Agua

El relator y el informe sobre el derecho humano al agua en México

Por: Dr. Carlos Peralta Varela

Entre el 2 y el 12 de mayo del presente estuvo de visita en México el Sr. Léo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. Su visita fue corta, pero y sobre todo, acotada. Académicos del ITESO lo invitamos a visitar Jalisco ya que existen graves problemas de contaminación en los ríos de la entidad, conflictos por el agua en diferentes regiones (entre ellas los altos de Jalisco) ligados en algunos casos a intereses por inversiones multimillonarias, como la presa El Zapotillo y el acueducto concesionado a la empresa Abengoa (que llevaría el agua del río Verde hasta la ciudad de León), y entre otros, graves problemas de salud relacionados con el saneamiento del agua en la ribera de Chapala, específicamente nos podemos referir a San Pedro Itzicán y la comunidad de Agua Caliente en donde viven centenares de personas con enfermedades renales. Fue lamentable enterarnos que vendría a nuestro país y que visitaría en forma oficial únicamente la Ciudad de México, Veracruz y Chiapas.

Por otro lado, un grupo amplio y muy relevante de organizaciones y redes de la sociedad civil, entre las cuales se encuentran (tan sólo por mencionar dos de ellas) la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, tuvo el acierto de elaborar el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, 2017 (Informe DHAyS)[1], mismo que lograron comentar y entregar al relator con la intención de ofrecerle un panorama más amplio y complejo sobre las diversas problemáticas relacionadas con el agua en nuestro país.

El Informe es relevante, implicó un esfuerzo de varios años para documentar distintas fórmulas en que el Estado mexicano viola el derecho humano al agua y al saneamiento. Inicia dando cuenta del contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento. Posteriormente expone las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. Pero y como bien lo enuncia la COMDA,  la parte fundamental de este documento da cuenta de las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del agua, con las cuales se privilegia a grandes empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos.

En el informe nos invitan a tomar en cuenta que México se ha comprometido a implementar la Agenda 2030 de la ONU, cuyo Objetivo número 6 busca “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Pero cumplir con este propósito se aprecia difícil y para ello tan sólo una reflexión: en México se mide el acceso al agua en términos de “agua entubada” lo cual en realidad es medir infraestructura, no acceso real, continuo, suficiente, de buena calidad y asequible. Esta lógica de medir acceso al agua está muy lejos de “considerar los problemas existentes tanto de continuidad en el servicio como de la calidad del agua que se obtiene” (Informe DHAyS: 14). En otras palabras, más del 90% de los hogares en México pueden tener acceso a tuberías, pero no a un abasto continúo de agua potable.

En la medida que a partir de una visita tan acotada el relator no hubiera logrado identificar la diversa problemática del agua en el país, cobró mayor importancia que se elaborara desde la sociedad civil, un informe que ofrece una mirada crítica, amplia y compleja sobre el derecho humano al agua y al saneamiento en México. Este tipo de trabajos vale la pena difundirlos y conocerlos.

 

[1] El informe completo se puede descargar de la página de la COMDA, en la dirección: http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

 

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Complexus: Las alternativas ciudadanas para otros mundos posibles: pensamiento y experiencias

¿Es de verdad evidente que tengamos una sola manera de buscar el bienestar de una sociedad? ¿No deberíamos favorecer el surgimiento de otras alternativas o posibilidades para organizarnos socialmente? ¿Sería factible combinar propósitos como la equidad, la justicia, la solidaridad, incluso el cuestionamiento a la autoridad para proyectar la sociedad que deseamos?

Ante las múltiples situaciones de deterioro del medio ambiente y de las relaciones entre los hombres que a nivel planetario y local presenciamos surgen preguntas como las anteriormente formuladas. Son cuestionamientos que suele hacerse una ciudadanía indignada que desea reivindicar su derecho a participar y decidir, a construir alternativas creativas e innovadoras en el entorno que habita.

El Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) del ITESO se ha propuesto trabajar en el tema de las alternativas ciudadanas, tanto a nivel de la reflexión como de la colaboración universitaria en la construcción de algunas experiencias en Jalisco que múltiples grupos y organizaciones de la sociedad civil están impulsando. El presente número de Complexus da cuenta de algunas de sus búsquedas y continuará ofreciendo análisis y experiencias en ediciones posteriores.

El documento que ahora ponemos a su disposición está conformado por dos partes: la primera, centrada en definir algunos conceptos y exponer ciertas teorías sobre el desarrollo y las alternativas; la segunda, hace referencia a la construcción de algunas experiencias concretas relacionadas con los programas de intervención social universitaria que llevamos a cabo en nuestro Centro.

La primera parte, Pensamiento Alternativo, está integrada por tres escritos: Diversidad y dinamismo de las alternativas ciudadanas, ¿Desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo? Repensando el concepto desde el territorio y el sur global, y, por último, La gestión compleja del agua: una alternativa.

Abre el número, un artículo de Enrique Luengo, quien ofrece una propuesta para analizar las alternativas ciudadanas emergentes. Ante las crisis recurrentes y procesos continuos de transformación, el autor se pregunta sobre las posibilidades que tiene la ciudadanía en contribuir a una redefinición de su contexto local y regional. De esta manera, se proponen una serie de definiciones de lo que se puede entender por alternativa y alternativa ciudadana, y se señala algunos criterios que habría que considerar para valorar las alternativas. El artículo final del presente documento intenta aplicar y poner en operación algunos de los conceptos aquí tratados.

El escrito de Guillermo Díaz, ¿Desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo?, es una estupenda síntesis de las diversas explicaciones sobre el desarrollo. El artículo inicia reconociendo la crisis multidimensional y analiza las dos posturas básicas que han planteado los cientistas sociales hasta el momento: una la interpreta como una crisis pasajera y cíclica, mientras, que, otros la consideran una crisis sistémica o estructural. Preguntarse por la crisis, nos dice el autor, es preguntarnos por el desarrollo. Por lo tanto, ¿qué es, entonces, el desarrollo? El responder esta pregunta lleva a Guillermo a exponer, de manera sencilla y breve, las diversas explicaciones del concepto de desarrollo según los enfoques neoclásico, estructuralista, neoliberal, las propuestas heterodoxas y el desarrollo sustentable. A través de este recorrido crítico en torno a las teorías y prácticas del desarrollo, el autor aborda el concepto de desarrollo alternativo y su relación con el territorio. Posteriormente, Guillermo presenta los nuevos pensamientos o miradas alternativas ante la crisis planetaria como son: la epistemología “desde el sur”, las transformaciones o cambios “desde abajo”, “desde los límites” y “desde dentro”, así como los aportes de la complejidad de Edgar Morin. Después de la exposición de este conjunto de teorías y posiciones en torno al desarrollo, el autor presenta un mapa teórico relacionando el grado de simplicidad-complejidad de las aportaciones con el eje sistémico-antisistémico. Lo anterior, finalmente, conduce a una propuesta que relaciona, de manera compleja, el desarrollo regional alternativo con el “buen vivir”.

El tercer artículo de Mario López, La gestión compleja del agua: una alternativa, cierra la primera sección del presente número de Complexus y abre la siguiente, pues es una aportación que se sitúa entre la frontera de la aportación conceptual y una experiencia alternativa concreta. En este sugerente artículo, Mario plantea una serie de reflexiones en torno a la manera como se aborda la problemática del uso, consumo y distribución del agua desde dos visiones comparativas: la perspectiva de un pensamiento que simplifica y fragmenta su conocimiento, y, por otra parte, la mirada del pensamiento complejo. Este trabajo es un excelente ejemplo de cómo se puede analizar la realidad social desde un pensamiento alternativo. La contribución del autor no es sólo teórica, sino que a través de su escrito plasma con nitidez la manera como pensamiento y acción se interrelacionan. Es decir, una concepción simplificada del agua conduce a acciones simplificadas; por el contario, una visión compleja permite respuestas multidimensionales mejor integradas.

