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La ratificación de mandato, ¿un paso para transformar la relación entre gobernantes y gobernados?

Por Felipe Alatorre Rodríguez[1]
Académico de la UAB Justicia y Democracia, Cifovis ITESO

¿Evaluó usted la labor de su Alcalde el domingo 27 de agosto pasado? ¿Cómo calificó su desempeño? ¿Le renovó el contrato o le dio las gracias? Si su respuesta a la primera pregunta fue afirmativa, lo felicito. Usted es una de las más de 225 mil personas que decidieron hacer uso de este nuevo derecho ciudadano. Si su decisión fue no participar ya sea porque la figura de ratificación no le convence, o porque no está de acuerdo en la manera como ésta se puso en práctica, también merece mi felicitación. ¿Por qué es posible felicitar por igual a ambas posturas? ¿No encierra esto una contradicción? Tal vez las siguientes reflexiones –hechas desde alguien que fue parte del equipo responsable del desarrollo del ejercicio de la ratificación en Zapopan– ayuden a clarificar esta aparente incompatibilidad, así como identificar los aportes de la experiencia que recién vivimos en 25 municipios de Jalisco.

La ratificación de mandato es un mecanismo que hace posible que las y los ciudadanos ejerzan su derecho a evaluar la gestión de su presidente municipal, la que –en caso de resultar negativa– podría llevar –no obligar– a que el munícipe solicite licencia en su cargo. Es un instrumento que, al ser obligatorio en algunos municipios, puede llevar a una corrección de rumbo casi a medio camino de la administración municipal.

Lo anterior es relevante dado que en México, y sólo en tiempos relativamente recientes, los procesos electorales han sido prácticamente la única vía para evaluar el desempeño de los gobernantes, y no en todos los casos. ¿Qué podemos decir de los cuatro estados de la república que hasta 2017 no han cambiado de partido en el poder desde 1929? ¿Su “no” a la alternancia política indica que sus ciudadanos le otorgan una alta calificación a sus gobiernos y por ello le han refrendado su apoyo a lo largo de casi noventa años? No faltará quien opine que sí y más de alguno afirmará que no. Lo que sí es evidente es el hecho de que la gran mayoría de estados en el país –algunos apenas en 2016– han optado por la alternancia en el poder y con ello los procesos electorales se han constituido en una vía para castigar o premiar a sus gobiernos estatales. Algo similar ocurre en el ámbito municipal desde fines de los años ochenta, y a partir del año 2000 en el plano federal. En general este conjunto de cambios –al menos en teoría– debería llevar a un mejor desempeño de éstos.

La pregunta obligada aquí es: ¿han sido suficientes los procesos electorales para lograr tener buenos gobiernos? Si nos atenemos a la creciente desigualdad, al incremento de la violencia social y el deterioro del medio ambiente, y a los datos que señalan un decremento en el apoyo de la población a la democracia en nuestro país (Latinobarómetro 2016), la respuesta es no. ¿Qué hacer frente a esto? En algunos estados, como Jalisco, las y los ciudadanos nos dimos cuenta –desde hace décadas, pero especialmente en las últimas del siglo pasado– que las elecciones no bastan para mejorar el desempeño gubernamental y que es necesario contar con mecanismos diferentes a los electorales, para intentar que las cosas cambien.

Aquí es donde nos conectamos con la ratificación de mandato. La inclusión de esta figura en los reglamentos de participación ciudadana de algunos municipios de Jalisco, derivado a su vez de procesos de alternancia en dichos ámbitos en años recientes, tiene como antecedente las innovaciones que se han dado en nuestro contexto y que, vía los mecanismos de la democracia directa y participativa, buscan subsanar algunas de las limitaciones de la democracia representativa (electoral). Así en 1998 se crea la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, misma que en 2016 sufre una reforma importante que lleva por una parte a cambios en Ias figuras de Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Popular, y por otra a la inclusión de nuevos instrumentos como el Gobierno Abierto, la Ratificación Constitucional, la Iniciativa Popular Municipal, el Presupuesto Participativo, la Consulta Popular, la Contraloría Social, el Cabildo Abierto, las Juntas Municipales, y la Revocación de Mandato.

Llegado a este punto vale la pena llamar la atención en dos asuntos: que la Ley de Participación Ciudadana[2] no incluye la Ratificación de Mandato, y que esta figura no es equiparable a la de Revocación de Mandato. Por limitaciones de espacio no es posible abundar aquí respecto de las diferencias. Sin embargo, sí vale la pena señalar un elemento que ambas figuras comparten y que es central en cuanto a avanzar en la transformación de la relación entre gobernantes y gobernados: la posibilidad de que la población evalúe lo realizado, o no, por el gobierno municipal durante su gestión, y no sólo al final, al momento de revisar si se cumplieron o no las promesas de campaña.

El poner en la balanza qué tanto la figura de la ratificación aporta o no al fortalecimiento de la capacidad de la población para evaluar a sus gobernantes, obliga a hacer referencia a las múltiples limitaciones que se evidenciaron con la puesta en práctica de esta figura, y que fueron señaladas por diversos actores. Las mismas pueden agruparse de la siguiente manera: la confusión en el significado del ejercicio; la autocalificación, la utilización del ejercicio para la autopromoción política; la fecha de su realización, la falta de información oportuna y deliberación ciudadana; la improvisación; la capacitación limitada y deficiente de los ciudadanos encargados de atender la consulta, la poca participación, etc.

