Derechos de la Infancia

Presentación del libro: “Por todas partes cientos de miles” Trabajo infantil

Por José Bautista Farías, Académico #CIFS #ITESO
Foto tomada de Magis ITESO

El libro de fotografías, Por todas partes, cientos de miles, coordinado por Emiliano Thibaut y Anayanci Fregoso Centeno, con fotografías de Natalia Fregoso y del propio Emiliano, es una obra conmovedora que invita a no quedar indiferentes frente a una realidad que contrasta con el discurso oficialista de “bienestar para las familias”. Este libro, nos dice Anayanci, se hizo con el convencimiento de la urgencia de documentar lo que en Jalisco viven los niños y niñas trabajadores y sus familias, ya que la profundización de la pobreza parece haberlos vuelto invisibles. Señala que “nos hemos acostumbrado a mirar niños y niñas trabajar como si formasen parte del paisaje mexicano, en condiciones muchas veces alarmantes, incluso deplorables, pero los vemos sin reparo. Como si fuera su destino y no pudiésemos hacer nada, ni siquiera indignarnos”.

Los datos, los casos y las reflexiones que aporta Anayanci en el libro, aluden a una ausencia histórica de políticas públicas a favor de uno de los sectores más vulnerables del país: las y los menores y jóvenes. Yo me voy a referir a la dimensión más sociológica de la situación de este sector de la población, para que el otro expositor aborde el libro desde la imagen fotográfica.

Los datos.

Los estudios oficiales sobre la situación de la niñez en México y en Jalisco son dramáticos y cualquier gobierno responsable sentiría vergüenza por el abandono de políticas, programas y acciones a favor de este sector.

La autora nos comparte algunos datos de este drama. En “México alrededor de 40 millones de personas son menores de 18 años. De los cuales 21.4 millones de niños y niñas viven en situación de pobreza. De ellos, cinco millones se encuentran en pobreza extrema. Lo que significa que casi seis de cada diez niños y niñas en el país son pobres[1].

Apunta que “en México, las condiciones de vida de la niñez muestran de manera evidente la disparidad entre la legislación que protege al niño y su realidad. Los niños y niñas entre 5 y 7 años son 28.9 millones. Lo que representa el 25.3 por ciento de la población mexicana. Para el 2012, la población infantil ocupada se ubicó en 3.2 millones[2]. De esta, casi un millón es menor de 14 años: estos niños y niñas trabajan a pesar de que la Ley Federal del Trabajo y la propia Carta Magna lo prohíben”[3].

Jalisco –“no canta mal las rancheras”–: es el cuarto estado con más jóvenes en el país  (con 2 millones 397 mil 529). “Registra 1.1 millones de niños y niñas en situación de pobreza de los cuales más de 100 mil sobreviven en carencia extrema. De acuerdo con el décimo informe sobre la situación de los derechos de la niñez en Jalisco, en la entidad laboran siete mil niños y niñas bajo las peores formas de explotación laboral, concentrándose en los campos agrícolas donde trabajan en condiciones de franca esclavitud”[4].

De acuerdo con el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, las y los niños y adolescentes, se encuentran junto con otros, dentro de los principales grupos vulnerables del Estado: los niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, cuyo número asciende a 1’586,392; seguidos por los niños de 0 a 5 años, que ascienden a 837,415[5]. (Juntos niños, adolescentes y madres adolescentes dan un total de: 2’463,054 personas, el 33.50 por ciento de la población del estado)[6]. La pobreza afecta al 49.4% de los niños de 0 a 5 años, a 49.4% de los niños en edad escolar de 6 a 11 años y a 39% de los adolescentes de 12 a 17 años.

Según el citado plan en materia educativa, Jalisco ocupa el séptimo lugar a escala nacional en cuanto a mayor porcentaje de inasistencia escolar entre los jóvenes de 12 a 29 años con 59.5%. Igual porcentaje no tiene acceso a los servicios médicos a través de las instituciones de salud.

En la agenda nacional de los derechos humanos 2013 de la CNDH[7], se ubica a las y los niños y adolescentes como los grupos de mayor riesgo de padecer violencia. Se apunta que las violaciones más frecuentes provienen de la instancia familiar donde pueden ser víctimas de abandono por omisión o incumplimiento de obligaciones alimentarias o escolares, así como de maltrato y abuso sexual. Pero no sólo la familia es un factor de riesgo para estos sectores, también lo son la escuela, las estancias infantiles, los centros de trabajo, la ciudad, los gobiernos y partidos vinculados al narcotráfico.

Las cifras anteriores –nos dice la autora– dibujan un panorama de emergencia nacional y estatal que tendría que obligarnos a todos, Estado y sociedad, a colocar a la situación de la infancia como una prioridad dentro de la agenda pública y del gobierno.

