Corrupción

¿Por qué la ley 3 de 3 no entró en sesiones ordinarias?

Podría decirse dos cosas: 1) los senadores no le dieron prioridad o 2) no alcanzaron a tocar el tema. Las organizaciones de la sociedad civil nos hemos organizado para solicitar que incluyan este tema dentro de una sesión extraordinaria. (Change-Sesión extraordinaria para aprobar Sistema Nacional Anticorrupción)

La Ley 3 de 3 se encuentra dentro de los temas con menor relevancia para los senadores, es decir “El Congelador”. Esta ley, cuyo nombre formal corresponde a: Ley General de Responsabilidades Administrativas forma parte de un conjunto de leyes que integran la propuesta del Sistema Nacional Anti Corrupción. Ya que, la Ley 3 de 3 dará pocos resultados por sí sola debemos de pedir un sistema integral para que está ley funcione y conocer a profundidad las implicaciones que traería para los gobernantes.

Ya que la Ley 3 de 3 no puede combatir toda la corrupción, la Ley 3 de 3 forma parte de un conjunto de reformas y nuevas leyes (siete en total) del Sistema Nacional Anticorrupción. Es indispensable el diseño de buenas leyes pero no suficiente. Necesitamos también de instituciones con atribuciones, recursos y autonomía política para que funcione adecuadamente. Empero, al crear nuevas leyes es importante mirar con lupa los recovecos de las leyes asegurándonos de verificar quiénes serán las dependencias encargadas de ejercer estas leyes y sobre todo que sean Organismos Públicos Autónomos.

Senadores del PRI y el Partido verde han comenzado a tomar la iniciativa para presentar una propuesta pero ¡ojo! no incluye todo lo que se plantea en la iniciativa de Ley 3 de 3

Algunos puntos generales del debate:

  1. Las declaraciones serán completas pero podrán suprimir la información que sea catalogada como confidencial con base en lo que marca la ley
  2. Que sea obligatorio, o por voluntad de los funcionarios, el publicar la información de los bienes adquiridos por los servidores públicos.
  3. Las declaraciones -en versiones públicas- deberán ser completas y disponibles al público con excepción de los datos personales.

Por último como ciudadanos no podemos dejar esta discusión exclusivamente a los partidos políticos, por esto debemos de estar atentos y ser activos en la discusión del proceso. Podemos utilizar las plataformas de Change para solicitar firmas y pedir a los senadores a través de las redes sociales que respondan a nuestras observaciones. Aquí les presentamos algunas de las cuentas de los senadores donde les podrían dirigir sus comentarios.

Mesa Directiva:
·      Senador presidente: Roberto Gil Zuarth
·      Senador vicepresidente: Rosa Adriana Díaz L.
·      Senador vicepresidente: Arturo Zamora
·      Senador vicepresidente: Luis Sánchez Jiménez
·      Senador Secretaria: Hilda Flores
·      Senador Secretario: Octavio Pedroza
·      Senador Secretario: Luis H Fernandez
·      Senador Secretaria: María Elena Barrera
·      Senador Secretaria: Ana Gabriela Guevara
Junta de Coordinación Política
·      Presidente: Emilio Gamboa Patrón
·      Coordinador: Fernando Herrera
·      Coordinador: Miguel Barbosa
·      Coordinador: Carlos Puente Salas
·      Coordinador: Sen Manuel Bartlett
·      Grupo Parlamentario: Miguel Romo
·      Grupo Parlamentario: Sen. Lucero Saldaña
·      Grupo Parlamentario: Sonia Mendoza Díaz
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana
·      Presidente: Pablo Escudero
·      Secretaria: Anabel Acosta Islas
·      Secretaria: Marcela Torres P.
·      Integrante: Daniel Amador
·      Integrante: Rocío Pineda
·      Integrante: Ernesto Ruffo Appel
·      Integrante: Laura Rojas
·      Integrante: Armando Ríos Piter
·      Integrante: Luis H Fernandez
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400 organizaciones denuncian la iniciativa de Ley General de Transparencia como un retroceso en materia

