Empoderamiento y Conflictividad Social

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), autonomía en riesgo

José Bautista Farías[1]

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha presentado como un entramado institucional con atribuciones para el combate efectivo de la corrupción que padece nuestro país, derivado de acuerdos políticos entre actores sociales y del gobierno. Sin embargo, existen  varios signos de alarma que ponen en riesgo la autonomía y los alcances de este incipiente modelo, veamos:

  1. La falta de acuerdos en el Senado para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, dando lugar a la instalación (el 04/04/17) del SNA incompleto. Dicho espacio fue asumido en su lugar, momentáneamente, por Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República (PGR), exdiputado federal y exsenador por el PRI, fue consejero político y coordinador de asuntos jurídicos del comité ejecutivo nacional de ese partido, cercano al presidente.
  2. El Acuerdo A/029/17 de la PGR (del 17/04/17) que modifica el diverso A/011/14 anterior, por el que se crea la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, encargada de la investigación y sanción de este tipo de delitos, podrían anular la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, por lo siguiente: a) establece la aceptación del procurador general para la aprobación de los planes y programas destinados a detectar la comisión de delitos por actos de corrupción; b) sujeta al consentimiento del titular de la PGR los nombramientos de los agentes del ministerio público federal, adscritos a la Fiscalía Especializada Anticorrupción; c) modifica, deroga o abroga las normas administrativas del Fiscal Anticorrupción cuando éstas contradigan a las emitidas por la PGR.
  3. La propuesta enviada al Senado por Enrique Peña Nieto de 18 aspirantes a ser magistrados anticorrupción, los cuales deberán ser ratificados por los legisladores. Al respecto, el Comité de Participación Ciudadana del SNA envió una carta al presidente y al Senado de la República (el 02/05/17), objetando dichos nombramientos por que no observaron los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad y con ello “se privó a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos empresariales, a los colegios profesionales y a los ciudadanos en general de evaluar, opinar y cuestionar el perfil personal y profesional, no sólo de quienes fueron designados, sino de todos aquellos que contendieron a ocupar uno de esos cargos”.

¿Por qué es importante que el SNA cuente con un Fiscal autónomo al igual que los magistrados y agentes del ministerio público federal que formarán parte de este organismo? Porque que es fundamental que las acciones y decisiones de estos servidores públicos no estén maniatadas a los intereses de los altos funcionarios que pudieran estar involucrados en redes de corrupción;  porque es la única forma de generar contrapesos que contrarresten los abusos de poder y limiten la impunidad que prevalece en el país. Además, es la única manera de garantizar imparcialidad en las investigaciones de los actos de corrupción y el establecimiento de sanciones.

Para dimensionar la relevancia de la autonomía del Fiscal Anticorrupción, pensemos qué habría sucedido si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, impone como Fiscal del Sistema Estatal Anticorrupción a Francisco Portilla Bonilla, como de hecho lo intentó, pero fue rechazado por el Congreso de esa entidad. De haberse concretado este nombramiento seguramente Duarte no estaría encarcelado en estos momentos en Guatemala, ni sometido a juicios por actos de corrupción.

El SNA está en riesgo de claudicar en el combate efectivo a la corrupción si su autonomía se ve socavada por los intereses partidistas y del gobierno, a no ser que los ciudadanos organizados lo impidan por medio de la movilización y la manifestación política en todos los espacios a su alcance, incluido los procesos electorales en puerta.

 

[1] Académico del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.

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Información para abatir las desigualdades.

José Bautista Farías[1]

Del 28 al 30 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la Semana Nacional de Transparencia, convocada por el INAI que tuvo como tema central a la información pública para combatir la desigualdad, con el objetivo de “identificar la información pública que existe y que falta para fortalecer e implementar acciones para combatir la desigualdad económica y social”. El tema se analizó a través de paneles, conferencias y talleres en tópicos como: el hambre, salud, educación, género, jóvenes, democracia, transparencia, entre otros.

Según Gerardo Esquivel Hernández en México la renta y el capital se encuentra concentrada de manera tal que pocas personas se han beneficiado del poco crecimiento de la economía mexicana en las últimas dos décadas. “Así, mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco”[2]. Esquivel señala que es preocupante la excesiva e indebida influencia de los poderes económicos y privados en la política pública y en la obstrucción del ejercicio de los derechos ciudadanos, afectando con ello a los más pobres.

¿Por qué la información es un factor clave para el combate a la desigualdad?; ¿es suficiente la información para afrontar un mal sistémico como lo es la desigualdad? La información es fundamental para el conocimiento de las problemáticas asociadas a las desigualdades y la valoración de las alternativas para su combate efectivo, por lo que constituye una pieza central para la toma de decisiones de política pública. Sin información de calidad no es posible diseñar acciones estratégicas desde la esfera gubernamental o social para abatir las desigualdades. Esto nos enfrenta al reto de cómo generar la información que sea significativa para el conocimiento de problemáticas complejas y la construcción de soluciones viables. En otras palabras, no es posible diseñar políticas de igualdad de género si desconocemos las múltiples formas de exclusión, agresión y discriminación que enfrentan cotidianamente las mujeres en nuestro país.

Ahora bien, la información por sí sola no genera acciones proactivas para erradicar las desigualdades, máxime si ésta es ocasionada por el propio sistema económico. Se requiere de la política y la formación cívica para realizar acciones colectivas y vigorosos movimientos socio-culturales que pongan en el centro del debate público el combate a la desigualdad y a la pobreza. Para Oxfam México es necesario modificar las reglas del juego económicas y políticas que benefician a unos cuantos, para conformar un pacto por la igualdad entre los actores políticos y sociales. ¿Qué actores se requiere para tal empresa? los partidos, el congreso, el gobierno, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades.

Para debatir sobre las desigualdades y los males asociados a ésta necesitamos de información, argumentos, dialogo, escucha, participación, apertura, consensos y disensos que activen la inteligencia colectiva por el bien de todos, en especial de los sectores más empobrecidos y excluidos del sistema. La clase política, y la propia sociedad civil, tiene una fuerte deuda con las mayorías de este país.