La segunda parte de este número de Complexus la integran dos experiencias sobre alternativas ciudadanas que han venido desarrollando, desde hace varios años, comunidades, colectivos y grupos sociales en colaboración con académicos del CIFS, de otras áreas del ITESO y de otras universidades de la región: La alternativa educativa intercultural wixárika y Los procesos sociales en la construcción de alternativas a conflictos ambientales en la cuenca alta del río Santiago.

Cierra el número una propuesta de estudio y difusión sobre las alternativas ciudadanas que se está implementando en nuestro centro de investigación y que espera poner sus primeros resultados a disposición de los interesados en una plataforma de libre acceso en el transcurso de 2014.

Tal como lo señalamos, en el futuro próximo se contempla dar a conocer otras experiencias de intervención e investigación sobre alternativas en las que el CIFS está trabajando en un número posterior de Complexus.

El artículo sobre la educación intercultural wixárika, escrito por Alondra Barba, Rocío Landey y Oscar Hernández, expone de manera sencilla los principales componentes de los pueblos indígenas en México y, particularmente, de los wixáritari en el norte del Estado de Jalisco y entidades colindantes. De esta problematización inicial, los autores describen los principales lineamientos y características de la educación indígena en México y en la sierra wixárika. A partir de estos referentes, los autores explican el origen de las alternativas educativas generadas por las propias comunidades indígenas y el desarrollo que estos proyectos educativos interculturales han tenido a lo largo del tiempo. La riqueza de esta experiencia en construcción nos permite ver cómo son los mismos wixáritari de varias comunidades, los que deciden colectivamente buscar los medios para implementar sus propios proyectos educativos.

La otra pertinente contribución de este segundo apartado, Los procesos sociales en la construcción de alternativas a conflictos ambientales en la cuenca alta del río Santiago, de Helidoro Ochoa, Jaime Morales, Laura Velázquez, Eric Alvarado y Larizza Vélez, presenta algunos avances y aprendizajes desde el Programa de Ecología Política del CIFS, a través del acompañamiento a organizaciones sociales involucradas en la construcción de alternativas sustentables, como respuesta a los conflictos ambientales que suceden en la cuenca del río Santiago. El documento enfatiza el papel que han tenido las redes sociales para articularse y participar en movimientos sociales en sus luchas por recuperar la sustentabilidad regional, el acceso equitativo al agua y la agricultura sustentable. Los referentes concretos de estas alternativas describen la experiencia de la Red de Cajititlán por un Lago Limpio, la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias, el Mercado Agroecológico El Jilote, y la iniciativa regional para una gestión sustentable del agua en los Altos de Jalisco. Tal como señalan los autores, el énfasis de estas alternativas ciudadanas está en reinventar nuevas formas de relación entre los seres humanos y la naturaleza, así como en recrear nuevas formas de relación solidaria entre la ciudad y el campo.

Por último, la propuesta de análisis de las alternativas ciudadanas intenta exponer, de manera sencilla, el proyecto de investigación Las alternativas emergentes: procesos y acciones para una nueva reconfiguración social, el cual se está llevando a cabo en el CIFS, con financiamiento de la fundación PORTICUS y el ITESO. El proyecto pretende identificar algunas de las alternativas ciudadanas vigentes en el Estado de Jalisco, describiendo algunas de sus características, tales como propósitos, logros, destinatarios de sus proyectos, relaciones y participación en redes, etc. El resultado de este esfuerzo pretende darse a conocer en una página electrónica de libre acceso con el propósito de difundir algunos de los proyectos lo que la ciudadanía ha decidido emprender y está haciendo, lo cual puede sugerir a otros conglomerados a replicar y adaptar esas experiencias en sus propios espacios o localidades. Además, la página tiene la intención de ofrecer ciertos recursos formativos y servicios para las organizaciones de la sociedad civil y las personas interesadas.

Para terminar esta presentación, quisiéramos señalar que las alternativas que están emergiendo son consecuencia de una serie de transformaciones múltiples, muchas veces anónimas, visibles o subterráneas, decididas por una variedad de actores sociales y cuyo intereses van desde el fortalecimiento del tejido social al cuidado de nuestro entorno, desde la presión ciudadana para redefinir las instituciones públicas a las propuestas educativas innovadoras, desde la economía social y solidaria a nuevas visiones del desarrollo regional integral, etc.

En esta búsqueda de alternativas al mundo presente que vivimos no basta mejorar indefinidamente procesos e instrumentos sociales, sino que también debemos preguntarnos, una vez más, por los objetivos que deseamos alcanzar. Cuestionarnos tal como lo hace Tzvetan Todorov: ¿En qué mundo deseamos vivir? ¿Qué vida queremos construir?

Enrique Luengo González

Coordinador

Leer el complexus —> Aquí <—

 

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Alternativas del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara

“No es tanto un problema de escasez, es un problema de escasez de aguas de calidad, de aguas fiables, de salud pública. Hemos privatizado al río transformándolo en propiedad de las empresas que pueden envenenarlo”

Dr. Pedro Arrojo Agudo (Universidad de Zaragoza, Fundación Nueva Cultura del Agua)

 

Por: Miryam Mancha, estudiante de Ingeniería ambiental

CONTEXTO

De acuerdo con el documental Siento 5 metros de sed, realizado por el CIFS y la Licenciatura de Artes Audiovisuales del ITESO, se habla de mil millones de personas sin acceso al agua potable y de diez mil muertes al día por simples diarreas, pero la escasez no es la cuestión principal, es por el fruto de la convergencia sinérgica de tres grandes fallas críticas:

  1. Falla de insostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos generados por nuestra imprudencia y avaricia de algunos.
  2. Falla de inequidad y pobreza de un sistema económico, social y política profundamente inmoral.
  3. Falla de gobernanza democrática de nuestros servicios de agua y saneamiento bajo las presiones privatizadores del modelo neoliberal que se nos imponen y transforma a los ciudadanos en clientes, por lo cual si esos clientes son pobres simplemente son marginados y expulsados de sus derechos más básicos.

Por lo cual el documental propone las siguientes alternativas a la problemática del agua:

  1. Participación ciudadana. Ciudadanos y familia como unidad de gestión. Reconquistar nuevos modelos de gestión pública participativa.
  2. Organización colectiva, responsable y consiente de buenas prácticas agrarias, de no contaminar tirando a un río como un terreno que es de infiltración, de no construir en una zona que es de alimentación de un acuífero.
  3. Énfasis en la casa y no en el tinaco. Reparación de fugas de agua y sistemas que enfaticen la demanda y no la oferta. Sistemas ahorradoras de agua y eco tecnologías que nos permitan ahorrar el agua. La generación de una cultura de ahorro de agua urbana.
  4. Generar datos. Acceso a la información. Información pública para que cualquier ciudadano, institución pueda analizarlo. Empoderamiento de la gente en la búsqueda de la información.
  5. Mejoramiento la ciencia y tecnología de la toma de datos independientes y en paralelo. Saber la calidad del agua y en base a eso tomar decisiones.
  6. Buena gestión pública de servicios de agua y saneamiento. Tener una estrategia conjunta para usar lo necesario. Pactos sociales y ambientales del agua en defensa de los ríos y ecosistemas acuáticos.
  7. Relación equitativa entre ciudad y campo. Nuestra independencia está en relación directa con las dependencias que formamos con el campo, sobre todo el tema de alimentación.
  8. Involucrarnos a todos. El agua es un bien común y fluye. Tener decisiones integrales sobre la cuenca.
  9. La visión ingenieril introduzca los términos de sustentabilidad, de gestión integral, derechos humanos, ya que son temas que han estado rezagados.