En febrero de 2014 se aprobó una reforma constitucional de avanzada en materia de transparencia. En sintonía con este espíritu de apertura y colaboración que animó dicha reforma a finales del año pasado, el Senado de la República en conjunto con redes de organizaciones de la sociedad civil desarrolló una iniciativa de Ley General deTransparencia (LGT) que ampliaba considerablemente la protección del derecho de acceso a la información.
La ley por mandato constitucional tenía que ser aprobada por ambas cámaras a más tardar el 7 defebrero, ya que el artículo segundo transitorio de la reforma al artículo sexto constitucional establecía el plazo de un año para expedir las leyes en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivos. El plazo ya venció y la iniciativa deley sigue sin seraprobada.
No obstante nuestra preocupación se presenta en las intenciones regresivas de las negociaciones parlamentarias que se resuelven en el Senado. De aquí se desenvuelven ocho principales:
1-Sanciones que limitan el derecho de acceso a la información. El artículo 208, añadido desde diciembre del 2014, incluye la posibilidad de sancionar a los funcionarios de los organismos garantes cuando revelan información que pudiera generar daños a los sujetos obligados. La indefinición de la presunción de “generar daño” permite numerosas interpretaciones que fomentan la indeterminación e imprecisión de los argumentos legales.
2- La desaparición de la obligación de generar la información. La propuesta de Ley obliga a generar la información y a documentar todos los actos de los sujetos obligados. Uno de los principales problemas del actual sistema es que los sujetos obligados niegan la información adjudicando su inexistencia. Con las modificaciones propuestas, basta con que la autoridad justifique que no ejerció las facultades que la ley le atribuye para declarar la información inexistente. En otras palabras, los sujetos obligados simplemente podrán responder que no se documentó cualquier solicitud. La omisión de esta disposición impide que la Ley General de Transparencia efectivamente pueda concretar uno de los principales objetivos que tuvo la reforma constitucional de transparencia.
3- Se limita el acceso a la información sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Las propuestas de modificación ignoran disposiciones establecidas desde 2002 en la Ley Federal de Transparencia cuyo alcance ha sido desarrollado a través de criterios de la Corte y determinan que sólo se podría acceder a información de violaciones graves o delitos de lesa humanidad, si hay un pronunciamiento previo de autoridad competente. Es decir, para que se aplique la prohibición de reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos como lo estipula el último párrafo del articulo 14de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información Pública, es obligatorio que previamente las autoridades competentes (como la CNDH o la CIDH) hayan calificado el hecho de esta manera. Ello es un retroceso pues debilita al IFAI en sus atribuciones.
4- Reserva de información por causal de estabilidad económica, seguridad nacional e integración de nuevas reservas. Las interpretaciones de las causales de estabilidad económica y seguridad nacional pueden ser muy amplias y por lo tanto abren la posibilidad de reservar una multitud de información. Por ejemplo, el daño a la estabilidad económica como causal de reserva puede ser un elemento para mantener en la opacidad cualquier tipo de información si tomamos en cuenta que los acontecimientos políticos y sociales en el país impactan directamente en las fluctuaciones de los precios y en el valor del dinero. Asimismo se elimina la obligación de demostrar “interés legitimo” para clasificar información relacionada con seguridad nacional, lo que es contrario a los principios de Johanessburg. Además no sólo se propone dejar la estabilidad económica, monetaria y financiera y la seguridad nacional como causales de reserva, sino que se añaden dos causales más como los expedientes judiciales y los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado y la que por disposición expresa de una ley sea considerada como tal. Esto último vulnera el principio de prevalencia de la ley de acceso y evita que la
legislación sea efectiva.
5- Eliminación de la prueba de daño. Se elimina la obligación para los Comités deTransparencia de fundar y motivar la clasificación de la información por medio de la aplicación de la prueba de daño. Se propone que la prueba de daño sólo se haga cuando exista un recurso de revisión, esto significa que los sujetos obligados no tendrán que valorar si el daño causado por la difusión de la información es mayor o menor que el interés público de conocerla, considerando multiples posibilidades para negar información. Lo anterior les evita justificar su decisión directamente a las personas a las que se les niega la información, sino hasta que lo solicite el órgano garante.
6- Intervención ampliada del Consejero Jurídico contraviene al principio de inatacabilidad de las resoluciones del IFAI. Algunas modificaciones al artículo 190 establecen que el Consejero Jurídico podría -a petición de cualquier sujeto obligado independientemente de si es del Ejecutivo o no- recurrir las resoluciones del IFAI ante la SCJN y los sujetos obligados tendrían que informarle en cuanto se les notificara una resolución que consideren atenta contra la seguridad nacional. Esta sería una facultad injustificada y desproporcional que implicaría dilaciones del procedimiento de acceso a la información.
7· Desaparecen las obligaciones de transparencia relacionadas con la gestión pública de las actividades de explotación de hidrocarburos. Los recursos naturales como el petróleo y el gas pertenecen en dominio a la Nación, razón por la cual su explotación debe ser hecha en función del interés público, de manera transparente y con plena participación de la sociedad. Sin embargo, a partir de la Reforma Energética el gobiemo busca manejar esta industria bajo un régimen especial, mismo que busca hacer con los mecanismos de transparencia y acceso a la información
sobre la materia. Al tratarse de un recurso público, es necesario que en su gestión se sujete a los más amplios estándares de transparencia y acceso a la información establecidos en el artículo 6 de la Constitución y en la ley que los reglamenta. No se debe permitir un régimen especial establecido en otras leyes que mantenga este sector en la opacidad. Además esta disposición también vulnera el principio de prevalencia de la ley de acceso y evita que la legislación sea efectiva.
8- Se elimina la obligación de transparentar el listado de personas que han recibido cancelaciones y condonaciones en materia tributaria. Esta disposición es contraria a los últimos avances en materia de acceso a la información en el país. El propio IFAI ha resuelto a favor de la entrega de esta información y, el año pasado, impuso una denuncia en contra del SAT que no cumplió con esta resolución. Asimismo en 2013 el Congreso reformó el llamado secreto fiscal, a fin de que por primera vez se hagan públicos los datos -nombre, RFC y montos- de los contribuyentes beneficiados por condonaciones o cancelaciones de créditos.
Los cambios planteados en el documento de modificaciones merman los alcances de la reforma constitucional de transparencia y soslayan los avances y criterios emitidos por las cortes nacionales e internacionales en materia.
Por lo anterior, a nombre de los miembros del Consejo Consultivo del Instituto deTransparencia e Información Pública de Jalisco, exigimos al Senado de la República aprobar la iniciativa presentada el 2 de diciembre de 2014. El dictamen debe considerar la eliminación de las sanciones a los funcionarios públicos de los organismos garantes (artículo 208) y la supresión de la causal de reserva de información de estabilidad económica, así como cualquier otra disposición que afecte la amplia y progresiva protección del derecho de acceso a la información.