En términos generales, en la Semana Nacional de Transparencia se destacaron los siguientes aspectos: i) existe basta información sobre las condiciones sociales del país generadas por las dependencias públicas; ii) esta información no es accesible a la mayoría de la población; iii) con frecuencia la información es incompleta; iv) existe opacidad en materia fiscal; v) hay resistencia a la transparencia en la exención de impuestos; vi) la transparencia es un componente central de la democracia.

Según el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016 de la UNESCO, la desigualdad puede poner en peligro la sostenibilidad de las economías, sociedades y comunidades. Por ello, las desigualdades se deben enfrentar no sólo desde el ángulo de la disparidad de los ingresos y riqueza, sino desde los ámbitos políticos, sociales, culturales, ambientales, territoriales y cognitivos[3]. Es pues una tarea compleja que implica a múltiples actores. El gobierno, la clase política y los que se benefician de las desigualdades del sistema difícilmente tomarán la iniciativa de combatir en serio esta situación; por lo que toca a las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos independientes, universidades y a las mayorías empobrecidas de este país, asumir un rol proactivo para colocar este tema en la agenda pública. Urge hacerlo, ya vamos tarde.

 

[1] Académico del Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) del ITESO.

[2] Ver: Esquivel Hernández, Gerardo, “Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político”. Oxfam, México, p. 5, disponible en: http://www.oxfammexico.org/desigualdad-extrema-en-mexico-concentracion-del-poder-economico-y-politico/#.V_0Jo8nO8Sk

[3] Ver: “Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales 2016”. Afrontar el reto de las desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo”. Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Instituto de Estudios del Desarrollo (IED), disponible en: http://www.worldsocialscience.org/

 

 

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Complexus: Las alternativas ciudadanas para otros mundos posibles: pensamiento y experiencias

¿Es de verdad evidente que tengamos una sola manera de buscar el bienestar de una sociedad? ¿No deberíamos favorecer el surgimiento de otras alternativas o posibilidades para organizarnos socialmente? ¿Sería factible combinar propósitos como la equidad, la justicia, la solidaridad, incluso el cuestionamiento a la autoridad para proyectar la sociedad que deseamos?

Ante las múltiples situaciones de deterioro del medio ambiente y de las relaciones entre los hombres que a nivel planetario y local presenciamos surgen preguntas como las anteriormente formuladas. Son cuestionamientos que suele hacerse una ciudadanía indignada que desea reivindicar su derecho a participar y decidir, a construir alternativas creativas e innovadoras en el entorno que habita.

El Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) del ITESO se ha propuesto trabajar en el tema de las alternativas ciudadanas, tanto a nivel de la reflexión como de la colaboración universitaria en la construcción de algunas experiencias en Jalisco que múltiples grupos y organizaciones de la sociedad civil están impulsando. El presente número de Complexus da cuenta de algunas de sus búsquedas y continuará ofreciendo análisis y experiencias en ediciones posteriores.

El documento que ahora ponemos a su disposición está conformado por dos partes: la primera, centrada en definir algunos conceptos y exponer ciertas teorías sobre el desarrollo y las alternativas; la segunda, hace referencia a la construcción de algunas experiencias concretas relacionadas con los programas de intervención social universitaria que llevamos a cabo en nuestro Centro.

La primera parte, Pensamiento Alternativo, está integrada por tres escritos: Diversidad y dinamismo de las alternativas ciudadanas, ¿Desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo? Repensando el concepto desde el territorio y el sur global, y, por último, La gestión compleja del agua: una alternativa.

Abre el número, un artículo de Enrique Luengo, quien ofrece una propuesta para analizar las alternativas ciudadanas emergentes. Ante las crisis recurrentes y procesos continuos de transformación, el autor se pregunta sobre las posibilidades que tiene la ciudadanía en contribuir a una redefinición de su contexto local y regional. De esta manera, se proponen una serie de definiciones de lo que se puede entender por alternativa y alternativa ciudadana, y se señala algunos criterios que habría que considerar para valorar las alternativas. El artículo final del presente documento intenta aplicar y poner en operación algunos de los conceptos aquí tratados.

El escrito de Guillermo Díaz, ¿Desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo?, es una estupenda síntesis de las diversas explicaciones sobre el desarrollo. El artículo inicia reconociendo la crisis multidimensional y analiza las dos posturas básicas que han planteado los cientistas sociales hasta el momento: una la interpreta como una crisis pasajera y cíclica, mientras, que, otros la consideran una crisis sistémica o estructural. Preguntarse por la crisis, nos dice el autor, es preguntarnos por el desarrollo. Por lo tanto, ¿qué es, entonces, el desarrollo? El responder esta pregunta lleva a Guillermo a exponer, de manera sencilla y breve, las diversas explicaciones del concepto de desarrollo según los enfoques neoclásico, estructuralista, neoliberal, las propuestas heterodoxas y el desarrollo sustentable. A través de este recorrido crítico en torno a las teorías y prácticas del desarrollo, el autor aborda el concepto de desarrollo alternativo y su relación con el territorio. Posteriormente, Guillermo presenta los nuevos pensamientos o miradas alternativas ante la crisis planetaria como son: la epistemología “desde el sur”, las transformaciones o cambios “desde abajo”, “desde los límites” y “desde dentro”, así como los aportes de la complejidad de Edgar Morin. Después de la exposición de este conjunto de teorías y posiciones en torno al desarrollo, el autor presenta un mapa teórico relacionando el grado de simplicidad-complejidad de las aportaciones con el eje sistémico-antisistémico. Lo anterior, finalmente, conduce a una propuesta que relaciona, de manera compleja, el desarrollo regional alternativo con el “buen vivir”.