 

El documental se puede encontrar en: http://formacionsocial.iteso.mx/web/general/detalle?group_id=3074728

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VII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT en ITESO

La VII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT sobre el tema “Política del agua y cambio social. ¿Cuáles son las lecciones de las nuevas derrotas del ‘desarrollo’?” tuvo lugar en el ITESO del 19 al 23 de octubre de 2015. El ITESO fue el organizador local de la reunión, con el apoyo de un número importante de instituciones de Jalisco y de la región, entre las que cabe destacar especialmente por sus aportes a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, el Congreso de Jalisco, El Colegio de San Luis Potosí, El CIESAS Occidente, el Colegio de Michoacán, la Universidad de Guadalajara y el IMDEC, entre los locales, y la International de Servicios Públicos (ISP) y Media for Change entre los visitantes. Los coordinadores del evento fueron Mario Edgar López Ramírez del CIFS, con el apoyo de diversos departamentos de la universidad, especialmente el CIFS, [xxx] y las agrupaciones estudiantiles coordinadas por USAI, y José Esteban Castro, de la Universidad de Newcastle, Reino Unido, el Coordinador de la Red. El evento fue un éxito y contó con más de 300 participantes, 94 de los cuales llegaron de fuera de México, procedentes de 21 países. La Reunión consistió en una serie de mesas redondas plenarias y más de 20 talleres de trabajo temático, cada uno con varias sesiones de trabajo (algunos talleres tuvieron hasta seis sesiones de trabajo de dos horas cada una). Las actividades fueron abiertas con un discurso del Rector del ITESO, José Morales Orozco, quien dio una cordial bienvenida a los asistentes. La Reunión cerró con un Conversatorio Público que tuvo lugar en el Congreso de Jalisco, y contó con la participación de movimientos sociales, representantes de comunidades indígenas, sindicatos, y otros actores sociales. Los participantes en el evento hicieron público su aprecio por el excelente trato recibido en el ITESO, sobre todo la calidez y el entorno tan propicio para el debate y el intercambio.

Para mayor información, visite la página de la VII reunión: http://waterlat.org/es/encuentros/public-meetings/waterlat-gobacit-2015/

 

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GRUPO HIGA Y LA NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS

Miguel Ángel Montoya*

 

El proyecto[1] de  Iniciativa de Ley General de Aguas preparado por el Poder Ejecutivo Federal no generará las condiciones para la efectiva realización del derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, -por el contario-, al implementarse como Ley propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad existente entre los distintos usuarios del agua sin siquiera considerar el cuidado y la preservación de las condiciones de sustentabilidad  para la generación natural de agua de calidad y su disponibilidad  a lo largo del tiempo.

 

Con su proyecto el Ejecutivo Federal propone transitar del actual modelo de sobrexplotación-contaminación a un modelo de expoliación del recurso, donde lo que importa es extraer agua a como dé lugar sin importar los costos económicos, sociales y ambientales, particularmente a través de megaproyectos para la construcción de infraestructura como lo es la  realización de trasvases, por lo que puede asegurarse que dicho proyecto de  Ley está hecho a modo para el beneficio de cierto tipo de empresas constructoras como grupo HIGA.

 

La reforma  al artículo 4to constitucional que mandata la expedición de una Ley de carácter general para la gestión de las aguas del país no solo plasmó el derecho humano  al acceso al agua y su saneamiento sino que también estableció los principios y condiciones para la realización de este derecho, esto es el  “uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”, condiciones que deberán ser observables  y establecidas a lo largo de la estructura del futuro ordenamiento.

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.[2]

 

Sin embargo la propuesta del gobierno federal es justo lo contrario a lo establecido por el texto constitucional. El caso de los trasvases no es un aspecto particular o aislado en la propuesta del gobierno federal, representa la esencia de su “nuevo” modelo de gestión del agua donde los agentes privados podrán acaparar y administrar las aguas del país alterando además el ciclo hidrológico mismo que permite la generación natural de agua a traves de las cuencas.

 

¿Qué hay de malo con los trasvases?

Los trasvases son ecológica y financieramente inusustentables.

 

En primer lugar generan un enorme costo energético, un ejemplo menor[3] es la operación del Sistema Cutzamala el cual representa un costo anual superior a los 3 mil millones de pesos únicamente en el consumo de energía eléctrica. Sin embargo, más que el energético el mayor de los costos es el ecológico, en primer lugar porque para generar tales cantidades de energía se requiere -paradójicamente- de enormes volúmenes de agua para generarla, el caso más claro es el del Shale Gas que consume y contamina millones de metros cúbicos de agua para su extracción como fuente de energía.

 

En segundo lugar porque los volúmenes de agua transferidos de una cuenca hacia otra no son excedentes -como comúnmente se nos hace creer- sino que son imprescindibles para reponer y reproducir el ciclo hidrológico y mantener la masa forestal que posibilita que parte de esa agua se infiltre al subsuelo. Lo más grave en el caso mexicano es que los trasvases ocurren trasladando volúmenes de agua que ni siquiera pueden ser considerados como excedentes como es el caso del Acueducto Independencia en Sonora. En pocas palabras, la disponibilidad artificial de agua con la que  se beneficia a determinada cuenca en el corto plazo por medio de  un trasvase opera a costa y  en detrimento de la disponibilidad futura de la cuenca donde se extrae el agua.

 

Por eso es que la práctica de trasvasar grandes volúmenes de agua de una cuenca hacia otra ha quedado en desuso en el mundo. La mayor parte de los países del orbe han establecido disposiciones legales para prohibir ó restringir su práctica, con excepción de China -el país que mayor contaminación genera y arroja hacia los ríos-  que aún permite y promueve la construcción de este tipo de infraestructura.

 

En nuestra opinión los trasvases debieran ser utilizados únicamente bajo condiciones de excepción como lo es una emergencia hídrica[4], particularmente para atender el abasto en situaciones de sequías prolongadas. A su vez, la infraestructura para la realización de trasvases debe ser operada únicamente por la autoridad del agua a efecto de garantizar la seguridad hídrica de la población.

 

La propuesta del Ejecutivo Federal

Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo lejos de acotar o restringir los trasvases, los fomenta y promueve al considerarlos causa de utilidad pública  (Art. 8 fracc. IV)  lo que además significa que este tipo de infraestructura se podrá imponer sobre la base de actos de expropiación. A pesar de ser un asunto que puede comprometer la seguridad hídrica de los habitantes o la soberanía del país, los trasvases quedarán a cargo en primer lugar de los agentes privados (Art. 111 fracc. I) que bajo la figura de concesión podrán disponer y acaparar el líquido durante 35 años con derecho a prórroga hasta por el mismo lapso de tiempo (Arts.  90 y 91). Los requisitos para autorizar trasvases a realizar a cargo de privados no quedan establecidos en la Ley sino a criterio del Ejecutivo a través del reglamento de la misma o de otras disposiciones que emita la Conagua (Art. 114).