Es tarea pendiente evaluar si se dieron o no, y en qué medida, cada uno de los cuestionamientos planteados en los diversos municipios en donde se realizó el ejercicio. Con todo y que es evidente la necesidad de hacer correcciones a la figura antes de que vuelva a ser puesta en práctica, vale la pena hacer alguna referencia a los aprendizajes que dejó la figura de la ratificación de mandato. Estos, desde mi perspectiva, no son menores, considerando los siguientes elementos: a) que los gobiernos municipales son los que tienen un mayor contacto con la población –dado que son los responsables de proveer diversos servicios, regular el uso de espacios y brindar seguridad en su ámbito territorial–; b) la creciente decepción respecto de la democracia; c) junto con lo anterior, el creciente alejamiento de las y los ciudadanos respecto de los asuntos públicos y el alto nivel de desconfianza que prevalece entre nosotros y que constituye un obstáculo importante para la organización de la sociedad (INE. 2015, Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México).

Llegado a este punto, conviene preguntarse ¿qué se ganó con la experiencia? ¿Por qué es posible felicitar tanto al que participó o no –a partir de definir su postura respecto de la figura– en el ejercicio de ratificación? Desde mi punto de vista, y a partir de la propia vivencia como integrante del Consejo Ciudadano de mi municipio, me permito plantear que el ejercicio valió la pena dados los elementos que enumero enseguida.

a) La puesta en práctica de la ratificación nos permitió conocer que nuestros representantes en el cabildo tienen atribuciones para reglamentar ciertas dimensiones de la vida municipal que no son las que reconocemos habitualmente y que pueden ser trascendentes para la vida del municipio, en específico en lo que concierne a la rendición social de cuentas.

b) De muy diversas maneras nos llevó a preguntarnos sobre el devenir del gobierno municipal y a buscar alguna información a partir de la cual emitir una opinión sobre su desempeño, lo que resulta en algún tipo de acercamiento e involucramiento en la “cosa pública” municipal. Esto es “arroja luz” sobre la gestión municipal.

c) Derivó en el análisis del mecanismo de evaluación que está contenido en la ratificación de mandato, sus alcances y limitaciones, lo que constituye un avance importante no sólo porque ahora sabemos que existe al menos una forma de hacer dicha tarea y que es central saber quién tiene la atribución de operarla.

d) Nos llevó a dialogar con otros y otras –a veces no de la mejor manera– no sólo respecto del desempeño del gobierno local, sino del mecanismo para realizar su evaluación y quién debiera operarlo.

e) Nos educó en términos de las diversas repercusiones que puede tener el uso del mecanismo en el plano electoral, ejercicio de recursos públicos, y eventual manipulación de grupos de población.

f) A la autoridad municipal le muestra las implicaciones económicas, logísticas y políticas de operar el mecanismo.

g) A partir de las limitaciones observada en el instrumento, nos obligó a imaginar mejores maneras de utilizarlo. Podemos seguir con la lista.

En síntesis, desde mi perspectiva ganamos como sociedad, ya que para muchos de nosotros y nosotras, hasta hace no muchas semanas, o meses, poco sabíamos de la posibilidad que tenemos de evaluar y ratificar a nuestros gobernantes, y que ello puede tener efectos positivos para mejorar la rendición de cuentas de los gobiernos. Sin duda, y con todas las limitaciones de una primera experiencia –entre ellas que no se dio una mayor participación de personas– es evidente que dimos un paso en la línea de ofrecer alternativas ciudadanas de valoración del gobierno, y de que en el futuro los ciudadanos sepamos que debemos ser considerados para la toma de decisiones importantes, que actualmente toman unilateralmente los gobernantes.

En otras palabras, el ejercicio sentó un precedente para que las disposiciones importantes –por ahora en el municipio- deban ser sometidas a ratificación por la población a la cual afectan, lo cual redunda en la calidad de la democracia. Tal vez coincidan en la apreciación de que valió la pena la experiencia, ya que nos empodera como ciudadanos, y nos muestra que existen maneras de que los gobiernos no se desentiendan de su obligación de tutelar los derechos ciudadanos y con ello hacer que en la sociedad se viva con mayor justicia y dignidad.

[1] Agradezco sobremanera los comentarios al presente texto del Dr. Miguel Bazdresch P., y del Mtro. Jose Bautista F.

[2] Hoy incorporada como Libro Quinto del Código Electoral y de Participación Social del estado de Jalisco

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El relator y el informe sobre el derecho humano al agua en México

Por: Dr. Carlos Peralta Varela

Entre el 2 y el 12 de mayo del presente estuvo de visita en México el Sr. Léo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. Su visita fue corta, pero y sobre todo, acotada. Académicos del ITESO lo invitamos a visitar Jalisco ya que existen graves problemas de contaminación en los ríos de la entidad, conflictos por el agua en diferentes regiones (entre ellas los altos de Jalisco) ligados en algunos casos a intereses por inversiones multimillonarias, como la presa El Zapotillo y el acueducto concesionado a la empresa Abengoa (que llevaría el agua del río Verde hasta la ciudad de León), y entre otros, graves problemas de salud relacionados con el saneamiento del agua en la ribera de Chapala, específicamente nos podemos referir a San Pedro Itzicán y la comunidad de Agua Caliente en donde viven centenares de personas con enfermedades renales. Fue lamentable enterarnos que vendría a nuestro país y que visitaría en forma oficial únicamente la Ciudad de México, Veracruz y Chiapas.

Por otro lado, un grupo amplio y muy relevante de organizaciones y redes de la sociedad civil, entre las cuales se encuentran (tan sólo por mencionar dos de ellas) la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, tuvo el acierto de elaborar el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, 2017 (Informe DHAyS)[1], mismo que lograron comentar y entregar al relator con la intención de ofrecerle un panorama más amplio y complejo sobre las diversas problemáticas relacionadas con el agua en nuestro país.