El tercer artículo de Mario López, La gestión compleja del agua: una alternativa, cierra la primera sección del presente número de Complexus y abre la siguiente, pues es una aportación que se sitúa entre la frontera de la aportación conceptual y una experiencia alternativa concreta. En este sugerente artículo, Mario plantea una serie de reflexiones en torno a la manera como se aborda la problemática del uso, consumo y distribución del agua desde dos visiones comparativas: la perspectiva de un pensamiento que simplifica y fragmenta su conocimiento, y, por otra parte, la mirada del pensamiento complejo. Este trabajo es un excelente ejemplo de cómo se puede analizar la realidad social desde un pensamiento alternativo. La contribución del autor no es sólo teórica, sino que a través de su escrito plasma con nitidez la manera como pensamiento y acción se interrelacionan. Es decir, una concepción simplificada del agua conduce a acciones simplificadas; por el contario, una visión compleja permite respuestas multidimensionales mejor integradas.

La segunda parte de este número de Complexus la integran dos experiencias sobre alternativas ciudadanas que han venido desarrollando, desde hace varios años, comunidades, colectivos y grupos sociales en colaboración con académicos del CIFS, de otras áreas del ITESO y de otras universidades de la región: La alternativa educativa intercultural wixárika y Los procesos sociales en la construcción de alternativas a conflictos ambientales en la cuenca alta del río Santiago.

Cierra el número una propuesta de estudio y difusión sobre las alternativas ciudadanas que se está implementando en nuestro centro de investigación y que espera poner sus primeros resultados a disposición de los interesados en una plataforma de libre acceso en el transcurso de 2014.

Tal como lo señalamos, en el futuro próximo se contempla dar a conocer otras experiencias de intervención e investigación sobre alternativas en las que el CIFS está trabajando en un número posterior de Complexus.

El artículo sobre la educación intercultural wixárika, escrito por Alondra Barba, Rocío Landey y Oscar Hernández, expone de manera sencilla los principales componentes de los pueblos indígenas en México y, particularmente, de los wixáritari en el norte del Estado de Jalisco y entidades colindantes. De esta problematización inicial, los autores describen los principales lineamientos y características de la educación indígena en México y en la sierra wixárika. A partir de estos referentes, los autores explican el origen de las alternativas educativas generadas por las propias comunidades indígenas y el desarrollo que estos proyectos educativos interculturales han tenido a lo largo del tiempo. La riqueza de esta experiencia en construcción nos permite ver cómo son los mismos wixáritari de varias comunidades, los que deciden colectivamente buscar los medios para implementar sus propios proyectos educativos.

La otra pertinente contribución de este segundo apartado, Los procesos sociales en la construcción de alternativas a conflictos ambientales en la cuenca alta del río Santiago, de Helidoro Ochoa, Jaime Morales, Laura Velázquez, Eric Alvarado y Larizza Vélez, presenta algunos avances y aprendizajes desde el Programa de Ecología Política del CIFS, a través del acompañamiento a organizaciones sociales involucradas en la construcción de alternativas sustentables, como respuesta a los conflictos ambientales que suceden en la cuenca del río Santiago. El documento enfatiza el papel que han tenido las redes sociales para articularse y participar en movimientos sociales en sus luchas por recuperar la sustentabilidad regional, el acceso equitativo al agua y la agricultura sustentable. Los referentes concretos de estas alternativas describen la experiencia de la Red de Cajititlán por un Lago Limpio, la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias, el Mercado Agroecológico El Jilote, y la iniciativa regional para una gestión sustentable del agua en los Altos de Jalisco. Tal como señalan los autores, el énfasis de estas alternativas ciudadanas está en reinventar nuevas formas de relación entre los seres humanos y la naturaleza, así como en recrear nuevas formas de relación solidaria entre la ciudad y el campo.

Por último, la propuesta de análisis de las alternativas ciudadanas intenta exponer, de manera sencilla, el proyecto de investigación Las alternativas emergentes: procesos y acciones para una nueva reconfiguración social, el cual se está llevando a cabo en el CIFS, con financiamiento de la fundación PORTICUS y el ITESO. El proyecto pretende identificar algunas de las alternativas ciudadanas vigentes en el Estado de Jalisco, describiendo algunas de sus características, tales como propósitos, logros, destinatarios de sus proyectos, relaciones y participación en redes, etc. El resultado de este esfuerzo pretende darse a conocer en una página electrónica de libre acceso con el propósito de difundir algunos de los proyectos lo que la ciudadanía ha decidido emprender y está haciendo, lo cual puede sugerir a otros conglomerados a replicar y adaptar esas experiencias en sus propios espacios o localidades. Además, la página tiene la intención de ofrecer ciertos recursos formativos y servicios para las organizaciones de la sociedad civil y las personas interesadas.

Para terminar esta presentación, quisiéramos señalar que las alternativas que están emergiendo son consecuencia de una serie de transformaciones múltiples, muchas veces anónimas, visibles o subterráneas, decididas por una variedad de actores sociales y cuyo intereses van desde el fortalecimiento del tejido social al cuidado de nuestro entorno, desde la presión ciudadana para redefinir las instituciones públicas a las propuestas educativas innovadoras, desde la economía social y solidaria a nuevas visiones del desarrollo regional integral, etc.

En esta búsqueda de alternativas al mundo presente que vivimos no basta mejorar indefinidamente procesos e instrumentos sociales, sino que también debemos preguntarnos, una vez más, por los objetivos que deseamos alcanzar. Cuestionarnos tal como lo hace Tzvetan Todorov: ¿En qué mundo deseamos vivir? ¿Qué vida queremos construir?

Enrique Luengo González

Coordinador

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Gobierno Abierto: promesas y realidades

Por: José Bautista Farías, Coordinador del Programa ed Empoderamiento y Conflictividad del CIFS

El tema de Gobierno Abierto (GA) está de moda dentro de la administración pública, la academia y el activismo social. Pero ¿qué significa en realidad este término y qué implicaciones tiene?, ¿es factible su implementación en contextos como el mexicano? Existen diferentes enfoques respecto a este concepto: a) algunos analistas lo conciben como resultado del avance tecnológico, por consiguiente, enfatizan la importancia de las tecnologías de información y comunicación; b) otros, resaltan los principios y valores que deben imperar en el servicio público orientado al bienestar general de los ciudadanos, subrayando la organización y eficiencia del gobierno; y c) otra tendencia destaca un nuevo modelo de gestión pública con participación ciudadana donde lo central es la colaboración gobierno – sociedad civil[2].