JOSÉ BAUTISTA
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EINFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO

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LA LEY Y LAS CONCESIONES A LOS AMIGOS DEL PRESIDENTE

Miguel Ángel Montoya*

 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) que actualmente nos rige en materia fue expedida en 1992 por Carlos Salinas  creando la figura de las concesiones como mecanismo jurídico para privatizar el agua, aunque no totalmente, ya que de algún modo se tuteló el agua destinada al suministro público creando la figura de la asignación. La  figura de la asignación se asocia al interés público mientras que la de concesión al interés privado. El conjunto de  reformas mas importante a la LAN sucedió en 2004 con Vicente Fox, para que, entre otras cosas, particulares pudieran operar la infraestructura hidráulica federal, también bajo concesión.

 

El abuso y permisividad en el régimen de  concesiones nos condujo a la sobrexplotación, a la creciente  contaminación  y a la inequidad en el acceso a este recurso vital, por eso es que en abril de 2011 cuando los diputados federales reformaron la Constitución para establecer el derecho humano al agua dispusieron en un artículo transitorio derogar  la LAN y expedir una nueva Ley de carácter general para hacer realidad el “uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”, condiciones esenciales para la realización de ese derecho, mismas que también se plasmaron en aquella reforma constitucional que terminó de promulgarse el 8 de febrero de 2012.

 

Después de tres años de olvido, la mayoría legislativa y el ejecutivo federal tienen prisa por atender el pendiente, pero no por interés en dar cumplimiento al  derecho humano al agua, la  obligación legislativa les ha dado el pretexto ideal para poner en manos de grandes consorcios constructores, -con intereses simultáneos en agua, energía, gas y petróleo-,  cantidades ilimitadas del vital líquido que podrán destinarse en forma irrestricta a procesos intensivos en consumo y contaminación de agua como el fracking.