El Informe es relevante, implicó un esfuerzo de varios años para documentar distintas fórmulas en que el Estado mexicano viola el derecho humano al agua y al saneamiento. Inicia dando cuenta del contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento. Posteriormente expone las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. Pero y como bien lo enuncia la COMDA,  la parte fundamental de este documento da cuenta de las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del agua, con las cuales se privilegia a grandes empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos.

En el informe nos invitan a tomar en cuenta que México se ha comprometido a implementar la Agenda 2030 de la ONU, cuyo Objetivo número 6 busca “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Pero cumplir con este propósito se aprecia difícil y para ello tan sólo una reflexión: en México se mide el acceso al agua en términos de “agua entubada” lo cual en realidad es medir infraestructura, no acceso real, continuo, suficiente, de buena calidad y asequible. Esta lógica de medir acceso al agua está muy lejos de “considerar los problemas existentes tanto de continuidad en el servicio como de la calidad del agua que se obtiene” (Informe DHAyS: 14). En otras palabras, más del 90% de los hogares en México pueden tener acceso a tuberías, pero no a un abasto continúo de agua potable.

En la medida que a partir de una visita tan acotada el relator no hubiera logrado identificar la diversa problemática del agua en el país, cobró mayor importancia que se elaborara desde la sociedad civil, un informe que ofrece una mirada crítica, amplia y compleja sobre el derecho humano al agua y al saneamiento en México. Este tipo de trabajos vale la pena difundirlos y conocerlos.

 

[1] El informe completo se puede descargar de la página de la COMDA, en la dirección: http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

 

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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), autonomía en riesgo

José Bautista Farías[1]

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha presentado como un entramado institucional con atribuciones para el combate efectivo de la corrupción que padece nuestro país, derivado de acuerdos políticos entre actores sociales y del gobierno. Sin embargo, existen  varios signos de alarma que ponen en riesgo la autonomía y los alcances de este incipiente modelo, veamos:

  1. La falta de acuerdos en el Senado para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, dando lugar a la instalación (el 04/04/17) del SNA incompleto. Dicho espacio fue asumido en su lugar, momentáneamente, por Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República (PGR), exdiputado federal y exsenador por el PRI, fue consejero político y coordinador de asuntos jurídicos del comité ejecutivo nacional de ese partido, cercano al presidente.
  2. El Acuerdo A/029/17 de la PGR (del 17/04/17) que modifica el diverso A/011/14 anterior, por el que se crea la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, encargada de la investigación y sanción de este tipo de delitos, podrían anular la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, por lo siguiente: a) establece la aceptación del procurador general para la aprobación de los planes y programas destinados a detectar la comisión de delitos por actos de corrupción; b) sujeta al consentimiento del titular de la PGR los nombramientos de los agentes del ministerio público federal, adscritos a la Fiscalía Especializada Anticorrupción; c) modifica, deroga o abroga las normas administrativas del Fiscal Anticorrupción cuando éstas contradigan a las emitidas por la PGR.
  3. La propuesta enviada al Senado por Enrique Peña Nieto de 18 aspirantes a ser magistrados anticorrupción, los cuales deberán ser ratificados por los legisladores. Al respecto, el Comité de Participación Ciudadana del SNA envió una carta al presidente y al Senado de la República (el 02/05/17), objetando dichos nombramientos por que no observaron los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad y con ello “se privó a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos empresariales, a los colegios profesionales y a los ciudadanos en general de evaluar, opinar y cuestionar el perfil personal y profesional, no sólo de quienes fueron designados, sino de todos aquellos que contendieron a ocupar uno de esos cargos”.

¿Por qué es importante que el SNA cuente con un Fiscal autónomo al igual que los magistrados y agentes del ministerio público federal que formarán parte de este organismo? Porque que es fundamental que las acciones y decisiones de estos servidores públicos no estén maniatadas a los intereses de los altos funcionarios que pudieran estar involucrados en redes de corrupción;  porque es la única forma de generar contrapesos que contrarresten los abusos de poder y limiten la impunidad que prevalece en el país. Además, es la única manera de garantizar imparcialidad en las investigaciones de los actos de corrupción y el establecimiento de sanciones.

Para dimensionar la relevancia de la autonomía del Fiscal Anticorrupción, pensemos qué habría sucedido si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, impone como Fiscal del Sistema Estatal Anticorrupción a Francisco Portilla Bonilla, como de hecho lo intentó, pero fue rechazado por el Congreso de esa entidad. De haberse concretado este nombramiento seguramente Duarte no estaría encarcelado en estos momentos en Guatemala, ni sometido a juicios por actos de corrupción.

El SNA está en riesgo de claudicar en el combate efectivo a la corrupción si su autonomía se ve socavada por los intereses partidistas y del gobierno, a no ser que los ciudadanos organizados lo impidan por medio de la movilización y la manifestación política en todos los espacios a su alcance, incluido los procesos electorales en puerta.

 

[1] Académico del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.

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Pensar la orientación vocacional comunitaria desde los bachilleratos indígenas wixáritari y na’ayeri

Por: Sandra Cruz. Colaboradora del Programa Indígena Intercultural-CIFS. Licenciada en Psicología por el ITESO, centra su participación en el PII en el diseño y puesta en marcha de talleres educativos a través de metodologías participativas.

“… ahí me vi yo mismo en lo físico y me imaginé como soy en la vida, mis habilidades, mis metas”. –Estudiante del bachillerato Intercultural Bilingüe Tatei Yurienaka ‘Iyarieya, durante la evaluación al taller.