Los promotores de este nuevo modelo de gestión de lo público resaltan cuatro pilares del GA: i) la transparencia en la administración pública ii) la rendición de cuentas; iii) la participación y colaboración de las y los ciudadanos en la atención de los problemas y iv) el uso de las tecnologías de información y comunicación. Los cuatro pilares son imprescindibles para el modelo funcione, si alguno falla se desconfigura el esquema y pierde sustento.

La autoría del GA se atribuye al presidente de los E.U. Barack Obama, como una forma de restituir la confianza de los ciudadanos en los gobiernos y una nueva manera de encarar los asuntos públicos con mayor eficacia involucrando a los ciudadanos y utilizando los recursos tecnológicos. A mediados de 2011 se constituyó formalmente la Alianza por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, AGA) en Nueva York concebido como un esfuerzo multilateral que en sus orígenes involucró a nueve países: México, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica y Tanzania. En menos de cinco años, esta iniciativa ha cobrado relevancia ya que actualmente participan 65 países en una plataforma internacional que comparten determinados compromisos: i) aumentar la disponibilidad de información de los gobiernos; ii) apoyar la participación ciudadana; iii) aplicar estándares de integridad profesional en los gobiernos y iv) aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas[3]. Todas estas son promesas que no siempre –desafortunadamente- se aterrizan en la realidad, pero estos elementos son imprescindibles para el impulso de una gobernabilidad democrática.

Estos compromisos no tienen sustento jurídico, se sostienen de la voluntad política expresa del ejecutivo de cada país y de los organismos civiles involucrados, así como en evaluaciones externas que verifican y califican el grado de cumplimiento y avance de cada plan. En México se inició con Felipe Calderón y actualmente el gobierno de Enrique Peña Nieto preside la representación internacional. Por parte de las organizaciones de la sociedad civil participan actualmente: Transparencia Mexicana, CIDAD, Fundar, Gesoc, IMCO, Artículo XIX, Cultura Ecológica y SOCIAL TIC, además del INAI (antes IFAI). Se cuenta con un Plan de Acción 2013-2015 que contiene 26 compromisos elaborados de manera conjunta, entre los que destacan: elaboración de una base de datos sobre desaparecidos; gasto abierto en obra pública; datos abiertos; datos de educación superior; minería; medio ambiente, entre otros[4].

Las relaciones entre el ejecutivo federal y las organizaciones civiles no han sido fáciles ni tersas. En el reporte de avances del plan citado, el núcleo de organizaciones que promueven la AGA en México reconocen la apertura del Gobierno Federal en la presencia de público y medios de comunicación interesados en el conocimiento y revisión del plan de actividades, así como avances significativos en la mayoría de los compromisos. Empero, advierten del riesgo de incumplimiento en cinco compromisos relacionados con los temas de seguridad, justicia, industrias extractivas y educación[5]. Estas son las realidades nada sencillas con las que hay que lidiar para encontrar alternativas creativas a través del diálogo y la concertación.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 4 de mayo del año en curso, establece como atribución de los órganos garantes (nacional y estatales) fomentar los principios del GA y establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales de cada entidad (artículo 42, frs. VIII y XX). Por el momento el GA sólo se realiza en el ámbito del Ejecutivo Federal, no obstante el INAI empezó a promover, a partir de este año, réplicas de éste ejercicio a nivel subnacional. En Jalisco se han realizado dos reuniones (marzo y mayo) para informar sobre este tema y analizar su viabilidad. El gobierno de Aristóteles Sandoval al igual que varios organismos civiles y el ITEI han mostrado interés en impulsar una agenda de GA local. Por el momento es una promesa, dependerá de la voluntad de todos los involucrados en hacerla realidad para beneficio de las y los jaliscienses.

 

Tlaquepaque, Jal. a 3 de junio de 2015.

 

[2] Ver: Mariñez Navarro, Freddy, “El debate abierto del Gobierno Abierto”, ponencia presentada en el XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 de oct- 2 de nov. De 2012.

[3] Estos compromisos se pueden consultar en: http://gobabiertomx.org/

[4] Los compromisos y avances en su cumplimiento se pueden consultar en http://tablero.gobabiertomx.org/

[5] Ver: Estado de Avances del Plan de Acción 2013-2015 de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, ver: http://bit.ly/1RKD3e5

 

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La universidad, un espacio para sumarte al cambio

Por: Graciela Larios

El involucramiento de las personas en temas o problemáticas sociales más que una labor solidaria es responsabilidad de todos. Es de gran importancia que en las universidades se implementen o se realicen campañas con mayor impacto en la población estudiantil para la participación en dichos temas sociales. Tanto para el crecimiento y enriquecimiento personal como para crear un tejido social más sólido.

En el Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) se han creado PAP para que los alumnos tengan un acercamiento y trabajen en proyectos de conflictos sociales, este semestre se abrieron cuatros a los que sólo se inscribieron 34 chicos y chicas. Diferentes miembros del CIFS creen transcendental mayor colaboración por parte de los jóvenes en voluntariados y PAP para ayudar a reforzar proyectos en beneficio de la sociedad dentro y fuera del ITESO.

Alondra Barba del Programa de Educación Indígena Intercultural, menciona que los alumnos no deberían de abandonar los conocimientos en el aula, casi siempre enfocados a los conflictos, sino aterrizarl todo lo aprendido en las problemáticas que se presentan. “Es muy difícil romper la burbuja en la que vivimos, pero afortunadamente existen jóvenes quienes colaboran y esas experiencias los han transformado a nivel personal”comenta Barba. El alejamiento a otras realidades nos imposibilita  percibilirlas y en consecuencia nuestra acción es casi nula.

“El ITESO se ha caracterizado por tener un sello humanista de dar y servir al otro” dijo Laura  Velázquez, del Programa de Ecología Política, porque una de las principales responsabilidades de los académicos es propiciar las condiciones a los muchachos y muchachas para que reconozcan un contexto socio-político. No es fácil, hay quienes ven el problema y se llegan a frustar por la complejidad de éste, Velázquez sugiere un acompañamiento en todo el proceso del alumno para hacerle ver que su granito de arena es significativo para el cambio.

