la Comisión Coordinadora Nacional.

También se aprobó que el Coordinador Nacional tendría como atribuciones convocar a reuniones de uno u otro ámbito de articulación de la Comisión Coordinadora Nacional y en cada uno de ellos tendría derecho a voz y voto y que su encargo se ratificaría o no en el Primer Encuentro Nacional.

El Primer Encuentro de la Red se efectuaría en Universidad Autónoma de Querétaro en la última semana de agosto de 2009.

Por lo que respecta al funcionamiento operativo de la red el acuerdo tomado fue que se efectuaría un Encuentro Nacional Anual, una reunión semestral de Consejo de Representantes, reuniones trimestrales de la Comisión Coordinadora Nacional funcionando en sus dos ámbitos (territorial y temático).

Esas estructuras organizativas han ido evolucionando con el tiempo y la labor de la REDCOOP ha logrado incidir nacionalmente en los ámbitos de las políticas públicas, producción y publicación textos académicos sobre cooperativismo y economía solidaria, participación en espacios de interlocución de instancias públicas como la Cámara de Diputados, el Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo del Distrito Federal y el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la Economía Social, en el impulso de monedas alternativas(Fausto, Mixiuhca, Mezquite, Tláloc y Tumin), tanto intra como extrauniversitariamente, de ferias de cooperativismo y economía solidaria, de multitrueke, talleres de diverso tipo, diálogos de saberes sobre metodologías del aprendizaje cooperativo, experiencias didácticas y en general investigaciones académicas y procesos formativos para el sector cooperativo en los ámbitos universitarios y populares.

En este año 2016 la REDCOOP trabaja en la materialización de diversos procesos como son:

  1. El Doctorado Interinstitucional en Economía Social y Solidaria (DIESS), cuya convocatoria para el ingreso de alumnos saldrá  a fines del presente para iniciar actividades en 2017, proceso que es acompañado por el Comité de Posgrados Interinstitucionales de la Región Centro Occidente de la ANUIES. En la implementación de este doctorado participan las universidades Autónoma de Chapingo, San Nicolás de Hidalgo, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de Guanajuato.
  1. La asesoría y capacitación de cooperativas en el manejo del Método de Aprendizaje Cooperativo (MAC)
  1. El enriquecimiento y aplicación del Manual de Procedimientos Administrativos para el Balance Social Cooperativista (MAPA), una vez que se hayan hecho los ajustes pertinentes después de los pilotajes efectuados.
  1. La Revista Académica de la REDCOOP que se alojara en el portal del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.

Para concluir es menester compartir que la REDCOOP participa internacionalmente entre otras redes en la Red Universitaria Euro latinoamericana de Estudios Asociativos y Cooperativos (RULESCOOP), en la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria (RILES) y en la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria en Latinoamérica y el Caribe (RIPESS – LA)

Foto monedas alternativas Foto Jesús, Manuel, Miguel y Verónica Foto de la Asamblea de la REDCOOP 2015

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Por qué es relevante la Reunión de Alto Nivel que inicia hoy en las Naciones Unidas sobre Refugiados y Migrantes?

 

Foto: http://refugeesmigrants.un.org/

Foto: http://refugeesmigrants.un.org/

Por: Iliana Martínez y Aldo Pérez Vega

Para algunos la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes que comienza hoy en Naciones Unidas, será un paso importante para lograr el compromiso de los gobiernos del mundo y del propio Sistema de Naciones Unidas con la asistencia y atención a las crisis humanitarias de las personas migrantes y refugiadas en diversas partes del planeta. Para otros la declaratoria que firmaran los Estados es demasiado pobre y aplaza la implementación de acciones contundentes hasta el 2018. Las cifras no son menores, ya que las propias NNUU estiman que actualmente en el mundo hay un número de 21.3 millones de personas refugiadas, 65.3 millones de personas desplazadas y 243.7 millones de personas migrantes.

El camino para llegar hasta ésta Reunión inicia hace muchos años, pero es en parte una respuesta a la llegada de migrantes y refugiados a territorio europeo el año pasado. Si bien, no es el único lugar del mundo donde hay crisis humanitarias por el movimiento de personas, la gran cobertura mediática detonó una preocupación social y que los gobiernos pusieran atención en el tema. Ante tales crisis, el 21 de abril del presente año, Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, presentó el informe “En condiciones de seguridad y dignidad: respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes” en el que hacía un llamado urgente a los Estados para adoptar una serie de compromisos con la finalidad de garantizar la salvaguarda de los derechos humanos de los refugiados y migrantes a lo largo de su proceso de desplazamiento. Es así que se convoca a la Reunión sobre el tema en la sede de NNUU en Nueva York para el 19 de septiembre.