A inicios de 2016 el Programa Indígena Intercultural del Centro de Investigación y Formación Social,  a través de su línea de investigación participativa de Educación Formal invitó a la Red de Centros Educativos Interculturales Wixáritari y Na’ayerite[1] -Red CEIWYNA-, a participar en el desarrollo del proyecto de “Orientación Vocacional Comunitaria”, su propósito fue generar una metodología de estudio y materiales didácticos de apoyo a los docentes para que lleven a cabo espacios de reflexión sobre el proyecto personal a futuro del estudiante al egresar del bachillerato. Los talleres se trabajaron en los bachilleratos: Intercultural Bilingüe Tatei Yurienaka ‘Iyarieya – EMSaD #39[2], Intercultural Muxatena[3] e Intercultural  Takutsi Niukieya[4].

Es común que la Orientación Vocacional sea entendida o relacionada a la elección de una carrera técnica o universitaria, se cree que dicha decisión conformará parte sustancial de un proyecto de vida a largo plazo que asegurará estabilidad y bienestar a futuro. Sin embargo, ¿qué sucede cuando estudiar no representa el interés o tampoco responde a la realidad social, económica o cultural del estudiante de una comunidad indígena?

Dinámica de autorepresentación con alumnos y profesores. Bachillerato Intercultural Takutsi Niukieya. ‘Uweni Muyewe, Durango.

Nace la propuesta de Orientación Vocacional Comunitaria

Bajo esta interrogante, y a partir de la recuperación de las reflexiones de los equipos de directivos y docentes, derivadas de los Encuentros Generales de la Red[5], surgió el proyecto de Orientación Vocacional Comunitaria (OVC). En dichas discusiones, se mencionó que el tema se abordaba mínimamente, y en algunos casos, no se impartía por la falta de material educativo contextualizado y adaptado a las necesidades y el perfil de los alumnos en la sierra. La pertinencia en el desarrollo de este trabajo, también se ahínca en los datos arrojados por los directivos de las escuelas donde existe un incremento en el número de egresados de los bachilleratos; se estima que concluyen sus estudios  alrededor de 70 jóvenes anualmente a nivel Red.

El concepto de  Orientación Vocacional Comunitaria es un ámbito nuevo y a explorar por los docentes de la Red CEIWYNA, ya que son ellos los testigos que observan a diario los cambios de la juventud wixárika y na’ayeri. Lo anterior, los coloca como sujetos de acción para orientar y reflexionar desde el aula sobre el rumbo que los egresados tomarán en el futuro.

Para los egresados wixáritari y na’ayeri la elección de futuro se relaciona a su contexto, sus necesidades y posibilidades. Al terminar los estudios de bachillerato regresan a sus localidades[6] para ocupar cargos tradicionales, formar una familia o trabajar en el campo. Otros salen en búsqueda de empleos temporales a las ciudades o campos jornaleros, y en menor proporción, deciden estudiar una carrera universitaria al concluir la preparatoria. Algunos casos, trabajan hasta un año en el Consejo Nacional del Fomento Educativo (CONAFE) para ganar una beca que los apoye durante su periodo de estudios en el nivel superior.

Materiales educativos contextualizados de OVC. Guía didáctica del docente.

Al reconocer la existencia de distintos perfiles, tanto los que eligen permanecer como los que salen de la comunidad, el ejercicio de la Orientación Vocacional Comunitaria consiste en dialogar el proceso del alumno para que descubra a través de la reflexión el sentido que dará a su vida. La OVC, no sólo se limita a saber qué estudiar, sino que abre la posibilidad de explorar qué hacer en y para el ámbito comunitario. En este proceso se toman en cuenta sus habilidades e intereses personales para desarrollarse en determinada área. Igualmente, durante el proceso de reflexión existe el cuestionamiento constante ¿Cómo el estudiante puede pensarse como sujeto de acción y transformación social de su contexto?

Diseño de materiales contextualizados

A partir del desarrollo de los talleres de OVC, en los tres bachilleratos interculturales, se ha buscado crear modelos y pedagogías colaborativas[7], cuyo enfoque sea la libertad de ensayar las inquietudes, opiniones y  decisiones que los estudiantes tomarán en la vida. Por lo tanto, es conveniente que la libertad de expresión sea el principal argumento y la herramienta base para orientar y llevar a cabo procesos de acompañamiento escolar y personal, no sólo en la etapa del bachillerato, sino en las distintas etapas del desarrollo humano.

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[1] La Red CEIWYNA está integrada por dos secundaria y seis bachilleratos: Centro Educativo Intercultural Bilingüe Tatuutsi Maxakwaxí (San Miguel Huaixtita, Jalisco), Bachillerato Intercultural Bilingüe Tatei Yurienaka ‘Iyarieya (San Andrés Cohamiata, Jalisco), Bachillerato Intercultural Muxatena (Presidio de los Reyes, Nayarit), Bachillerato Intercultural Tsikwaita EMSaD no. 51 (San Miguel Huaixtita, Jalisco), Bachillerato Intercultural Takutsi Niukieya (Bancos de San Hipólito, Durango), Bachillerato Intercultural Tamaatsi Kauyumarie (Popotita, Jalisco), Bachillerato Intercultural Kuemaruse (Rancho Viejo, Nayarit) y Secundaria Intercultural Tsitarejmi (Huicot, Nayarit); el orden de las escuelas corresponde a la fecha de su creación.
[2] San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco.
[3] Presidio de los Reyes, Ruíz, Nayarit.
[4] Bancos de San Hipólito, Calítique, Durango.
[5] Del 2014 al 2016, la Red y el PII llevan a cabo Encuentros generales para compartir experiencias acerca del estado en que se encuentra cada uno de los centros en materia de gestión y la búsqueda del reconocimiento de sus propuestas educativas ante la Secretaria de Educación Pública, el trabajo y revisión de sus modelos educativos y la organización de encuentros entre profesores y alumnos de la Red CEIWYNA, de diferente índole.
[6] Las localidades son poblados con un número reducido de habitantes y  que pertenecen a una cabecera o comunidad.
[7] Se diseñaron 3 materiales didácticos que aún se encuentran en proceso de revisión por parte de los profesores y directivos encargados del área y los bachilleratos. Estos son: Guía didáctica de OVC para el docente; Guía del estudiante de OVC y el Manual del docente de OVC.
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Complexus 7: Ciudadanía y territorio: Paisajes de alternativas ciudadanas en el sur de Jalisco

Decimos no porque queremos decir , y decimos a pesar de que un no se quiere imponer como única palabra real y posible.