Los beneficios para empresas como Grupo HIGA

Como es sabido las empresas que conforman el Grupo HIGA participan con aproximadamente el 53% del contrato para la construcción y operación del Acueducto Monterrey VI y este acueducto representa un hito en la historia de la administración de las aguas del país ya que por primera vez un grupo privado participará de manera directa en la operación del trasvase de aguas nacionales. Hasta ahora los grupos privados habían participado únicamente en la construcción de infraestructura destinada a realizar trasvases pero nunca en su operación.

 

A pesar de que el contrato para la construcción y operación del Acueducto Monterrey VI se ajusta a lo establecido por la Ley de Asociaciones Publico Privadas,  las disposiciones vigentes de la Ley de Aguas Nacionales  impiden la consolidación plena y expansión  del plan de negocios  del Acueducto Monterrey VI, esencialmente porque el consorcio operador no puede disponer de las aguas que trasvasa por lo que sus funciones se limitan en el marco de la Ley vigente  a fungir  como operario para suministrar agua al organismo “Servicios de Agua y Drenaje de Monterey”. Al respecto vale recordar que especialistas académicos y organizaciones  ambientalistas han demostrado que  esta obra resulta innecesaria para cubrir la demanda futura de agua en la Zona Metropolitana de Monterrey.

 

Sin embargo el panorama de negocios  cambiará y se diversificará para Grupo HIGA a partir  de la nueva Ley General de Aguas.  En primer lugar porque el solo hecho de ser operario de trasvases lo induce u obliga ( y en esta “obligación” radica una de las claves del futuro negocio) a convertirse en concesionario de las Aguas Nacionales (párrafos segundo y tercero Art. 114) mismas  que podrá disponer hasta por un periodo de  35 años con derecho a prorroga por similar tiempo  (Arts.  90 y 91).

 

Disponiendo entonces de un considerable volumen de las Aguas Nacionales y al contar -por ejemplo- con  títulos de concesión para uso industrial o para uso mixto Grupo HIGA podrá destinar el agua trasvasada a las empresas que realizaran procesos de fracturación hidráulica en el norte del país (las cuales bajo este proyecto de Ley podrán obtener permiso de la Conagua  “para infiltrar aguas residuales  en cualquier terreno cuando puedan contaminar el suelo o los acuíferos” Art. 136 fracc. III)   o a su vez venderla a los organismos operadores de agua pudiendo cambiar las veces que quiera su título de concesión entre los usos industrial y público urbano  bajo el fundamento de satisfacer la demanda para dar cumplimiento al  derecho humano al agua (párrafo tercero Art. 114) o también optar por la opción   de  venderle  a la propia Conagua  el agua que ella previamente  le concesionó pero con un sobreprecio amparado por los criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera (Art. 242), precio que además podrá fijar a discreción  por la favorable  posición monopólica en el que las disposiciones de la futura Ley General de Aguas colocará a los consorcios constructores-operadores de infraestructura de trasvases al convertirlos en concesionarios de las Aguas Nacionales (Art.  114).

 

Es así que se entiende el porqué no importa que la capacidad de suministro del Acueducto Monterrey VI exceda la demanda futura de agua de la Zona Metropolitana de Monterrey ya que HIGA como concesionario de las Aguas Nacionales (será este consorcio el poseedor del agua y no Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey) podrá destinarla a cuanto uso le autorice la Conagua bajo un esquema absolutamente permisivo que incluso le permitirá solicitar y obtener diversas concesiones de una misma fuente de suministro (Art. 85 fracc. V).

 

Es  así que se entiende el porqué el Ejecutivo Federal incorporó en forma muy discreta desde su primer borrador en febrero de 2014 la figura de “trasvase directo … cuando lo realizan los asignatarios o concesionarios o indirecto cuando lo realiza el Estado en beneficio de los propios asignatarios”  y luego fue modificando el concepto mismo de trasvase que paso de ser un “uso de las aguas nacionales de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta” hasta la versión final en cuyo Artículo 111 dispone:

Trasvase es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta, que realiza la Federación o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción.

 

El trasvase puede ser:

 

I.       Directo.- El que realizan los concesionarios con autorización de la Comisión, o

 

II.      Indirecto.- El que efectúa la Federación en beneficio de los concesionarios con inversión federal o con participación de inversión estatal, municipal, social o privada. Dicho beneficio tiene lugar cuando el concesionario usa aguas nacionales trasvasadas previamente por la Federación.

 

En la operación de este esquema resulta clave la conjugación de un conjunto de cambios  que empezaran  a operar con la derogación de la Ley de Aguas Nacionales vigente (LAN)  y la expedición de la  nueva Ley General de Aguas tales como:

  • Se suprimen  la figuras de “asignación” y “asignatario”, que LAN  emplea para dar un trato jurídico distinto a  quienes utilizan las Aguas Nacionales para el suministro público o para el consumo doméstico.
  • Que los consorcios operarios de trasvases a su vez serán  concesionarios de las Aguas Nacionales.
  • Que esos consorcios quedarán libres de las restricciones y obligaciones que les impondría hoy  la LAN como asignatarios.
  • Que por el contrario, como concesionarios podrán gozar de una serie de beneficios como disponer de las aguas hasta por 70 años y poder registrar distintos usos para los volúmenes concesionados.
  • Que ni siquiera será obligatorio ni necesario que de inicio registren parte de esas concesiones  como “uso público”  o “domestico”  pudiendo destinarlos a ese fin de manera posterior  evitando las restricciones para transferirlos o para cambiarlos  que implicaría el registro inicial bajo esa figura.
  • Que bastara un simple permiso de Conagua para que las aguas trasvasadas y que después  se destinen a procesos de fractura (Fracking)  puedan ser infiltradas en cualquier terreno bajo un  permiso de descarga.

 

Este modelo  de negocios  que la Ley General de Aguas  le ha abierto al Grupo Higa podrá replicarse a lo largo y ancho del país por este u otro grupo de empresas constructoras que ahora podrán participar como operadores de los trasvases que actualmente  la Conagua realiza (Art.111 fracc II) incluso los que han sido construidos en su totalidad con recursos públicos (Art. 124 fracc II).

 

De este modo, la futura viabilidad y sustentabilidad de las cuencas en México quedara supeditada a los  criterios de rentabilidad de operadores privados. Con la propuesta de Ley General de Aguas redactada por el Poder Ejecutivo Federal estamos  ante la presencia de una forma más voraz y agresiva de privatización que  no solo incluye el servicio público de suministro de agua sino la propia administración de las Aguas Nacionales.

 

Los trasvases son un asunto que puede comprometer la seguridad hídrica[5] de los habitantes de un país y son parte integral de las funciones de política pública de administración de las aguas por lo que las decisiones relativas a los mismos  deben quedar exclusivamente en manos del Estado bajo una legislación que restrinja y circunscriba su operación a situaciones específicas.    

 

 

 

 


[1]  “MIR de Alto Impacto para el anteproyecto: LEY GENERAL DE AGUAS” presentado por  la Conagua ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y dictaminado por esa instancia el 9 de diciembre de 2014  mismo que se presentará como Iniciativa de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el último periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura durante el mes de febrero de 2015.  http://www.cofemermir.gob.mx/mir/crLecAnte.asp?seccionid=F125&formId=125&submitid=33368

[2] Texto del párrafo sexto del Artículo 4to Constitucional vigente después de la reforma del 8 de febrero de 2012.

[3] El Sistema Cutzamala contiene 6 plantas de bombeo que en conjunto consumen 2,280 millones de killowats por hora, equivalentes al consumo de energía eléctrica en el mismo lapso de tiempo  en la ciudad de Puebla; esto a pesar de que los 334 km de canales y acueductos que comprende el Sistema solo se requiere el bombeo para 127 km, en los restantes 207 km el agua circula por gravedad.