Los casos

Las imágenes y los relatos de las condiciones de vida y de trabajo de las y los menores y sus familias que aparecen en las páginas del libro, dan cuenta de una realidad social dolorosa e inaceptable –por injusta y cruel– en que se desenvuelven miles de infantes y jóvenes de nuestra entidad.

Los casos de Coni, del municipio de Tonalá, que a su tierna edad además de estudiar,  apoya a su familia en las labores domésticas, cuida y limpia a sus hermanos –pues es la mayor de un total de siete–. Las jornadas de trabajo de El Torito, el Gato y su hermano Eduardo que junto con su padre se levantan a las cinco de la mañana para acudir al corte de caña en el municipio de Tala. Víctor Daniel, el niño de 13 años, obrero que vive con su abuela en la Colonia El Sauz de Guadalajara, una zona con altos índices de muerte y violencia, donde también se ubica su trabajo. Una parte de su vida transcurre entre máquinas pesadas y herramientas de precisión fabricando boquillas de instrumentos de viento. Los niños de la banda “la triunfadora de Mezcala”, conformada por siete hermanos que van de los cuatro a los 17 años,  originarios de esa comunidad, que tocan todos los domingos por la tarde en el malecón del pueblo, en los restaurantes que están frente al lago. Carmen y Ernesto, sin parentesco entre ellos, viven en la Ladrillera, una colonia de Tonalá, a su tierna edad trabajan amasando el barro con sus pies descalzos. César trabaja en las costas de Puerto Vallarta, Jalisco, vendiendo ostiones en el nuevo malecón, reproduciendo el oficio de infancia de su padre. José, alias “El Pelón”, tiene 12 años y habita en la Colonia la Huizachera, del municipio El Salto, Jalisco. “El Pelón” labora diariamente en la venta de birote y pan dulce. Se desplaza en su bicicleta por las calles de terracería de esa colonia. Daniel de once años, se dedica a la compra y venta de chatarra, cartón y plástico; su empleador de nombre Lalo, le promete que pronto lo llevará con las “perfumadas”. Acude a la escuela aunque confiesa que no le gusta, pues no la encuentra útil. Janeth, de 12 años, es hija de vendedora de papas y dulces de la zona del Periférico y Colón. Apoya a sus padres con el sustento familiar los fines de semana y durante las vacaciones escolares. La mamá de Janeth tiene claro que si su hija no estudia, difícilmente podrá romper el círculo de pobreza en que viven desde hace tiempo. Francisco es el mayor de una familia de migrantes del sur del país (Chiapas), vive en Arandas, Jalisco. Trabaja junto con su padre en las plantaciones de agave, así como en la pisca de tomate, junto con su familia. El ser cristiano e indígena de piel oscura le ha dificultado estrechar lazos en esta población.

No obstante que en las fotos no figuran los nombres de las y los menores, es fácil deducir y relacionar las imágenes con los casos. La lectura me provocó interés por saber más de cada uno de ellos, pues la información sobre su situación particular es escasa, debido tal vez, a que el acento está puesto en sus condiciones de vida y de trabajo.

Las reflexiones

La autora señala que la infancia como espacio simbólico ha obligado a pensar la niñez en su condición de devenir, nublándose su vida presente, postergándose su reconocimiento como titulares de derechos con capacidad de agencia. Destaca que debemos considerar que los cambios sociales y culturales de las últimas décadas han debilitado la construcción moderna de la infancia: la expansión del mercado global, el colapso de los estados de bienestar, las crisis económicas, las migraciones, los conflictos y el incremento de la violencia e inseguridad social. La pobreza, la corrupción, los desatinos de la política económica y social, impiden el ejercicio de sus derechos de estos sectores.

Señala que no obstante las convenciones internacionales a favor de la infancia y las reformas recientemente aprobadas en México, persiste todavía una arraigada resistencia social, y a veces franca oposición, a comprender que los niños y niñas son sujetos de derechos y tienen opiniones propias. Son agentes de cambio y actores sociales.

Ante la omisión y el desdén del Estado, las organizaciones de la sociedad civil cobran un papel importante en la esfera pública en acciones a favor de la infancia, pero hay que advertir que no sólo es insuficiente su labor, sino también lo hacen enfrentando todo tipo de adversidades como la falta de recursos, el desdén de la población, la corrupción y la falta de profesionalización de los servidores públicos, así como la discontinuidad de programas gubernamentales.

La autora propone que la sociedad debe hacerse cargo de los niños, señala que la crianza, el afecto, su seguridad no pueden ser una responsabilidad exclusiva de la madre o el entorno familiar. Transformar a fondo las condiciones de la infancia requiere asumirla como una tarea social en la que Estado y sociedad debemos actuar.