Y en este marco es que suceden una infinidad de luchas que construyen alternativas ciudadanas que hacen frente a muy diversas y complejas situaciones problemáticas. El presente trabajo, coordinado por José Guillermo Díaz Muñoz, recoge este proceso de diálogo y confrontación en la construcción de múltiples sí, es decir, se trata de diversas respuestas en contextos específicos que muestran que es posible construir más allá de ciertos modos de actuar que se han pretendido imponer como únicas vías de acción e inacción (los no). En un paisaje así, en donde se imbrican alternativas y problemáticas, se encuentran naturalmente un sinfín de claro oscuros, de avances y retrocesos, de esfuerzos y fatigas, de sueños y abandonos, de preguntas, respuestas y nuevas preguntas.

Te invitamos a leer esta edición y otro números del Complexus click aquí

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Reflexiones sobre los movimientos feministas

Por: Mariana Espeleta

En los últimos años, hemos visto como el movimiento feminista cobra fuerza en muchas partes del mundo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso no hemos llegado ya a una posición de igualdad?

A menudo en los pasillos de la universidad y en otros espacios públicos escucho con atención este tipo de preguntas y los debates que se generan alrededor del tema. Muchos y muchas jóvenes tienen claro que la igualdad es una batalla que está muy lejos de haberse ganado: aunque no sea la situación concreta que viven todas las mujeres, en México las estadísticas que nos hablan de la desigualdad son terribles, incluso las estudiantes universitarias, están expuestas a injusticias y peligros por el solo hecho de ser mujeres: violencia de pareja, acoso laboral, acoso callejero, menor salario por igual trabajo y violencia sexual, son algunos de los temas que afectan la vida cotidiana de millones de mujeres de todas las clases sociales.

Además de todas estas causas que no han dejado de estar presentes, en muchas partes del mundo es posible observar que hay tendencias al retroceso. Los derechos que ya se habían conseguido, están siendo desmantelados por grupos políticos ultraconservadores, o populistas, conscientes que los cuerpos y vidas de las mujeres siempre son un botín político con el que se puede negociar ¿Qué quiero decir con esto? Tomemos como ejemplo el caso de los Yihadistas, o del Presidente Donald Trump; ambos han utilizado el discurso del sometimiento e inferioridad de las mujeres como una base para la creación de consensos, particularmente entre una población masculina que necesita reafirmar su posición de poder en la sociedad.

¿Qué pasa?

Como todos sabemos, a partir de mediados del siglo XX, los papeles sociales de hombres y mujeres han cambiado enormemente. Las mujeres arribamos al campo laboral y a la educación profesional de forma masiva. Nos convertimos en  jefas de familia, asumimos un montón de responsabilidades, y con ello hemos exigido también muchos derechos que antes nos eran negados. Por ejemplo, la ley de paridad en México, es fruto de la exigencia por una base de igualdad para contender en los espacios de representación política. En todo este movimiento, el papel tradicional de los hombres como jefes, líderes, proveedores, tomadores de decisiones, etc. se ha ido desmoronando sin pasar por una reflexión colectiva, que lleve a redefinir los límites, roles y nuevas posibilidades de la masculinidad. Esta indefinición, ha sido vivida por varias generaciones de hombres como una verdadera amenaza a su lugar en el mundo. Quizá esto explica en parte, la virulenta reacción que tienen algunos ante el avance de los derechos de las mujeres, o incluso ante la manifestación pública de posturas en pro de la igualdad y en contra de la violencia sexista. Como ejemplo, pueden observarse los debates en las redes sociales o los comentarios que se expresan por el público cuando una mujer denuncia algún tipo de abuso o violencia: a menudo encontraremos insultos, amenazas y críticas sin fundamento.

En un contexto local y global como este, no es de extrañarse que haya una reacción colectiva de mujeres, sobre todo porque gracias a internet y las redes sociales es posible conocer de inmediato aquellos sucesos que ocurren en diferentes partes del mundo, y también es más fácil organizar campañas, acciones colectivas y difundir mensajes de indignación y resistencia: las redes están llenas de estos contenidos, expresados de formas creativas, humorísticas, o combativas.

Sin embargo, es muy importante recalcar dos cuestiones fundamentales: la primera es que todo este movimiento mediático, es solamente el reflejo de lo que sucede en la calle y las acciones concretas de los movimientos que exigen igualdad, justicia y respeto para las mujeres. En México podemos observar la cada vez más creciente participación de una sociedad civil organizada que exige alto a la violencia, alto al acoso, derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros.

En segundo lugar que estos movimientos no son solamente de mujeres para mujeres: muchos hombres también han comprendido la necesidad de repensar su posición de privilegio masculino como una forma de control social que también les ha negado derechos y posibilidades de crecimiento personal, imponiendo como atributos obligatorios la agresividad, la competitividad, el control de las emociones, la propensión al riesgo, entre otras características que han producido daños personales y sociales.

Una de las cosas que disfruto más de mi trabajo la universidad, es el contacto con generaciones de jóvenes que están más dispuestas y dispuestos a cuestionar los roles de género y reconocer la necesidad de un cambio profundo en las estructuras de dominación y poder que asignan posiciones sociales a partir del hecho biológico de nacer con un cuerpo sexuado.