“Yo estoy dispuesta a poner toneladas de arena”  afirma Alejandra Godoy, ex alumna PAP y actual integrante del Voluntariado de Migración del Centro Universitario Ignaciano (CUI). La familia de Alejandra es migrante y se dio cuenta que los migrantes viven una serie de peligros en su trayecto hacia la frontera, eso la impulsó a unirse al PAP de Migración en la frontera México. “El país pide a gritos la ayuda de gente joven con ideas, anhelos, sueños y pasiones, porque no sólo ayudas al prójimo, te estas ayudando” asegura ella.

Por su parte Iliana Martínez, integrante  del Programa de Migración en el CIFS, comenta que no sólo se trata de ayudar al migrante o al indígena, sino cuáles son las intervenciones que hago por lo problemas locales que me afectan directamente.

Martínez plantea que es necesario provocar más espacios de reflexión e hizo referencia al paro activo en el ITESO, surgido por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en él los alumnos y alumnas compartieron experiencias propias relacionadas con las dificultades por las que atraviesa México. Al vislumbrarlas y coincidir en las mismas situaciones se dieron cuenta que no es cuestión de unos pocos los afectados, es colectivo y se debe de contribuir de la misma forma.

La participación es de todos en bien de todos. Si tú quieres integrarte en los PAP del CIFS o en otras actividades visita nuestras páginas.

 

Página: formacionsocial.iteso.mx/

Facebook: CIFSITESO

Twitter: @cifs_diseno

 

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“El remedio y el trapito” para avanzar en la rendición de cuentas

Por: José Bautista Farías, Académico Investigador del CIFS-ITESO

La Red de Rendición de Cuentas (RRC) elaboró un “Programa Especial de Rendición de Cuentas (PERC) del Gobierno Federal 2014-2018” (disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/PERC/) que contiene propuestas de objetivos, líneas de acción e indicadores para que el Ejecutivo Federal las lleve a cabo. En su elaboración participaron 75 instituciones académicas, públicas y organizaciones sociales que forman parte de dicha red.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que en la “Administración Pública del país existen diversos factores que inciden negativamente en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Esto incluye deficiencias en materia de documentación y archivos, así como problemáticas relacionadas con la asignación presupuestal y su vinculación con mecanismos de evaluación. La diversidad de criterios y la fragmentación institucional no logran generar resultados comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas”. En síntesis, en rendición de cuentas andamos mal y en combate a la corrupción peor.

En el diagnóstico que presenta la RRC en programa citado, se apunta que los mexicanos hemos avanzado en la institucionalización de los valores de la democracia en los procesos político-electorales, pero no hemos conseguido democratizar el ejercicio de la autoridad pública. Se destaca la ausencia de una política integral, coherente y completa para que los gobernantes informen, expliquen y justifiquen cómo usan los dineros públicos, cómo toman decisiones, cómo responden ante los errores o fallas de las políticas y programas de cuyo diseño, implementación y gestión son responsables. Se señala que la eficacia del gobierno en el logro de objetivos con apego a la legalidad y responsabilidad financiera sigue siendo muy cuestionable. Se apunta que prevalecen importantes problemas de simulación, asimetrías en los criterios empleados por las instituciones gubernamentales para determinar qué documentos deben considerarse públicos, y existen fuertes resistencias a la apertura informativa en varios sectores. Se dice que los esquemas de asignación presupuestal siguen descansando en la inercia y en la opacidad, basados en la discrecionalidad y el cálculo político.

Las propuesta del PERC gira en torno a siete ejes: i) un sistema de rendición de cuentas integral, coherente y articulado que justifique las decisiones de política tomadas e identifique a los responsables de su implementación; ii) un sistema de gestión de archivos ordenado; iii) mecanismos que aseguren el derecho de acceso a la información pública bajo principios de máxima publicidad y disponibilidad; iv)  la asignación y ejercicio presupuestal consistente, integral, transparente, orientado a resultados; v) un proceso de adquisiciones gubernamental eficiente, transparente y honesto, que los ciudadanos puedan conocer oportunamente; vi) un sistema de contabilidad armonizado y transparente, y vii) mecanismos eficaces de monitoreo y evaluación de objetivos oportunos.

Se plantean objetivos, líneas de acción e indicadores para cada uno de los ejes. En cada punto se aportan datos y argumentos que resaltan la problemática y necesidad del cambio a favor de buenas prácticas de rendición de cuentas. Por ejemplo, se apunta que actualmente el presupuesto público se entiende sólo como un instrumento del gobierno y no como una herramienta al servicio de los ciudadanos. A este respecto, el 53% de los países encuestados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el tema de procedimientos presupuestales, hace pública la metodología de sus proyecciones macroeconómicas y fiscales, en México se mantiene en la opacidad. La OCDE documentó que 50% de los países hacen revisiones de fiscalización independientes, en México esto aún no sucede. Por si fuera poco, en nuestro país una vez aprobado el presupuesto, éste sufre modificaciones durante su ejecución sin haber sido aprobadas por el Poder Legislativo, ni suficientemente explicadas a la sociedad, ni justificadas cabalmente.

Otros problemas importantes se relacionan con los llamados gastos extrapresupuestarios que, en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia, suelen usarse en México (los llamados ingresos por excedentes en los precios del petróleo). Tenemos también que la Cuenta Pública auditada de cualquier año fiscal está disponible 14 meses después, cuando la OCDE recomienda que para promover la transparencia presupuestaria debería estarlo por lo menos en 6 meses después del final del año fiscal. A este respecto, el 92% de los países encuestados por esta organización sobre este tema, disponen de una cuenta pública auditada en menor tiempo que en nuestro país.