[4] Situación provocada por fenómenos naturales o por actividades antropogénicas que ponen en riesgo la disponibilidad de las aguas comprometiendo por escasez o por contaminación su explotación, uso o aprovechamiento o que generen desequilibrios hidrológicos; sobreexplotación persistente de acuíferos o pongan en riesgo la sustentabilidad por daño al sistema hidroecológico.

[5] La seguridad hídrica puede definirse como el conjunto  de políticas y salvaguardas que desarrolla y aplica un Estado para : 1) Garantizar el acceso sostenible a cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua para sustentar la vida y el desarrollo socioeconómico;  2) Garantizar la seguridad de los ciudadanos en sus bienes y en sus personas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsibles asociados al agua; 3) Garantizar la protección contra la contaminación del agua, y 4) Para garantizar la preservación de los ecosistemas asociados al agua.

 

* Consultor independiente y asesor del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en materia de Gestión Integral del Agua.  Miembro de la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana (ANIU)).  miguel_angel_montoya@hotmail.com; 

twitt:@miangel_montoya;  https://www.facebook.com/miguelangel.montoya.96; cel 5536560670

 

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Pronunciamiento de la Red WATERLAT-GOBACIT* sobre El Zapotillo Violación a los Derechos Humanos y Vulneración a los Ciclos Hídricos

LOS MIEMBROS DE LA RED OBSERVAMOS CON PREOCUPACIÓN QUE:
PRIMERO: Se constata la presencia de un conflicto social como consecuencia de un deficiente modelo de gestión pública del agua, en torno a la construcción de la Presa El Zapotillo y del trasvase de agua desde éste sitio hacia la ciudad de León.
SEGUNDO: Tanto las autoridades del Estado Mexicano, como las de Jalisco, han descuidado la aplicación de las mejores prácticas internacionales para la gestión integral del agua, que garantice la participación democrática de todos los involucrados en los posibles impactos que traerá dicha obra hidráulica en la región. En lo particular, se observa que el proyecto de trasvase no cuenta con estudios confiables que garanticen la viabilidad ambiental y social del mismo, con la consecuente posibilidad de graves impactos en una región que padece escasez del vital líquido. Este estrés hídrico, el cual científicos nacionales e internacionales han pronosticado que se agravará en los próximos años debido al fenómeno del cambio climático, deberá ser considerado seriamente antes de realizar el trasvase entre cuencas.
TERCERO: A partir de la identificación de las irregularidades en el proceso de gestión del proyecto, se observa que la autoridad encargada de administrar la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, está privilegiando el interés privado de las empresas constructoras, sobre la atención de los derechos humanos, el bienestar general de los pobladores y la sustentabilidad del medio ambiente en la región de Los Altos de Jalisco.
Por lo anterior expuesto, la Red WATERLAT-GOBACIT solicita:
A las autoridades mexicanas,
•El pleno respeto de los derechos humanos de los afectados por esta obra
•El libre acceso y la transparencia en la información pública sobre todos los componentes del proyecto
•Considerar los análisis del riesgo del impacto ambiental resultante de dicho proyecto
•Incorporar la participación ciudadana para discutir la pertinencia de dicho proyecto y la búsqueda de alternativas, de forma democrática, con
resultados socialmente justos y equitativos
•Incorporar elementos de análisis de la gestión de la demanda del agua frente a la continuidad de modelos de oferta basados en
megaproyectos
•Que se atiendan las recomendaciones emitidas por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco.
•Que intervengan con los más altos estándares de resolución pacífica de conflictos para la atención integral de la problemática
•Que, como muestra de buena voluntad, las autoridades decreten la suspensión de la obra hasta que sea atendido y resuelto el conflicto social
A las autoridades europeas, en particular al Parlamento Europeo y a su representación en México,
•Dado que las empresas extranjeras involucradas en los proyectos mencionados tienen sus casas matrices en territorio europeo, que contribuyan al monitoreo de la conducta empresarial y profesional de dichas empresas en territorio mexicano. Se espera que estas empresas respeten los mismos criterios que les son aplicados en territorio europeo
Plenario de la VI Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT, Manizales, Colombia, 31 de octubre de 2014.
*La WATERLAT-GOBACIT es una red internacional de estudios sobre la gestión integral del agua en América Latina, reúne a más de 350 académicos, investigadores, sindicalistas, estudiantes y líderes sociales del subcontinente expertos en el tema del agua. waterlat.org, Parlamento de colonias de la ZMG, Cultura de la legalidad, UNDACION CUENCA LERMA, LAGO CHAPALA.SANTIAGO.

Amigos de la Barranca, A.C., Amigos del Lago, Asociación de Abogados A.C., Asociación de Alumnos de la Universidad de Guadalajara Sede San Juan de los Lagos, Asociación de Arquitectos e Ingenieros A.C., Asociación de Hoteles y Moteles A.C., Asociación Ganadera Local de San Juan de los Lagos, Cámara de Comercio y Servicios turísticos de San Juan de los Lagos,
Centro de Investigación y Formación Social (CIFS-ITESO), Ciudadanos por el Medio Ambiente, Colegio de Médicos del Estado de Jalisco A.C., Comité Ciudadano Pro Defensa Ambiental del Salto, Comité Pro Defensa de Arcediano, A.C., Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (CONREDES) A.C., Coordinadora 28 de Mayo, Deseos del Corazón A.C., Foro Ganadero
de Jalisco, Fundación Cuenca Lerma Chapala-Santiago, A. C., Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, A.C., Red WaterLat Gobacit, San Juanenses Unidos por el bien de todos A.C., Siempre Puedes Ayudar A.C., Silvicultores de los Altos, A.C., Tierra Viva A.C., Unidos x San Juan,
Universidad del Valle de Atemajac (Univa), VIDA, A.C.

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Recordar que vivir es algo que se hace todos los días: Experiencia PAP en el CIFS

Por: Lesly Daniela Avilés Padilla

Recordar que vivir es algo que se hace todos los días. Eso fue lo que aprendí en Gómez Farías, un pueblo en el sur de Jalisco. Un lugar donde el cielo está limpio, el arcoíris se deja ver en las tardes de lluvia con sol y la gente regala sonrisas al por mayor.

Vivir 2 meses fuera de casa para realizar tu PAP puede implicar muchas cosas, dejar a tu familia, tu pareja, tus amigos/as y tu vida cotidiana. Pero llegar a una casa en donde te abren las puertas y te reciben con una amabilidad desmedida, me hizo abrir el corazón de inmediato. El PAP Interdisciplinar para el desarrollo regional del Sur de Jalisco me  dio la oportunidad de conocer personas muy valiosas, de tener otra familia y una nueva perspectiva de la vida.

Trabajé en la Cooperativa La Cruz S.C.L., una caja de ahorro y crédito que tiene como bandera el cooperativismo y la solidaridad entre los socios. Una de las necesidades de la organización era lograr que más personas de la comunidad supieran qué es la Cooperativa La Cruz y cómo funciona para que así, se hicieran socios. Otro aspecto que se evalúo fueron las formas de hacer promoción, y ver qué era lo que fallaba ya que sus convocatorias siempre eran fallidas.

Para lograr esto, desarrollé estrategias de comunicación interna y externa siempre en conjunto con las personas que dirigen la Cooperativa. Así como un programa de promoción y difusión y unas capsulas informativas, todo con un solo objetivo, dar una opción para poder mejorar la calidad de vida en la comunidad. Todos los días me despertaba con muchas ganas de caminar por el empedrado de la calle empinada hasta llegar a la cooperativa, ver a la gente ahorrar o retirar y comprometerse fue mi pan de cada día.