Creo que estamos en un momento clave para informarnos y formar parte de un movimiento de liberación humana que es decisivo para transformar la realidad del mundo. Este movimiento se llama feminismo, y quiero terminar aclarando –porque siempre me lo preguntan- que “feminismo” es anterior al término “machismo”. No es “lo mismo pero al revés”. El feminismo surge en el S. XIX con los movimientos de mujeres por el derecho al voto, y a partir de allí el concepto ha evolucionado en muchas tendencias, pero es un término reconocido como parte de la teoría social. El término “machismo” surge (como lo entendemos hoy) de forma imprecisa por allí de los años 70 del S. XX, pero es un término más bien coloquial, que tiene sentido solo en las lenguas romanas. El término correcto sería “sexismo”, y no… no es lo opuesto al feminismo.

 

 

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Las simplificaciones de un simplificador. Ideas a vuelo de pájaro

Autor: Enrique Luengo González, académico del CIFOVIS e interesado en temas de Complejidad

Hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir al Primer Congreso Mundial sobre Pensamiento Complejo cuyo tema era el pensar posibilidades o alternativas de respuesta para los problemas globales que enfrentamos los habitantes de nuestro deteriorado planeta. Sin rodeos, se puede decir que se invitaba a pensar complejamente, lo que se opone a pensar simplificadamente. Pensar complejamente es, entre otras cosas, abrir una serie de vías nuevas que nos conduzcan a actuar a los humanos teniendo presente nuestro destino común, es un hecho que ningún país o región del mundo se salvará sólo, tal como está quedado demostrado con los problemas derivados de gases invernadero, los flujos migratorios, las amenazas nucleares, el deterioro o agotamiento de los mantos acuíferos, la contaminación galopante de la atmósfera y los mares, entre otras cosas. Por ello, el concebir a la humanidad con un destino común invita a los acuerdos, a la cooperación humanitaria, a la solidaridad, el respeto al derecho internacional, etc.

Paradójicamente, en lugar de avanzar en nuevas y creativas soluciones así como acuerdos colectivos para responder a los desafíos mundiales como los anteriormente mencionados encontramos ideas y políticas que van de regreso a viejas y mal logradas respuestas. El ejemplo más patético es lo que ahora está sucediendo en Estados Unidos de Norte América, que en lugar de asumir los problemas en su complejidad, se simplifican la formulación de los problemas, con lo que, a su vez, se simplifican sus respuestas.

Lo que pasa con las pobres argumentaciones en nuestro vecino país del norte es revelador. La simplificación consiste en pensar en que medidas draconianas y prohibitivas de la migración ofrecerán mayor seguridad al país, cómo si el país fuera un sistema cerrado y sus propias medidas no incrementaran la beligerancia y violencia de los grupos radicales internos o externos contra sus propios habitantes, instituciones o empresas. También, es una simplificación el pensar en la migración mexicana o centroamericana sin papeles como delincuentes o criminales; pensar que la disminución de las regulaciones medio ambientales para la industria facilitaría el desarrollo económico (la naturaleza se deteriora y ello tiene costos económicos con el tiempo); pensar que una simple medición de las transferencias comerciales (importación/exportación) puede medir el complejo intercambio económico entre dos naciones pues se tendría que considerar lo que aportan los trabajadores explotados y sin seguridad social en aquel país, las ganancias de las corporaciones y empresas de servicio que se transfieren de México a EU, la balanza del turismo entre los dos países, los científicos y técnicos formados en México que ofrecen sus servicios en el país donde no recibieron su educación, etc.-.

Pudiéramos añadir que es una simplificación pensar que los hombres y mujeres “exitosas” económicamente, fungirán como políticos igualmente “exitosos”; que la situación del conflicto de medio oriente se solucionará escuchando o apoyando a una sola de las partes; que quien tiene poder político o económico define el rumbo de los no “exitosos”; que el cambio climático es una mentira de otros países para limitar la industria norteamericana. En fin, es una rotunda simplificación pensar que la verdadera realidad es la que yo percibo y que los que no piensan lo mismo que yo están equivocados.

El pensamiento simplificador tiende a dicotomizar, a polarizar, a ser maniqueo, tal como lo suele hacer el populismo. De esa manera, se suele movilizar a la población cuando se sienten estancadas o deterioradas en sus expectativas. El populismo trabaja particularmente en esos casos a partir de la violencia simbólica, es decir, mediante el acoso –acoso a lo latino, acoso a lo musulmán, acoso a los productos no “Made in USA”, acoso a las empresas que producen fuera del país, acoso a las lenguas extranjeras, etc.-. En una palabra, acoso a lo diferente.

 

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Una vuelta más de tuerca o una raya más al tigre: muros, fronteras, deportaciones…

Por: Iliana Martínez y Sofía de la Peña

¿Hay nuevos escenarios en el tema migratorio para México, o solo es una vuelta más de tuerca de una situación que desde hace años se viene radicalizando y haciendo más dramática en lo referente a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en México y la región? ¿Qué pasará con las medidas que el presidente D.Trump plantea en cuestiones de migración?

Hasta hoy ha firmado dos decretos con medidas vinculadas a seguridad fronteriza e inmigración, entre las que resaltan la construcción de un muro en la frontera con México, penalizar a las ciudades santuario retirándoles fondos federales, contratar más agentes para controlar la inmigración en frontera y en el interior, fiscalizar la ayuda para el desarrollo, humanitaria, militar o económica de EU a México, construir centros de detención en frontera.