Cuando el entorno familiar no puede hacerse cargo de los y las niñas, cuando las instituciones del Estado no asumen debidamente las tareas de protección social, ¿qué toca hacer?, ¿qué podemos hacer hoy desde los espacios públicos y privados en que nos movemos? Se requiere pensar en políticas públicas de gran aliento, que trasciendan la temporalidad de las administraciones del gobierno. Es por el bien de todos y ya vamos tarde.

 


[1] Medición de la pobreza, 2008-2010, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, México, 2012.

[2] INEGI 2010, ENOE-MTI 2011 y CONEVAL 2012.

[3] Y la propia Convención sobre los Derechos de los Niños en su artículo 32.

[4] Observatorio Ciudadano de los Derechos de la Infancia (?)

[5] Le siguen los adultos mayores de 60 años, 671,323; los hogares con jefatura femenina, 443.000; las personas con discapacidad, 290,656, la población indígena, 53,696 y las madres adolescentes, 39,247. Esto da un total de 3 millones 921 mil 729 personas en situación de vulnerabilidad, esto representa el 53.35% de la población del Estado de Jalisco  (que según el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2010, es de 7’350,862)

[6] Op. Cit. P. 400.

[7] Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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Iniciativa de ley, ¿realmente a favor de la niñez y adolescencia?

Por: Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC

18 de septiembre de 2014.- El pasado 1º de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa preferente de Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es de celebrar que se haya considerado prioritaria esta propuesta de Ley, y que al considerarse preferente, obligue al Congreso a revisarla y aprobarla en un máximo de 30 días.  Es también un logro que se intente legislar con urgencia para atender la violación constante a sus derechos del que son víctimas día a día niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Sin embargo, haciendo un análisis detenido, la propuesta tiene fallas y carencias serias, que en principio denotan una falta de enfoque de derechos humanos en su elaboración, y sobre todo la necesidad de un cambio de paradigma para dejar atrás la visión asistencialista de la defensa y protección de los derechos de la infancia, hacia una en la que se les considere sujetos de derecho. Mientras no se dé este cambio de visión, las acciones que se lleven a cabo serán meramente cosméticas, desde un rol tutelar y proteccionista del Estado, y no uno que los involucre activamente como titulares de derechos.

En principio, la iniciativa de Ley no plantea el reconocimiento explícito de la ciudadanía jurídica de niñas, niños y adolescentes, por lo que no logra ampliar la atención del Estado más allá de un cuidado proteccionista y asistencialista, y no propone espacios de autonomía para su participación en los espacios públicos que tienen que ver con su vida cotidiana y con los asuntos que son de su interés.

Un aspecto propuesto por la Ley y que habrá que analizar con detenimiento tiene que ver con la reglamentación para que los medios de comunicación publiquen información sobre niños, niñas y adolescentes sin violar su derecho a la intimidad. Sin duda es necesario vigilar el que los medios tengan responsabilidad en el manejo de datos e información de manera que se proteja su identidad, privacidad y seguridad. Sin embargo, hay que ser muy claros en las disposiciones de dicha regulación, ya que se corre el riesgo de que se maneje con discrecionalidad o de que se limite la libertad de expresión de las y los niños y adolescentes. Es necesario garantizar que tengan presencia en los medios para que estén representados y se escuche su voz, y para visibilizar las violaciones a sus derechos y las agresiones de que son víctimas diariamente. ¿Cómo se utilizaría esta ley, por ejemplo, para sancionar la reciente “inspección” a que fueron sometidos niños y niñas en Zócalo del Distrito Federal el pasado 15 de septiembre al acudir junto con sus familias a dar el grito de Independencia? Las imágenes difundidas en las redes sociales son más que evidentes y muestran la visión de fondo que tiene el gobierno federal en torno a los derechos de la población infantil y juvenil.

La Ley deja pendiente también la atención a una población doblemente vulnerable: los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Al no incluir en la propuesta lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una ley que los invisibiliza y los discrimina nuevamente.

Si se quiere de verdad atender las situaciones emergentes que esta población enfrenta de manera cotidiana en nuestro país, se requieren leyes y estrategias específicas que garanticen el derecho a todos los principios señalados en la Convención, recordando que ningún principio se garantiza en su totalidad sin la presencia de los otros. Y que para asegurarlos se requiere mucho más que buenas intenciones, se necesita un presupuesto autónomo y específico, un cambio de paradigma, capacitación y sensibilización en todas las instituciones públicas vinculadas con su atención, sanciones ejemplares ante la violación de sus derechos, acciones que provoquen cambios concretos en las forma en que funcionan las instituciones en este país, y  procesos de evaluación de las políticas implementadas que permitan su corrección a corto plazo y la continuidad de aquellas estrategias que funcionen. Se trata de atender a necesidades reales, y no sólo de maquillar o apagar fuegos mediáticos y superficiales. Impulsar el cambio cultural y estructural que nos lleve a construir un México propicio para el desarrollo de la infancia y la juventud.

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