Verles trabajar juntos/as para tener una buena calidad de vida, y siempre pensando en la comunidad en general, me hacía sentirme comprometida y con muchas ganas de contribuir en esa labor tan humana.

Nunca había estado rodeada de tanta gente comprometida por el bien común, gente que sin recibir nada a cambio, confía en que se puede llegar a algo mejor. Esas ganas se contagian, y te llenas de luz al estar en contacto con ellas.

La cultura de ese pueblito es muy diferente a la ciudad, a pesar de que estamos a escasas 2 horas de distancia, es otro mundo. Un mundo en el que la gente se preocupa por los/as demás, tienen una unión familiar envidiable y un compromiso social muy arraigado, tanto como la religión y sus múltiples fiestas patronales en las que toda la comunidad participa y yo tuve la suerte de estar en algunas.

En mi estancia en Gómez Farías, tuve tiempo de sentarme en la calle y ver el paisaje tan lindo que ahí se tiene. También ir a la iglesia que tenía enfrente y salir a mojarme mientras llovía. Me empapé de sus costumbres, disfrute cada día en familia, y pude brindarles mis conocimientos para lograr un bien común mientras que ellos fueron los que más me enseñaron a mí.

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Alimentar al mundo cuidando el planeta

Por: Rosa Gutiérrez

¿Cuáles son las posibilidades de la agricultura familiar para contribuir a la crisis alimentaria?

“Es muy clara la evidencia en América Latina de la importancia de la agricultura familiar como generadora de alimentos, pero también como la base de agriculturas más sustentables y respetuosas con el medio ambiente”, Comenta Jaime Morales, Investigador Académico del CIFS – ITESO, quien participó en Colombia, en el Cuarto seminario internacional de agroecología: La agricultura Familiar y la sustentabilidad.

El evento fue organizado por Universidad Santa Rosa Del Cabal en el Departamento de Risaralda, del 17 al 19 de septiembre, con el objetivo de intercambiar experiencias entre la academia, agricultores/as y la comunidad de la Agroecología y Agricultura Familiar Campesina.

El Seminario estuvo enmarcado en la Campaña Internacional de Agricultura Familiar de la FAO (Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación) y  asistieron 550 personas de Cuba, España, Brasil y México, 22 instituciones Internacionales y colombianas; Se realizaron 3 simposios, 150 ponencias, y 1000 productores/as.

Dentro de las conclusiones del Seminario, Morales destaca la relevancia de las semillas nativas como base de la agricultura familiar, y el rechazo de las semillas transgénicas; la necesidad de políticas públicas que fortalezcan la agricultura familiar, como en el caso de Brasil; y la vinculación más estrecha entre personas consumidoras y agricultores/as.

Morales habló de los procesos sociales para luchar en contra del maíz transgénico en México “somos la civilización del maíz. Defender el maíz es defender un bien cultural y patrimonial de las y los mexicanos y del mundo. México es el centro del origen mundial del maíz y por arriba de nuestras diferencias, nos unimos para defenderlo contra los transgénicos”, mencionó.

Cabe destacar que el maíz es parte de la cocina tradicional ancestral mexicana, y fue declarada en 2012 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Finalmente destacó que hay un sólido fundamento científico, basado en experimentos empíricos, que dan consistencia a la afirmación de que la agricultura familiar y agroecología son una alternativa. “Si se favoreciera la Agricultura familiar, lograríamos que las personas agricultoras y nosotros/as como consumidores viviéramos dignamente sin acabarnos los recursos naturales, el suelo”, finalizó.
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Campaña Internacional de Agricultura Familiar de la FAO: www.fao.org
Más información del Seminario: http://www.idea.unal.edu.co/

 

 

 

 

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Recomendaciones Sociales sobre el proyecto de la presa El Zapotillo

Boletín de prensa

Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco

Miércoles 8 de octubre del 2014

 

  • Responder a la necesidad de proteger los Derechos Humanos de los habitantes de Los Altos de Jalisco y atender el Conflicto Social con las mejores prácticas internacionales

 

¿Qué solicita el Observatorio con ésta recomendación?

1)    Ratificar las recomendaciones técnicas emitidas por éste Observatorio el pasado 22 de agosto del 2014

2)    RECOMENDACIONES SOCIALES GENERALES

PRIMERA.- Se recomienda una atención integral de inmediato y con la mayor prioridad de parte del Gobierno del Estado de Jalisco, particularmente de su Ejecutivo; con pleno respeto a los derechos humanos y en el marco de las mejores prácticas nacionales e internacionales de resolución de conflictos y cultura de paz, incorporando para ello en lo que proceda la normatividad y protocolos nacionales, así como los internacionales aplicables.

SEGUNDA.- Se recomienda elevar el estándar de gestión, manejo y resolución del conflicto social, utilizando negociadores nacionales e internacionales expertos en conflictos ambientales, con la clara finalidad de lograr los mayores niveles de justicia ambiental y resarcimiento integral del daño.

TERCERA.- Se recomienda que reconozcan tanto el gobierno federal como el gobierno estatal de Jalisco el  no haber  seguido los protocolos internacionales en materia de evaluación de impacto social, consulta y participación pública, recomendadas por organismos de alto prestigio mundial como la Comisión Mundial de Presas, International Hydropower Association (IHA), UNESCO, OCDE, , BANCO MUNDIAL (incluyendo salvaguardas ambientales y sociales del International Finance Corporation), BID, y de la Asociación Internacional de Evaluación del Impacto (IAIA por sus siglas en inglés). Por otro lado, la CONAGUA no ha implementado principios, lineamientos e iniciativas de la experiencia nacional e internacional capitalizados en su propia agenda local, como la Agenda del Agua 2030 o como la Guía para la incorporación de la variable ambiental, de la Subdirección General de Programación de CONAGUA; para la planeación de alternativas que pudieran ser emblemáticas en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH); por lo que es imperativo el consecuente compromiso de seguir todos estos lineamientos internacionales y nacionales y reponer actuaciones de manera inmediata.

 

CUARTA.- Se recomienda que por parte de los encargados de obra pública hidráulica tanto federal como estatal, exijan a las empresas involucradas instrumentos y prácticas de responsabilidad social empresarial por las que demuestran un valor agregado en su actuación para construir o intervenir socialmente en un proyecto para el bienestar público.

QUINTO.- Se recomienda la elaboración de política pública con un alto grado de lucidez, oficio político, técnica administrativa y razón de estado que se oriente a la sostenibilidad de los recursos con la menor afectación social posible, y que la argumentación pública sea clara a la ciudadanía, mediante un lenguaje accesible a la población, para que quede claro qué afectación o beneficios tendrían éstas.

 

3)    RECOMENDACIONES SOCIALES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA “EL ZAPOTILLO”:

PRIMERA.- Se realicen todas las gestiones y/o se interpongan los recursos legales que procedan – quejas, inconformidades, etc.-, para que todas las autoridades administrativas involucradas cumplan con la resolución de la CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 93/2012, toda vez que su cumplimiento es de orden público y la falta del mismo atenta contra el estado de derecho, los principios rectores de la democracia y la garantía constitucional de acceso efectivo a la justicia, aunado a que un verdadero estado democrático es aquél que cumple a cabalidad con sus resoluciones judiciales.

SEGUNDA

I.-Se realicen todas las gestiones que se requieran para suspender la construcción de la “PRESA EL ZAPOTILLO”, hasta en tanto no se cumpla con los resolutivos de la CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 93/2012 y se concluyan los amparos interpuestos en contra del referido proyecto

 

II.-Se realicen todas las gestiones que se requieran para dar cumplimiento a la RECOMENDACIÓN 35/2009 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco.