 

Tales cantidades de agua provendrán de trasvases los cuales son ecológica y financieramente insustentables. El proyecto[i] del Poder Ejecutivo dedica un capítulo a los trasvases, pero no para restringirlos o acotarlos a situaciones de emergencia, sequía o desabasto, sino para impulsarlos e imponerlos a punta de expropiación (utilidad pública) y para que concesionarios puedan hacerlo de manera directa a favor de si mismos, o de manera indirecta  cuando sean los gobiernos y los operarios privados los que lo hagan a favor de otros concesionarios.  Del borrador inicial a la versión final, el concepto de trasvase se modificó. Originalmente definido como un  acto de traslado de las aguas de una cuenca a otra, se  añadió la nada  inocente disposición de  ser también un acto de aprovechamiento, uso y explotación de las aguas nacionales, por lo tanto, objeto de concesión. El proyecto  pretende que  toda concesión pueda durar  -con la prórroga prevista- hasta 70 años.

 

El núcleo medular del proyecto y que da sentido a todas las demás modificaciones radica en cancelar la figura de la asignación. En la actualidad los trasvases que se realizan en México ocurren con una finalidad específica comprendida en el término asignación, la cual es es  la prestación del servicio publico de suministro de agua, esto es, que  ocurren en beneficio de  asignatarios, llámese entidades federativas, municipios u organismos encargados de prestar el servicio. Bajo los intereses que representa este proyecto la figura de la asignación era un estorbo, pero ahora, al eliminarse,  los particulares podrán disponer de una cantidad exponencial de millones de m3 de agua y destinarla a cuantos usos les quiera autorizar la Conagua  ya sin la atadura de ser destinados obligatoriamente al suministro público.

 

Desde que quedaron instituidas en la Ley, las concesiones siempre incluyeron permisos para  descargas, las cuales ahora también podrán solicitarse para “infiltrar aguas residuales en cualquier terreno cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos” -y todavía hay quien sostiene que el fracking no esta contemplado ni promovido en el proyecto del Ejecutivo-. Las inconsistencias y excesos detectados en el Acueducto Monterrey VI, a cargo de grupo Higa,  cobran sentido y funcionalidad  a la luz de este propuesta legislativa que nos propone transitar del actual modelo de sobrexplotación-contaminación a un modelo de expoliación del recurso, donde lo que importa es extraer agua a como dé lugar y concentrarla en manos de privados, sin importar los costos económicos, sociales y ambientales.

 

* Consultor independiente y desde 2006 asesor del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en materia de Gestión Integral del Agua.  Miembro de la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana (ANIU)).  miguel_angel_montoya@hotmail.com; 

twitt:@miangel_montoya;  https://www.facebook.com/miguelangel.montoya.96


[i] Anteproyecto: “Ley General de Aguas” presentado por  la Conagua ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y dictaminado por esa instancia el 9 de diciembre de 2014  mismo que se presentará como Iniciativa de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el último periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura durante el mes de febrero de 2015. http://www.cofemermir.gob.mx/mir/crLecAnte.asp?seccionid=F125&formId=125&submitid=33368

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“El remedio y el trapito” para avanzar en la rendición de cuentas

Por: José Bautista Farías, Académico Investigador del CIFS-ITESO

La Red de Rendición de Cuentas (RRC) elaboró un “Programa Especial de Rendición de Cuentas (PERC) del Gobierno Federal 2014-2018” (disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/PERC/) que contiene propuestas de objetivos, líneas de acción e indicadores para que el Ejecutivo Federal las lleve a cabo. En su elaboración participaron 75 instituciones académicas, públicas y organizaciones sociales que forman parte de dicha red.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que en la “Administración Pública del país existen diversos factores que inciden negativamente en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Esto incluye deficiencias en materia de documentación y archivos, así como problemáticas relacionadas con la asignación presupuestal y su vinculación con mecanismos de evaluación. La diversidad de criterios y la fragmentación institucional no logran generar resultados comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas”. En síntesis, en rendición de cuentas andamos mal y en combate a la corrupción peor.

En el diagnóstico que presenta la RRC en programa citado, se apunta que los mexicanos hemos avanzado en la institucionalización de los valores de la democracia en los procesos político-electorales, pero no hemos conseguido democratizar el ejercicio de la autoridad pública. Se destaca la ausencia de una política integral, coherente y completa para que los gobernantes informen, expliquen y justifiquen cómo usan los dineros públicos, cómo toman decisiones, cómo responden ante los errores o fallas de las políticas y programas de cuyo diseño, implementación y gestión son responsables. Se señala que la eficacia del gobierno en el logro de objetivos con apego a la legalidad y responsabilidad financiera sigue siendo muy cuestionable. Se apunta que prevalecen importantes problemas de simulación, asimetrías en los criterios empleados por las instituciones gubernamentales para determinar qué documentos deben considerarse públicos, y existen fuertes resistencias a la apertura informativa en varios sectores. Se dice que los esquemas de asignación presupuestal siguen descansando en la inercia y en la opacidad, basados en la discrecionalidad y el cálculo político.