Como es sabido, los gobiernos negocian meses antes las declaratorias que se firman en este tipo de reuniones. En este caso los compromisos fueron discutidos y acordados por los Estados el pasado 2 de agosto. Durante estas negociaciones un gran número de organizaciones de la sociedad civil que atienden el tema a nivel mundial, realizaron propuestas y posicionamientos importantes donde demandaban a los Estados a tomar decisiones importantes en septiembre. Dos de los más completos fueron el posicionamiento que realizó Amnistía Internacional “Compartir verdaderamente la responsabilidad: Cinco propuestas de Amnistía Internacional – La crisis global de Refugiados” y el comunicado titulado “World leaders must step up efforts to conclude robust & principled deal for refugees and migrants” que realizaron un grupo de redes y ogranizaciones internaciones dónde también se establecen cinco puntos base para trabajar en el tema.

Sin embargo, el resultado no fue el que se esperaba, como se puede leer en el comunicado de Amnistía Internacional emitido un día después de conocerse los pobres resultados del acuerdo de agosto: “… era una oportunidad histórica para encontrar una solución global absolutamente necesaria para la crisis de refugiados. En cambio, los líderes mundiales han demorado hasta 2018 cualquier oportunidad de concertar un acuerdo, dejando para más adelante decisiones de vital importancia mientras las personas refugiadas siguen ahogándose en el mar y consumiéndose en campamentos sin ninguna esperanza para el futuro”.

Es así que el día de hoy se llevará a cabo la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Refugiados y Migrantes, en donde se espera se adopte la “Declaración de Nueva York”. (Draft preliminar de la declaración). Algunos puntos que si lograron inclurse son: el reconocimiento de la responsabilidad conjunta de las naciones para la protección y la asistencia a refugiados y migrantes independientemente de su estatus migratorio (especialmente aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad), la xenofobia, el racismo, la discriminación, la violación a derechos humanos, los procedimientos fronterizos, la implementación de fondos monetarios para la atención, entre otros.

La sociedad civil, de manera muy proactiva ha puesto en la mesa otro nuevo documento “A new deal for refugees, migrants and societies” para comenzar a construir el proceso para los siguientes años y continuar haciendo presión durante la Reunión de Alto Nivel, así como en todos los eventos paralelos que tendrán lguar en NNUU. El primer punto del documento insiste: “Lancen AHORA un plan internacional para proteger y asegurar la seguridad y dignidad de refugiados, migrantes y personas desplazadas en movilidad y a su llegada”. De igual forma, se pide que diseñen la hoja de ruta para llegar a los Pactos Globales (Global Compact) que se han mencionado en la declaratoria final como los principales compromisos, uno sobre Migración y otro sobre Refugio.

Otra reunión a la que prestar atención será la “Leader Summit on Refugees” (o la Obama Summit o Cumbre Obama) sobre el mismo tema. Dicha reunión ha sido convocada un día después de la reunión mundial –20 de septiembre- por el Presdiente de Estados Unidos para que algunos Estados impulsen iniciativas conjuntas sobre el tema.

Si se quiere ver el vaso medio lleno, la Reunión de Alto Nivel, representa un primer paso para alcanzar la urgente implementación de sistemas de cooperación internacional que garanticen la protección de los derechos de las personas en movilidad dentro de las críticas crisis humanitarias que se atraviesan a nivel global. Sin embargo, las sociedades de los países afectadas por dichas crisis –la mexicana, desde luego– tenemos mucho trabajo por hacer, en terminos de presionar a nuestros gobiernos para dar respuestas urgentes, reales y con enfoque de derechos humans a los problemas estructurales que ocasionan el desplazamiento de las personas. Ya que el vaso, visto desde aquí, cada vez tienen menos agua.

 

PARA SEGUIR LA REUNIÓN:

  • En vivo: webtv.un.org
  • Web: refugeesmigrants.un.org
  • Redes sociales: #UN4RefugeesMigrants

 

CAMPAÑAS:

  • Stand as onehttp://www.oxfamontour.org/es/
  • I welcom / Te doy la Bienvenida – https://www.amnesty.org/es/get-involved/i-welcome/
  • http://refugeesmigrants.un.org/es/campaigns

 

VIDEOS 

  • #LookBeyondBorders / Amnesty International

https://www.youtube.com/watch?v=9Z68P9Gc77A

  • A world on the move: Refugees and Migrants / UN

  • Talk with refugees, not about them / Red Cross

https://www.youtube.com/watch?v=IjKHf55SdQQ

 


 

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