Sin menospreciar lo que está sucediendo, la situación de por sí ya era crítica: en nuestras fronteras norte y sur hay miles de migrantes varados, centroamericanos y extra-continentales (haitianos, cubanos, africanos), hombres, mujeres, menores no acompañados, familias completas; aproximadamente 4 millones y medio de mexicanos deportados en la última década que luchan por reconstruir sus vidas, familias binacionales separadas, estigmatización y olvido; redes de trata y tráfico de personas a lo largo del país en connivencia con autoridades; detenciones y deportaciones de centroamericanos que México está haciendo; amenazas y agresiones a quienes defienden los derechos de las personas migrantes… Éste es el verdadero muro, y éste, ya existe desde hace años y no se ha querido ver. Está en nuestras fronteras, en nuestras ciudades, en la falta de presupuesto y programas públicos, en los prejuicios o falsos temores, y en la falta de hospitalidad.

El mensaje virulento y de odio nos está estrellando en la cara una situación que desde hace años organizaciones de migrantes, de sociedad civil y defensores de derechos humanos vienen documentando y denunciando: la criminalización y abusos de personas migrantes y refugiadas en México y Estados Unidos. Los gobiernos preocupados en proteger sus fronteras, y no en atender las causas estructurales que originan que las personas dejen sus lugares de origen.

México como país de destino para centroamericanos y de otras nacionalidades que no logran llegar a EU, y de retorno de mexicanos que de manera obligada o voluntaria están regresando. Jalisco, históricamente migrante, es importante en este nuevo escenario. Más de 4 millones de jaliscienses de primera y segunda generación en EU. Del 2010 a la fecha, según datos del Instituto Nacional de Migración, a Jalisco han regresado 112,509 jaliscienses deportados, y muchos más de otros estados y países están viendo en nuestro estado un polo de atracción.

Se requiere un trabajo binacional para proveer información y protegerles, tanto en origen como en destino; presupuesto real para los programas de atención a las personas retornadas, y a las y los

jaliscienses en riesgo en EU; creación de oficinas municipales de atención a migrantes en donde no las haya y un programa de reinserción integral de personas retornadas, migrantes y refugiadas; prestación de servicios legales y atención psicológica; difusión de acuerdos federales y programas de apoyo en municipios y comunidades.

Este adverso escenario es una oportunidad para enderezar la brújula, una oportunidad para México y cambiar su imagen en temas de derechos humanos. El punto no es el muro, es el modelo de desarrollo económico y una política migratoria centrada en la gestión ordenada de los flujos migratorios y la seguridad nacional. Atendamos nuestros problemas estructurales de fondo: pobreza y desigualdad, derechos humanos, violencia. Es hora de que nuestro gobierno cree las condiciones necesarias que impulsen el desarrollo local que permita a las personas tener una vida digna y permanecer en sus lugares de origen, sin tener que dejar todo porque su vida ahí no tiene futuro.

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Performance en Italia por los 43 estudiantes desaparecidos

Escrito por: Paloma Patlán

Fotografía: Shek Po Kwan

Blog paloma

La música contagia una atmósfera sombría, y al compás de un ritmo lento, caminan personas vestidas de blanco que llevan en la mano una luz. Se acuestan contiguos 43 estudiantes, apoyan la luz en su pecho y se les ilumina un rostro joven. La quietud de la música termina, el sonido de cuerdas acelera la acción de personas vestidas de negro que trazan con un gis la silueta del cuerpo de cada estudiante que yace en el suelo.

Suenan percusiones que se asemejan a las palpitaciones de un corazón, y en cada estruendo, un estudiante apaga su luz. Mientras las luces se extinguen, es más notorio cómo sus sombras se pierden en las veintiún horas de la noche del 26 de septiembre.

Juntos, los estudiantes se levantan del suelo y vuelven a iluminarse. Entre la música se escuchan voces de protesta y se hace visible que las siluetas de sus cuerpos han formado en el suelo un mapa de México. Su presencia deja una luz encendida en derredor a la línea delgada que delimita al país. Se observa entonces, la evidencia de una nación construida por cuerpos ausentes.

Son escudos entre la niebla y el símbolo de la injusticia. Un monumento de cuerpos que se instauran en la memoria de todos. Se ha probado que el fuego no podría haber extinguido su cuerpo sin que hubiera evidencia. Sin embargo, la escena del crimen vislumbró otra penumbra, y ha hecho despertar a otras personas que exigen encender la luz.

 

El proyecto – For the Dissapeared­ (http://www.fabrica.it/projects/for­the-disappeared/) fue realizado por la mexicana Karen Oetling en colaboración con Associazione Inossidabile; Karen es miembro del área de campañas sociales en FABRICA (www.fabrica.it), un centro de investigación de comunicación con base en Treviso, Italia, que emplea distintas herramientas artísticas como vehículo de cambio en la conciencia social en el mundo. Y Associazione Inossidabile, con sede en Venecia, promueve proyectos culturales y es organizador de “The Bridges of Graffiti”, evento colateral de la 56 Bienal de Venecia.

Jhon Montoya, miembro del Departamento de Música de FABRICA, fue compositor de la melodía que sonorizó el manifiesto al que se unieron 43 estudiantes voluntarios originarios de distintas partes del mundo, la mayoría estudiantes y entre ellos 4 mexicanos ­ Karen Oetling y Juan Pablo R. Valadez, son egresados de la Carrera de Diseño del ITESO en Guadalajara, Jalisco­.

 

La performance se realizó en Venecia, Italia, el mismo día y a la misma hora en el que hace un año se vio con vida por última vez a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; haciendo un reclamo por el esclarecimiento de la causa de su desaparición y que se enjuicie a los criminales. Además, al realizarse en un espacio público, fue una manifestación colectiva y un acto de presencia civil.

Sin embargo, la instalación en esencia, tiene la intención de ser un homenaje a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero también a los estudiantes que han desaparecido a causa de la violencia y represión en el mundo.