El Programa Especial de Rendición de Cuentas 2014-2018, plantea su implementación en dos fases: a) una de “Construcción de Condiciones de Rendición de Cuentas”, del 2014 al 2015, y b) otra de “Consolidación de Buenas Prácticas de Rendición de Cuentas”, del 2016 al 2018. También propone un mecanismo de seguimiento a través de una plataforma electrónica sencilla, accesible a los ciudadanos, que permita consultar en tiempo real la información generada, así como también verificar el cumplimiento de los indicadores por parte de las instituciones federales con apoyo de las organizaciones civiles especializadas en la materia e instituciones de educación superior, a través de “Comités de gestión y seguimiento”, integrados por representantes del Gobierno Federal, el Poder Legislativo, la academia y las organizaciones de la sociedad civil.

En síntesis, la RRC le está entregando al gobierno de Enrique Peña Nieto “el remedio y el trapito” para avanzar en la rendición de cuentas– que se señala como el talón de Aquiles de esta administración–. ¿Aceptará el reto el Ejecutivo Federal de su posible implementación? ¿Intentará el Gobierno Federal al menos establecer canales de diálogo para analizar y enriquecer esta propuesta? Sería deseable que esto ocurriera y más aún, que los ciudadanos lo exigiéramos por el bien de México.

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Mezcala, el espejo enterrado

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (29 de septiembre de 2014)

En días pasados, la comunidad indígena de Mezcala se enteró que, luego de quince años de litigios, una resolución del Tribunal Agrario les devolvió un pedazo de tierra de diez hectáreas, las cuales han sido ocupadas ilegalmente por el empresario Guillermo Moreno Ibarra. Estas tierras están ubicadas en la isla de Mezcala, dentro del lago de Chapala, y han pertenecido desde hace muchos años a la comunidad coca. (Algo así como antes de que México fuera México.) El 18 de septiembre se emitió esta resolución jurídica y diez días después, en el buscador de noticias de Google solamente aparecía una columna periodística relacionada con el tema (“Los de Abajo” de Gloria Muñoz Ramírez). Por otros medios encontré sendos artículos de opinión de Miguel Bazdresch y Augusto Chacón, y una nota informativa en el portal desinformemons.org. En el fondo de las buenas noticias para la comunidad coca, vuelve a aparecer un espejo que está escondido en el cajón de la historia, y que tanto nos disgusta a los mexicanos. Es el espejo del racismo y la discriminación.

Para desempacar algunos de los significados de esta noticia y para iluminar algunas de sus caras ocultas, vale la pena pensar en una historia ficticia y poco probable en nuestra sociedad. Imagina que un día llegas a tu casa y la encuentras modificada. Tu casa está ubicada en una de las colonias más ricas de la ciudad. Ante tu sorpresa, la casa tiene nuevas ventanas y la fachada está pintada de otro color. Cuando intentas abrir la puerta, te percatas que tus llaves ya no funcionan porque instalaron nuevas cerraduras. Entonces tocas a la puerta. Después de unos momentos aparece un señor que te resulta completamente desconocido y te comunica que él es el nuevo dueño de la casa. Si realmente tú eres tú, es decir, un ciudadano que habita en uno de los fraccionamientos más ricos de la ciudad, bastará con que llames a la policía para desalojar a los intrusos. Y si el usurpador se atrinchera en tu casa, al día siguiente la prensa publicará la historia a ocho columnas, pues resultará completamente anómala esta situación y por puesto, digna de interés periodístico. La situación anterior es ficticia y difícilmente podremos encontrar una que se le parezca en la realidad. La propiedad privada de las clases sociales medias y altas tiene un mejor resguardo legal y práctico, que la de otros sectores de la población. A nadie le pasa por la cabeza llegar como paracaidista a una casa de Colinas de San Javier a alguna finca de Ajijic. Y en caso de que ese paracaidista realmente se animara a llevar a cabo su tarea, basta con que los dueños llamen a una patrulla para que se lleven al intruso. Esa llamada de auxilio tendrá un efecto inmediato y no tardará, como en el caso de la comunidad coca, quince años en surtir efecto.

En el caso de la visibilidad del caso a través de los medios de comunicación, el mecanismo tiene una lógica de operación muy similar. La sociología de la producción de noticias ofrece un concepto llamado “valor noticioso”. Este concepto, entre otras cosas, explica cómo es que editores y reporteros seleccionan qué acontecimientos son noticiables y cuáles no. En el caso que nos ocupa es evidente que un valor noticioso que opera para decidir si la restitución de una tierra es noticia o no, refiere a quién es el protagonista de la historia. No es lo mismo que el protagonista de la nota sea el líder de la COPARMEX, un presidente municipal o una comunidad indígena.

La presencia del tema y personajes indígenas en los medios de comunicación mexicanos es escasa e inequitativa. Ejemplos para documentar esta afirmación hay muchos. Hace apenas unas semanas, en agosto, llegó una marcha de comunidades wixárikas a Guadalajara para exigir la restitución de una tierras, en un caso similar al de Mezcala. La cobertura informativa también fue escasa, pues apenas unos cuantos medios retomaron el tema. El caso del EZLN es paradigmático, pues logró romper esta barrera a través de la construcción un personaje como Marcos, quien logró convertirse en un elemento atractivo para las redacciones periodísticas. Sin embargo, la triste ironía de esta botarga, como él mismo se autodenominó, es que Marcos fue interpretado por un hombre mestizo. Luego de veinte años, los zapatistas reconocieron la utilidad de un dispositivo mediático como Marcos, pero también lo artificial que por momentos resultó el efecto de esta estrategia, pues para los medios a veces era más importante, por ejemplo, la salud de la botarga, que la del movimiento zapatista. Pero hay muchos otros temas indígenas importantes en el país y que son reportados de una manera exigua, como otros despojos a asentamientos indígenas en los casos de Michoacán o Sonora, tan solo por nombrar a algunos.