Las propuesta del PERC gira en torno a siete ejes: i) un sistema de rendición de cuentas integral, coherente y articulado que justifique las decisiones de política tomadas e identifique a los responsables de su implementación; ii) un sistema de gestión de archivos ordenado; iii) mecanismos que aseguren el derecho de acceso a la información pública bajo principios de máxima publicidad y disponibilidad; iv)  la asignación y ejercicio presupuestal consistente, integral, transparente, orientado a resultados; v) un proceso de adquisiciones gubernamental eficiente, transparente y honesto, que los ciudadanos puedan conocer oportunamente; vi) un sistema de contabilidad armonizado y transparente, y vii) mecanismos eficaces de monitoreo y evaluación de objetivos oportunos.

Se plantean objetivos, líneas de acción e indicadores para cada uno de los ejes. En cada punto se aportan datos y argumentos que resaltan la problemática y necesidad del cambio a favor de buenas prácticas de rendición de cuentas. Por ejemplo, se apunta que actualmente el presupuesto público se entiende sólo como un instrumento del gobierno y no como una herramienta al servicio de los ciudadanos. A este respecto, el 53% de los países encuestados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el tema de procedimientos presupuestales, hace pública la metodología de sus proyecciones macroeconómicas y fiscales, en México se mantiene en la opacidad. La OCDE documentó que 50% de los países hacen revisiones de fiscalización independientes, en México esto aún no sucede. Por si fuera poco, en nuestro país una vez aprobado el presupuesto, éste sufre modificaciones durante su ejecución sin haber sido aprobadas por el Poder Legislativo, ni suficientemente explicadas a la sociedad, ni justificadas cabalmente.

Otros problemas importantes se relacionan con los llamados gastos extrapresupuestarios que, en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia, suelen usarse en México (los llamados ingresos por excedentes en los precios del petróleo). Tenemos también que la Cuenta Pública auditada de cualquier año fiscal está disponible 14 meses después, cuando la OCDE recomienda que para promover la transparencia presupuestaria debería estarlo por lo menos en 6 meses después del final del año fiscal. A este respecto, el 92% de los países encuestados por esta organización sobre este tema, disponen de una cuenta pública auditada en menor tiempo que en nuestro país.

El Programa Especial de Rendición de Cuentas 2014-2018, plantea su implementación en dos fases: a) una de “Construcción de Condiciones de Rendición de Cuentas”, del 2014 al 2015, y b) otra de “Consolidación de Buenas Prácticas de Rendición de Cuentas”, del 2016 al 2018. También propone un mecanismo de seguimiento a través de una plataforma electrónica sencilla, accesible a los ciudadanos, que permita consultar en tiempo real la información generada, así como también verificar el cumplimiento de los indicadores por parte de las instituciones federales con apoyo de las organizaciones civiles especializadas en la materia e instituciones de educación superior, a través de “Comités de gestión y seguimiento”, integrados por representantes del Gobierno Federal, el Poder Legislativo, la academia y las organizaciones de la sociedad civil.

En síntesis, la RRC le está entregando al gobierno de Enrique Peña Nieto “el remedio y el trapito” para avanzar en la rendición de cuentas– que se señala como el talón de Aquiles de esta administración–. ¿Aceptará el reto el Ejecutivo Federal de su posible implementación? ¿Intentará el Gobierno Federal al menos establecer canales de diálogo para analizar y enriquecer esta propuesta? Sería deseable que esto ocurriera y más aún, que los ciudadanos lo exigiéramos por el bien de México.

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Corrupción jalisciense: El 56% de nuestra población, reporta que los actos de corrupción son muy frecuentes

 Por: Jorge Narro Monroy

 En junio pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hizo públicos los resultados de su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 (ENCIG). La información se levantó entre noviembre y diciembre de ese año y los resultados “son representativos de la población de 18 años y más que reside en poblaciones urbanas de 100 mil y más habitantes”.

Pues bien, Jalisco no queda nada bien parado en lo que se refiere a percepción de la corrupción.