 

TERCERA.- Que como manifestación de acto de buena voluntad, y apegado a las mejores prácticas internacionales de resolución de conflictos y cultura de paz, la Conagua pare totalmente la construcción de la presa el Zapotillo, hasta que el conflicto social con los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo se haya resuelto. En otras palabras, que las obras de construcción de la presa se mantengan suspendidas y se abra un proceso de revisión integral y ciudadana al proyecto, que contribuya a la resolución del conflicto socio ambiental a favor de las comunidades y  la región de los Altos de Jalisco.

 

CUARTA.- La construcción de la política pública requiere un alto grado de lucidez, oficio político, técnica administrativa y razón de estado. Una de las obligaciones del diseño de la política pública es lo que se conoce como la argumentación pública, es decir la explicación clara a la ciudadanía, con un lenguaje accesible a la población, de lo que son las políticas públicas y decisiones específicas que les afectan. En el caso de la construcción de la presa “El Zapotillo”, se ha omitido la argumentación pública. Tanto la Conagua, como el gobierno estatal de Jalisco, no han sido capaces de transmitir sus propósitos a la población jaliscienses y a la población afectada directamente, al impulsar la construcción de la presa; por lo anterior la recomendación de este Observatorio es que tanto la Conagua, como el gobierno estatal de Jalisco, crezcan en su deber de desarrollar una responsable y elocuente argumentación pública, haciendo público todos los estudios sociales que hayan desarrollado en torno a la construcción de la presa “El Zapotillo”, y demuestren que han tomado la problemática social con la seriedad debida. Ya que hasta la fecha los estudios que conocemos han sido de naturaleza técnica, sin considerar la ponderación ni el efecto social. No debe un gobierno socialmente responsable, hacer así su accionar público pues se arriesga en el mismo sentido, a una reprobación y descalificación por parte de la sociedad, induciendo a la ingobernabilidad.

 

QUINTA.- La responsabilidad social empresarial, es una de las formas en que las empresas tanto nacionales como internacionales, demuestran que son dignas de construir o intervenir socialmente en un proyecto para el bienestar público. Este Observatorio recomienda que las empresas extranjeras y nacionales involucradas en la construcción de la presa El Zapotillo, es decir, La Peninsular Constructora S.A. de C.V y su brazo mexicano Grupo Hermes S.A. de C.V; la española Fomento de Construcción y Contratas (CFF Construcción S.A.); la empresa Elecnor, la empresa Enagas y particularmente la empresa Abengoa; deben demostrar que en la actualidad tienen una conducta social y éticamente responsable con el medio ambiente y las comunidades donde llevan a cabo sus proyectos, ya sea a través de consultas, entrevistas y acercamiento con las comunidades,  otorgamiento de licencias sociales, práctica socorrida internacionalmente, certificaciones sociales, prácticas concretas socialmente responsables; con el fin de legitimar política y socialmente su probidad internacional a participar en este proyecto. Ya que este Observatorio ha ubicado a algunas de estas empresas, concretamente a la empresa Abengoa, con una conducta corporativa reprobable, como protagonista de episodios tan graves como las guerras del agua que sucedieron en Cochabamba, Bolivia, entre los años 1999 y principios del 2000: la primera gran confrontación por la privatización del agua en un país latinoamericano, en la que se pretendió incluso cobrar por el agua de lluvia. Las empresas extranjeras y nacionales tienen el deber público de probar su probidad ética, sino, deben ser cesadas por los gobiernos federal y estatal.

Es necesario que dichas empresas demuestren con hechos presentes y futuros una conducta distinta en este caso: mediante la realización de consultas, poner capital e infraestructura para los acercamientos con los grupos afectados, sentando así precedentes para futuras conductas, considerando los estándares y bases a través de los cuales pondera este Observatorio Ciudadano.

 

4)    RECOMENDACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON LOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO “ZAPOTILLO-LEÓN”, POR EL QUE SE PRETENDE EL TRASVASE DE LAS AGUAS DE LA CUENCA DEL RÍO VERDE, DE LA PRESA “EL ZAPOTILLO”,  A LA CUENCA DEL RÍO LERMA PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO:

 

 

I Realizar todas las gestiones y actividades que se requieran para suspender la construcción del “ACUEDUCTO ZAPOTILLO-LEÓN”, hasta en tanto no se lleve a cabo un efectivo proceso de información pública veraz y oportuna, una consulta ciudadana y una participación activa y propositiva con todos los sectores de los Municipios afectados por la construcción del referido Acueducto, así como de todos los planes, proyectos y políticas del agua que están previstos para la región alteña, productores, ganaderos, agricultores, ejidatarios, cooperativistas, integrantes de las diversas Cámaras empresariales, prestadores de todo tipo de servicios turísticos, de comercios, hoteleros y de toda índole, universitarios y ciudadanos en general, a fin de que conozcan en su totalidad y en sus consecuencias los impactos sociales, ambientales, hídricos y económicos que traerá aparejada para ellos la construcción del referido Acueducto y la ejecución de los mencionados planes, proyectos y políticas del agua previstos para dicha región alteña, de manera enunciativa más no limitativa, llevar a cabo la instalación de foros, consultas públicas, debates universitarios, reuniones públicas,  al menos y entre otros.

 

II Realizar todas las gestiones que se requieran para suspender la construcción del “ACUEDUCTO ZAPOTILLO-LEÓN”, hasta en tanto no se lleve a cabo un Estudio Integral sobre los Impactos Sociales y Económicos, desde una perspectiva de cambio climático,  del proyecto “El Zapotillo” y la construcción del Acueducto “Zapotillo-León” para el trasvase de aguas de la Cuenca del Río Verde a la Cuenca del Río Lerma, mismo que deberá ser pagado por las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes.

 

III Realizar todas las gestiones que se requieran para suspender la construcción del “ACUEDUCTO ZAPOTILLO-LEÓN”, hasta en tanto no se lleve a cabo una Auditoria Social Integral del Proyecto, que incluya todos los planes, proyectos, documentos elaborados para medir los Impactos Sociales y Económicos,  del proyecto “El Zapotillo” y la construcción del Acueducto “Zapotillo-León” para el trasvase de aguas de la Cuenca del Río Verde a la Cuenca del Río Lerma, mismo que deberá ser pagado por las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes.

 

IV Se entregue de manera ordenada, clasificada e inventariada la siguiente información en copias certificadas:

 

1. Usuarios del Recurso Hídrico de la Cuenca del Río Verde.

2. Incremento demográfico (1980-2010) en la cuenca propia e inmediata del Río Verde.

3. Formulación y Evaluación del Proyecto de la Presa El Zapotillo.,

4.-  La Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto El Zapotillo.,

5.- El Título de Concesión para la construcción del Acueducto Zapotillo-León.

6.- “DICTAMEN sobre los análisis de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental del Proyecto El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a la Ciudad de León, Guanajuato”, elaborado por la empresa Ingenieros Consultores e Inmobiliaria, S.A. DE C.V., el mes de septiembre de 2006.

 

–           Asimismo se recomienda que se solicite la desclasificación de la información enlistada a efecto de que la misma pueda ser conocida, analizada y en su caso comentada por este Observatorio de manera pública,

–           Que en caso de que alguna información por su propia naturaleza sea considerada confidencial o sea objeto de secreto industrial, se solicite la generación de versiones públicas que puedan ser analizadas, comentadas y divulgadas por este Observatorio de manera pública.