Por otro lado, la imagen y la figura del indígena en los medios de comunicación cobra otro papel cuando se trata de hablar del pasado histórico y de la cultura como folklor. En esos contextos se les describe como un colectivo, y ahí, la presencia indígena ocurre con frecuencia y no es problemática. Los periódicos o video documentales que trabajan sobre temas de cultura o turismo, suelen de escribir acerca de los indígenas y sus costumbres. Resulta muy atractivo hablar de ellos como portadores de la historia mexicana, pero eliminando cualquier referencia a contradicciones políticas. Por ejemplo, El Informador recientemente publicó un reportaje sobre la isla de Mezcala en donde se presenta el lugar como un idílico espacio que nostálgicamente vive su pasado indígena. Se describe a los cocas como indígenas pescadores y artesanos textiles. El autor invita a los paseantes a visitar el pasado de la isla, pero omite hablar de su presente y sobre sus luchas políticas. Esta naturalización histórica, como se demuestra una y otra vez, despolitiza el presente.

La resolución jurídica que favorece a la comunidad coca de Mezcala es una muy buena noticia, especialmente dentro de un sistema de justicia tan deficiente como el mexicano. La resolución nos recuerda que lejos estamos de vivir en un país en donde la discriminación y el racismo esté eliminado. México es un país que gusta de ver a los a los indígenas como parte de su memoria histórica, pero le incomoda ver a estas comunidades en el tiempo presente.

Mezcala es parte de ese espejo de la discriminación que los mexicanos enterramos una y otra vez en nuestra memoria. Esta operación, la del entierro del espejo, es completamente imaginaria, porque Mezcala existe en el presente.

Este artículo fue publicado el 29 de septiembre de 2014 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

Para más información sobre el caso de la isla de Mezcala, recomiendo leer el siguiente artículo de Vicente Paredes Perales y Rocío Moreno, titulado Mezcala: la isla indómita.

 

Publicado orginalmente en: http://autorreferencial.wordpress.com/2014/09/28/mezcala-el-espejo-enterrado/

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Como surge Ley para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Jalisco

Dr. Carlos Armando Peralta Varela,

Programa Empoderamiento y Conflictividad Social.

19 de septiembre del 2014.– La historia de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Jalisco, es muy importante. Tal vez, la primera OSC creada en Jalisco fue el Organismo de Nutrición Infantil, ya que fue fundado en 1954 (y aún continúa trabajando). Pero el número y tipo de agrupaciones generadas por los ciudadanos ha mostrado un relevante crecimiento. Actualmente, en Jalisco existen centenas de agrupaciones, tan sólo como un dato que nos ayude a dimensionar su crecimiento, cabe mencionar que el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), cuenta en el 2014 con más de 830 de las asociaciones civiles y fundaciones registradas[1].

Debemos observar que las OSC en la actualidad, contribuyen al complejo desarrollo de la sociedad. Si bien atienden problemas relacionados con la pobreza, su gama de acción es más amplia en la medida en que ayudan a resolver problemas sociales como el educativo, aportan políticamente en procesos cívicos–democráticos, atienden temas vinculados a la ecología y la movilidad no motorizada, luchan por la equidad de género y en contra de la violencia, por la defensa de los derechos indígenas y la defensa de los derechos humanos en general, entre otras líneas de acción. En resumidas cuentas, su labor busca la satisfacción de las diversas necesidades humanas y la atención de derechos.

Sin embargo, a pesar de su larga trayectoria y de su relevancia no se contaba en Jalisco con una Ley específica para fomentar la acción de estas agrupaciones. El marco jurídico para propiciar su desarrollo había sido prometido en pasados sexenios, pero no se había logrado. Tan sólo para fundamentar esta idea podemos mencionar dos datos históricos:

1)      El Foro de Organizaciones Civiles logró concretar el 13 de enero del 95, una firma de acuerdos y compromisos con el primer gobernador del PAN en la entidad, el Ing. Alberto Cárdenas Jiménez. Entre otros, asumió el compromiso de impulsar una Ley de Fomento para las OC. No se logró concretar este compromiso.

2)      En el 2000, el movimiento llamado “Poder Ciudadano”, generó la Agenda Ciudadana por Jalisco, que fue firmada por el Lic. Francisco Ramírez Acuña en calidad de gobernador electo. En la agenda explícitamente se pedía una Ley para el fomento de las OSC, sin embargo, el gobernador electo cambio la redacción y redactó el compromiso de la siguiente manera: “Se promoverá la revisión de los marcos normativos vigentes para que faciliten el desarrollo pleno de los organismos de la sociedad civil y la cultura asociativa en Jalisco, particularmente en materias como la asistencia social, la organización social, la participación ciudadana, planeación participativa y el desarrollo democrático en Jalisco”. En cualquier caso no se generó una ley para fomentar la labor de las OSC.

Hace casi tres años un grupo de organizaciones de Jalisco llamado Red Espiral, junto con Corporativa de Fundaciones y el Programa Empoderamiento y Conflictividad Social (del CIFS), retomó la lucha para que en Jalisco existiera una ley que promoviera a las OSC. Sabían de la existencia de la Ley Federal y de los intentos anteriores para que se dictaminara una ley estatal, y a pesar de las dificultades que preveían en el camino, consideraron importante aventurarse a gestionar una ley. Las agrupaciones de la Red Espiral estaban motivadas ya que identificaban una serie de dificultades impuestas por los gobiernos para lograr su labor y la Ley podría ser una fórmula para mejorar sus condiciones y oportunidades de trabajo. Consideraron importante: 1) poder participar en la toma de decisiones que afectan a las OSC, 2) transparentar y mejorar la lógica de reparto de recursos y 3) que las organizaciones fueran tomadas en cuenta como instituciones de interés público.

Tuvieron que entrar en interacción con dos legislaturas, realizar muchas sesiones de trabajo, gestionar foros, pero por fin el sábado 16 de agosto del 2014, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco la Ley para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Jalisco.

A pesar de todo el esfuerzo, el tener una ley es un primer paso, porque ahora debe hacerse valer. Las organizaciones deben felicitarse por este logro, sin embargo, aún debe aplicarse la ley para lograr cambiar las condiciones de apoyo hacia las ONG’s.