El 56% de nuestra población (1 millón 690 mil personas), reporta que los actos de corrupción son muy frecuentes. Este dato coloca a la entidad en el nada honroso tercer lugar en el país, sólo superada por el Distrito Federal y Michoacán. Añadamos que la media nacional es de 48% de los mayores de 18 años…

Pero nada nuevo tratándose de Jalisco:

En la encuesta de percepción del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2013-2033, “63% por ciento de los encuestados mencionó la necesidad de combatir la corrupción (…) y 72% dijo considerar inefectivas las acciones del gobierno para combatir la corrupción” (Gobierno abierto y rendición de cuentas, p. 594).

Y nada nuevo siendo Aristóteles Sandoval el titular del Ejecutivo:

En una encuesta a usuarios de servicios públicos realizada a mediados de 2011 por Profesionales por la Ética, la Academia Jalisciense de Transparencia y Acceso a la Información y Smart Comunicación, el municipio de Guadalajara (entonces gobernado por Sandoval) resultó, en la zona metropolitana, el de mayor corrupción: 89.9% de los entrevistados dijo que en la administración el problema era “igual o peor” que en la anterior (la de Alfonso Petersen).

Guadalajara era la demarcación donde más ciudadanos habían vivido o sido testigos de un acto de corrupción: 43.9% de los encuestados. De acuerdo al estudio, en el 74.81% de los casos la corrupción fue inducida por el funcionario público, en tanto que 19.26% la propició el ciudadano. La corrupción se presentaba de diversas formas, pero era en el soborno donde más se reflejaba: 47.54% de los entrevistados aseguró haber estado involucrado en un soborno y 24.59% dijo haber sido extorsionado en alguna ocasión por elementos policiacos. (Ver: crónicadesociales.org, 7 septiembre 2011)

Tengo una hipótesis para explicar el incremento del fenómeno.

En los tiempos de la “dictablanda” priista, los funcionarios y los políticos afiliados al tricolor, seguros de la perdurabilidad del régimen, podían robar de a poquito: tenían años y años asegurados en la administración pública y, por tanto, años y años para sacarle jugo. No por nada la célebre sentencia “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, del veracruzano César “El Tlacuache” Garizurieta.

Pero se inició la alternancia (primero en los municipios, luego en los estados y finalmente en el Gobierno federal) y con ella la incertidumbre. Un político (ya no sólo del PRI) únicamente podía estar seguro del puesto que ocupaba: “Hoy tengo hueso, mañana quién sabe”. En otras palabras: “Hoy puedo robar, mañana quién sabe”. ¡Y a robar se ha dicho! A robar con una voracidad y una urgencia brutalmente depredadoras.

Los panistas siguieron el ejemplo de los priistas y los superaron. La fugacidad de las oportunidades los “obligaba”. Los perredistas, por supuesto, no se quedaron atrás. Y al regresar al poder los tricolores, habiendo aprendido la lección, se han refinado.

En 2007, casi un año después del arribo a la Gubernatura de Jalisco del panista Emilio González Márquez, la entidad se encontraba “en el promedio nacional de la escala en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que construye la organización ‘Transparencia Mexicana’.” (Cesjal, Actualización Jalisco a Futuro, enero de 2012). En 2013, ocho meses después de la toma de protesta de Aristóteles Sandoval, y a decir del INEGI, estábamos en el tercer lugar nacional en percepción de corrupción, ocho puntos porcentuales por arriba de la media…

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Proponen soluciones para mejorar la gestión del agua

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[15.sep.2014] Algunos participantes del Diálogo de Frente No. 1, enfocado en el tema del Agua y convocado por la iniciativa Tómala, se reunieron el jueves 11 de septiembre a las 11:30 horas en Casa Cem para exponer al público las conclusiones de las ideas que surgieron en la discusión.

Para abarcar toda la información las conclusiones se expusieron en 5 bloques: el modelo de gestión deficitario, la paradigma orientado a la demanda, la mercantilización del acceso al agua, la ausencia de gobernanza democrática y la limitada información para la planeación.

Cada tema fue expuesto por un ponente diferente, entre ellos José Bautista, del Programa de Empoderamiento y Conflictividad del CIFS, quien habló de la lógica de mercantilización actual del agua y mencionó que actualmente ese paradigma no arroja los objetivos esperados.