 

V En razón de lo anterior, realizar las gestiones necesarias ante las autoridades Federales correspondientes para que no se realice trasvase de agua alguno entre cuencas en razón de la alta fragilidad y vulnerabilidad hídrica de la región de Los Altos, atendiendo al principio precautorio y en una perspectiva de cambio climático.

 

5)    PETICIONES DE CUMPLIMIENTO DIRIGIDO A TODAS LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS CON LAS ANTERIORES RECOMENDACIONES:

PRIMERA.-Una vez recibido el presente documento que contiene todas las RECOMENDACIONES SOCIALES antes señaladas, incluyendo la RECOMENDACIÓN TÉCNICA ya presentada con anterioridad y ratificada en los términos de la presente, la autoridad o servidor público de que se trate deberá informar a éste H. OBSERVATORIO,  dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha Recomendación. Entregará, en su caso, en otros 15 días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la Recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la Recomendación así lo amerite.

 

SEGUNDA.- Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:

 

I En términos de los artículos 2º y demás relativos de las Bases de creación del Observatorio y su Reglamento, la autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de éste H. OBSERVATORIO a comparecer ante el mismo,  a efecto de que expliquen el motivo de su imposibilidad técnica o legal de la negativa.

 

II El Pleno del H. Observatorio determinará, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos que correspondan.

 

¿Por qué son importantes éstas Recomendaciones?

  • Porque hay un incuestionable clamor social que requiere urgente atención
  • Porque existe metodología recomendada por organismos internacionales para evaluar proyectos atendiendo los impactos sociales, económicos, medioambientales que generan los proyectos, que no ha sido considerada
  • Porque no se han evaluado correctamente las alternativas al proyecto que evitarían la inundación de tres poblados

 

¿Cómo se llegó a ésta conclusión?

El Grupo Social, que es un comité dentro del Observatorio coordinado por el ITESO, recopiló los estudios disponibles sobre el tema y realizó un análisis donde se estableció una postura en conjunto, misma que fue avalada mediante votación en el Pleno del Observatorio.

Los principales referentes que se consideraron fueron:

  • La Recomendación 35/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
  • Controversia Constitucional 93/2012, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
  • Diversos juicios de amparo en los que se otorgó la suspensión definitiva para que se pare la construcción hasta 80 metros hasta en tanto no se resuelvan los mismos: expediente 1043/2014 radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, entre otros.
  • Las solicitudes de intervención por parte de los habitantes de las comunidades afectadas, los habitantes y las asociaciones de productores de Los Altos de Jalisco

 

¿Qué autoridades deberán atender éste asunto?

  • Poder ejecutivo del estado de Jalisco, en particular al Gobernador del Estado.
  • Congreso del Estado de Jalisco
  • CEA
  • CONAGUA, en particular la Dirección del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico
  • SEMARNAT
  • Municipios de Cañadas de Obregón y Mezticacán
  • Directivos de las empresas constructoras que participan en el proyecto

 

Respecto al OCGIAJ

¿Qué es el Observatorio y cómo está integrado?

El Observatorio es un consejo instituido por el Gobernador del estado de Jalisco para analizar la problemática del agua en el estado. Sus miembros son honorarios, por tanto no perciben ningún salario o sueldo por su labor.

 

Para la realización de su objeto, el Observatorio cuenta, además del Observador Coordinador, y de un Secretario  de grupo técnico científico, un Secretario de grupo social, quienes promueven espacios de colaboración y aportación de conocimientos, considerando la participación de todos los sectores interesados, afectados o beneficiados por obras y actividades.

 

A la fecha el Observatorio ha celebrado ocho reuniones ordinarias y cuatro reuniones del grupo social del mismo

 

Instituciones que integran el Observatorio:

 

  • Avicultores de los Altos
  • Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (CANACO-Servytur)
  • Centro Empresarial de Jalisco, S. P. (COPARMEX)
  • Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)
  • Consejo Económico y Social de Jalisco (CESJAL)
  • Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (CONREDES) A.C.
  • Consejo Técnico Ciudadano, A.C.
  • Diócesis de San Juan de los Lagos
  • Foro Ganadero de Jalisco
  • Fundación Cuenca Lerma Lago de Chapala-Santiago, A. C.

 

  • Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG
  • Instituto de Limnología del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (UdeG)
  • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
  • Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, A.C.
  • Porcicultores de los Altos
  • Silvicultores de los Altos, A. C.
  • Universidad de Guadalajara
  • Universidad del Valle de Atemajac (Univa)
  • Fundación Nueva Cultura del Agua (Zaragoza, España)
  • Universidad Complutense (Area de Geohidrología)

 

 

Para más información y entrevistas, favor de contactar a:

Ing. Juan Guillermo Márquez G.

Observador Coordinador del Comité Ejecutivo del

Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco

Tels. (0133)1660-4117, +33-1342-9760, +395-101-3292

Radio ID 92*13*5700

Correo elect: observatorio.agua.jalisco@gmail.com

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El derecho de campesinas y campesinos a sembrar para alimentarse en función de su cultura

Por: Rosa Gutiérrez

“La Soberanía alimentaria es el derecho de las personas campesinas a sembrar lo que quieran, para alimentarse en función de su cultura y sus propias cosechas”, comenta Jaime Morales, Académico del CIF ITESO, quien participó el  Encuentro sobre Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria”, el  9 de septiembre, convocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Universidad Veracruzana (UV), el Centro Mexicano de Derechos Ambiental (CEMDA) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV).

La Soberanía Alimentaria surge como “oposición a la agricultura a gran escala, industrial y tóxica del agronegocio que expulsa campesinos y campesinas y acapara tierras en todo el mundo” 1.  Se ha definido como  “el Derecho de los Pueblos, Comunidades y Países a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias […] lo que significa que todos los Pueblos tienen el Derecho a una Alimentación inocua, nutritiva y culturalmente apropiada, y a los recursos para la producción de alimentos y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”2.

A dicho derecho se le agregan dos niveles: Por un lado las personas consumidoras ejercen soberanía por acceder alimentos sanos y producidos localmente. Y por otro lado el Estado debe generar políticas públicas para garantizar la alimentación local de su población.

Es imposible pensar el Derecho a la Alimentación sin la Soberanía Alimentaria.  “Lo que me tocó a mí decir en el foro, fueron las aportaciones de la agricultura familiar, es decir, cómo la agricultura familiar es el único camino para garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación”, comenta Morales.

De acuerdo con el Investigador, el Derecho a la Alimentación no se puede separar del Derecho al Territorio, al Agua, a la Biodiversidad, a la Agricultura Familiar; pues ésta última se basa en la fuerza de trabajo familiar que produce alimentos para consumo propio y luego mercados locales.

“Lo anterior se ve amenazado con la Reforma Energética recién aprobada, por la figura Ocupación Temporal de Tierras. Es decir, las compañías que encuentran gas en la tierra, tendrán uso preferente del suelo, donde campesinas y campesinos siembran alimentos y harán uso temporal del territorio”, menciona el Investigador.

Lo anterior podría generar desplazamiento de grandes cantidades de personas, además de que después de su explotación, las tierras podrían no ser habitables 3.

“Vía Campesina es una de las principales OSC Internacionales que defiende la Soberanía Alimentaria, les invitamos a informarse”, Concluyó Morales.  http://goo.gl/ly7ecC

Más información: Del 6 al 10 de octubre se realizará en el ITESO el Foro de Soberanía Alimentaria, los detalles: http://goo.gl/q1WLVK

Te invitamos a conocer más del CIFS: cifs.iteso.mx

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