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[1] Este dato se puede consultar en la página: http://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/12095

 

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Proponen soluciones para mejorar la gestión del agua

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[15.sep.2014] Algunos participantes del Diálogo de Frente No. 1, enfocado en el tema del Agua y convocado por la iniciativa Tómala, se reunieron el jueves 11 de septiembre a las 11:30 horas en Casa Cem para exponer al público las conclusiones de las ideas que surgieron en la discusión.

Para abarcar toda la información las conclusiones se expusieron en 5 bloques: el modelo de gestión deficitario, la paradigma orientado a la demanda, la mercantilización del acceso al agua, la ausencia de gobernanza democrática y la limitada información para la planeación.

Cada tema fue expuesto por un ponente diferente, entre ellos José Bautista, del Programa de Empoderamiento y Conflictividad del CIFS, quien habló de la lógica de mercantilización actual del agua y mencionó que actualmente ese paradigma no arroja los objetivos esperados.

Romina Martínez Velarde, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), quien inició con las conclusiones, mencionó que los proyectos que afectan el medio ambiente necesitan un sistema integral para la toma de decisiones, ya que estos suelen hacerse al revés. Es decir, cuando hay una propuesta, se buscan evidencias sencillas para justificarlo y al final se consulta a las personas si están de acuerdo, muchas veces sin brindar información clara y sin incluir una participación real de la ciudadanía.

Hector Castañón quien coordinó el diálogo, invitó a Pedro Arrojo a que compartiera su visión como extranjero y experto en la gestión del agua al respecto de las conclusiones expuestas aquel día.

El Dr. Arrojo habló de hacer cambios en la concepción de lo público, dejar a un lado la mitificación de que es algo oscuro y corrupto, porque dijo que la solución está en democratizar y hacer transparente la función pública. Con esto enfatizó que la privatización no es la solución, porque si el derecho al agua se convierte a un sistema de mercado, vuelve a los ciudadanos en clientes y  excluye a los que no tienen recursos para obtenerlo.

Recalcó una alternativa ante la crisis global del agua: “un cambio en contra del paradigma de la dominación de la naturaleza para nuestro beneficio inmediato. Esto nos lleva a transformar la cultura de discriminar, maltratar y golpear el medio ambiente, de manera que empecemos a entender a los ríos como ecosistemas de vida de los que dependen todos los seres vivos y que un bosque no es un almacén de madera”.

Pedro Arrojo finalizó con el tema de la democracia. Concluyó con el reto de profundizar en la democratización de  la transparencia y la real participación en cuestiones significativas, con nuevo modelo de gestión pública participativa y proactiva.

 

*Toda la información que surgió está disponible en la siguiente liga: http://tomala.mx/reportaje-completo-dialogo01/

Nota relacionada: http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/548354/6/tomala-concluye-que-se-tiene-un-modelo-de-agua-deficitario.htm

Texto y foto: Alejandro Tiscareño De Alba

 

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YO VIVO LA PAZ ¿Y TÚ? Día Internacional de la Paz


Por: Carlos F. Castañeda

Tlaquepaque, Jal. 15 de septiembre de 2014.- El próximo  21  de  Septiembre se conmemorará a nivel internacional el Día  internacional  de  La Paz, que fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Desde el ITESO el lunes 22 de este mes de las 10:00 a las 18:00 hrs., se realizará una jornada continua de oración por la paz dentro de la Universidad, esa será una manera de tener presente el día por la paz entre la comunidad universitaria.

Ante el escenario de violencia que estamos viviendo en nuestro país, los medios de comunicación masivos difunden principalmente los hechos negativos alrededor de nuestra situación social, el  colectivo YO VIVO LA PAZ ¿Y TÚ?, conformado por organizaciones que en Guadalajara trabajan en favor de la paz, se han unido para celebrar este día para realizar una serie de intervenciones en el espacio de la Vía Recreativa de Guadalajara, precisamente el próximo domingo 21 del presente mes.

La propuesta es hacer visible el esfuerzo de personas e instituciones que llevan a cabo acciones concretas en favor de una situación social diferente y que normalmente no son evidentes en los medios masivos de comunicación.

En el andador de la av. Chapultepec, entre la avenida La Paz y Lerdo de Tejada se instalarán una docena de representantes de las siguientes instituciones:

Sección de Derechos Humanos y Pastoral del trabajo de la arquidiócesis de Guadalajara, Comunidad CRECE, Constructores de paz, Centro educativo Oblatos, Colores de Jalisco, Guerreros de luz, Dirección de prevención de adicciones del ayuntamiento de Guadalajara, Parlamento Jalisciense de la Mujer, FAFI: Fundación para apoyo a la formación de la infancia, COMNAPAZ México, Colectivo vidas dignas y empoderadas, COVIDYE, Creando una cultura de paz AC. CREAPAZ, Portavoces de Paz, Misioneras Ecuménicas,  El juego es pensar S.C., Pulsando desde el corazón, FM4 Paso Libre (Dignidad y justicia en el camino A.C.)  y el Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz.

Entre las intervenciones y actividades que van a realizar algunas de estas agrupaciones son un taller de valores, un taller de Mediación Escolar, la yoga de la risa, una exposición con grupo de mujeres “Una salud por la paz”, Jóvenes con Mimo, y exposición de murales pintados con el tema de la paz, una lotería de valores y juegos cooperativos, otro mural que se hará en colectivo por la paz y juegos para niños y adolescentes sobre cultura de paz,  también habrá lecturas compartidas sobre historias de migrantes e indígenas y sobre la invisibilidad de las personas, el juego del Bebeleche de los valores y otras expresiones de paz de niños de Michoacán, Jalisco y Guanajuato.

Cabe mencionar que esta es solo una muestra del tipo de trabajo o colaboración que hacen algunos organismos de la sociedad civil en cuanto al tema de Paz pero hay muchas otras instituciones que en acciones pequeñas y cotidianas colaboran construyendo un mundo de relaciones equitativas, armoniosas, justas que construyen a la cultura de paz y al ideal de la Paz Positiva.

Invitamos a los miembros de la comunidad universitaria a visitar esta exposición de actividades en la Vía Recreativa y a unirse con un poco de tu tiempo en la jornada de oración el lunes 22 en el campus de nuestra universidad.
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