Romina Martínez Velarde, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), quien inició con las conclusiones, mencionó que los proyectos que afectan el medio ambiente necesitan un sistema integral para la toma de decisiones, ya que estos suelen hacerse al revés. Es decir, cuando hay una propuesta, se buscan evidencias sencillas para justificarlo y al final se consulta a las personas si están de acuerdo, muchas veces sin brindar información clara y sin incluir una participación real de la ciudadanía.

Hector Castañón quien coordinó el diálogo, invitó a Pedro Arrojo a que compartiera su visión como extranjero y experto en la gestión del agua al respecto de las conclusiones expuestas aquel día.

El Dr. Arrojo habló de hacer cambios en la concepción de lo público, dejar a un lado la mitificación de que es algo oscuro y corrupto, porque dijo que la solución está en democratizar y hacer transparente la función pública. Con esto enfatizó que la privatización no es la solución, porque si el derecho al agua se convierte a un sistema de mercado, vuelve a los ciudadanos en clientes y  excluye a los que no tienen recursos para obtenerlo.

Recalcó una alternativa ante la crisis global del agua: “un cambio en contra del paradigma de la dominación de la naturaleza para nuestro beneficio inmediato. Esto nos lleva a transformar la cultura de discriminar, maltratar y golpear el medio ambiente, de manera que empecemos a entender a los ríos como ecosistemas de vida de los que dependen todos los seres vivos y que un bosque no es un almacén de madera”.

Pedro Arrojo finalizó con el tema de la democracia. Concluyó con el reto de profundizar en la democratización de  la transparencia y la real participación en cuestiones significativas, con nuevo modelo de gestión pública participativa y proactiva.

 

*Toda la información que surgió está disponible en la siguiente liga: http://tomala.mx/reportaje-completo-dialogo01/

Nota relacionada: http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/548354/6/tomala-concluye-que-se-tiene-un-modelo-de-agua-deficitario.htm

Texto y foto: Alejandro Tiscareño De Alba

 

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¿Y el combate a la corrupción? En Ocasión del Informe del Presidente EPN

José Bautista Farías (Académico del CIFS-ITESO).

11 de septiembre de 2014. El 3 de septiembre del 2014, un día después del segundo informe presidencial de Enrique Peña Nieto, el Foro Económico Mundial dio a conocer el Informe de Competitividad Global 2014-2015, en el que se destaca que México retrocedió –por segunda ocasión- en el ranking global al ubicarse en el lugar 61 de 144 países evaluados. Nuestro país descendió seis puestos del ranking mundial con respecto del año 2013, pese a las reformas estructurales, quedando por debajo de Chile, Costa Rica y Brasil, quienes ocuparon los lugares 33, 51 y 57, respectivamente. Suiza se mantiene por sexto año consecutivo como el país más competitivo, seguido de Singapur,  Estados Unidos, Finlandia y Alemania (http://www.weforum.org/).

Esta clasificación se basa en el Índice de Competitividad Global (GCI), creado por el Foro Económico Mundial desde el 2004. Dicho foro define a la competitividad,s, ómico Mundial desde el 2004. como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la productividad de un país”, su clasificación se calcula con base en datos a nivel nacional de 12 categorías: instituciones, infraestructuras, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de las empresas e innovación.

Algunos analistas señalan que el pobre desempeño de México en el índice de competitividad se vio afectado por la baja calidad del sistema educativo y el bajo desarrollo tecnológico. El reporte apunta que el principal obstáculo para avanzar en los niveles de competitividad en nuestro país, es la corrupción, además de la burocracia, la carga impositiva, el acceso al financiamiento, la educación y el sector de telecomunicaciones, entre otros.

El combate a la corrupción, fue justo la parte que omitió citar Enrique Peña Nieto en su segundo informe de gobierno. Según algunos analistas, es la parte más olvidada de esta administración, no obstante que forma parte del denominado Pacto Por México, que firmaron los principales partidos políticos y el ejecutivo federal. Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, afirmó que en México es un hecho el manejo corrupto del dinero público; reveló que en cuatro años de su gestión, las denuncias penales documentadas pasaron de más de 30 a 400. Subrayó que la insuficiencia de mecanismos de control en las dependencias de gobierno, aunado a la proclividad de algunas personas a cometer ilícitos, genera corrupción. El círculo perverso de este fenómeno se cierra cuando no hay nadie que lo impida o hay facilidades para cometerlo sin que haya sanción (Excélsior 04/09/2014). La realidad social del país, contrasta con el discurso triunfalista del presidente. ¿Cuándo tendremos una política pública integral de combate a la corrupción y rendición de cuentas?

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