Este proyecto encuentra semejanzas y genera relaciones con el otro, debido a que en el país los 43 estudiantes de Ayotzinapa se han convertido en un símbolo de indignación por las más de 25,000 personas desaparecidas desde el 2007 a lo que va del año, según cifras oficiales; pero también para estudiantes de distintas nacionalidades es un símbolo de estudiantes que desaparecieron en su lucha por la justicia social en su país, en contextos distintos, pero también a causa de la violencia estructural de su lugar de origen.

En ese sentido, este proyecto da cuenta que no se es tan diferente del que ahora se encuentra ausente. Probablemente debido a la información construida y tergiversada por distintos medios, los estudiantes en el exterior tienen un entendimiento más difuso sobre la causa y el contexto de qué sucedió con los 43 estudiantes normalistas. Sin embargo, fue un acto en el que intervinieron jóvenes procedentes de distintas partes del mundo que conocen las luchas estudiantiles en su país y exigen que no desaparezca un estudiante más en ninguna parte del mundo.

Para ellos, este acto busca ser un medio para exigir la vida de los ausentes y compartir su indignación sin que sea de carácter nacional. Es presencia humana que reclama por los que no están presentes.

La instalación se encontrará situada de forma permanente e incitará al cuerpo de los espectadores a instaurarse e instalarse como objeto de reclamo; plantar con todos los sentidos, la inquietud por unirse a la búsqueda de la verdad y entender en un sentido humano lo que representa la ausencia de un estudiante, de una vida. Es un mecanismo para no olvidar, para exigir luz de verdad y que esto no le ocurra a nadie más; es una construcción de memoria y alteridad, un manifiesto plasmado con el cuerpo para acompañar al otro. Para compartir en el mundo que nos quisieron enterrar, pero somos semilla.

 

Para más información del proyecto:

http://www.fabrica.it/projects/for­the­disappeared/

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La desaparición forzada, nada que celebrar

José Bautista Farías[1]

¿Quién consideras que es el principal responsable de las desapariciones forzadas?, para el 41% de los encuestados el gobierno y las organizaciones criminales, para el 40% las organizaciones criminales y un 14% el gobierno. Revela una encuesta nacional de Parametría[2] sobre el tema. El sólo hecho de que aparezca el gobierno como uno de los responsables de este delito nos advierte que algo anda mal en nuestro sistema de gobierno. El 87% de las personas encuestadas refiere que en México sí existen las desapariciones forzadas contra un 3% que negó su existencia y un 10% que dijo ignorarlo. Según Ximena Antillón, de Fundar, en el país existen más de 22 mil casos documentados de desapariciones en el país, más de 12 mil ocurrieron en la pasada administración federal y bajo el actual gobierno se registraron más de 9 mil desapariciones bajo este esquema.

Para algunas personas puede resultar paradójico que el 30 de agosto haya sido declarado el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, ¿A quién se le ocurrió semejante atrevimiento?, ¿acaso los gobiernos no deberían de ocuparse de que esto no ocurra?, ¿de qué magnitud es este problema para que la ONU tome cartas en este asunto? Según un estudio de la ONU en el mundo se contabilizaron más de 43 mil casos de desapariciones. México es el país de América Latina más cuestionado en este tema a raíz de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre de 2014. De los 195 países del mundo, solamente 46 han ratificado la declaración sobre desapariciones forzadas, entre ellos México. En un informe del alto comisionado de la ONU (feb/2015) concluyó que “la impunidad por las desapariciones en México, al igual que la tortura y el uso de la violencia por parte de las fuerzas federales, eran una práctica esparcida por todo el territorio de manera generalizada”. La cancillería mexicana negó dicho informe bajo el argumento de que en el diagnóstico presentado existían inexactitudes estadísticas.

Para Luis Raúl Gonzáles Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el país no tiene la posibilidad de dimensionar el verdadero problema de las desapariciones forzadas, en virtud de que se adolecen de bases de datos confiables y actualizados para determinar con certeza el número de casos imputables a las autoridades del Estado y distinguirlos de aquellos que son responsabilidad de particulares (La Jornada, 27/08/15).

Lo que sí se sabe es que las desapariciones forzadas es un fenómeno que va en ascenso en varias partes del mundo; que es un método utilizado por gobiernos y grupos criminales con el fin de infundir temor y someter a las y los ciudadanos. Se conoce que en su origen fue ejercido por las dictaduras militares y que actualmente se usa como medida de represión política de los oponentes. También se sabe que es usado principalmente en contra de los defensores de derechos humanos, los parientes de las víctimas y sus abogados, los periodistas, entre otros y que la impunidad que impera en algunos países favorece su práctica.

Según datos de Amnistía Internacional desde 2007 en México han desaparecido cerca de 25 mil personas, la mitad de éstos durante el actual gobierno. En Jalisco, el Registro Nacional de Personas Desparecidas y Extraviadas, establece que hay más de dos mil 160 personas desaparecidas. De acuerdo con integrantes de “Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco” (FUNDEJ) no se han visto resultados a la fecha por parte del Área de Búsqueda de Desaparecidos de la Fiscalía del Gobierno de Jalisco (La Jornada Jalisco, 31/08/15).

Dentro de las acciones que actualmente se impulsan por parte de organismos civiles y el gobierno federal para hacer frente a este problema destacan: una nueva ley sobre desapariciones forzadas, la actualización del registro nacional de personas desaparecidas y extraviadas, la creación de una fiscalía especializada en la materia y de un sistema nacional de búsqueda vinculado a un mecanismo trasnacional, entre otras acciones. Pero todo esto resultará en vano si no se ataca a fondo la impunidad, corrupción y convivencia de las autoridades con las organizaciones criminales que imperan en el país.

[1] Académico del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.

[2] La encuesta de Parametría se efectuó del 22 al 26 de agosto de 2014 con una muestra de 800 personas a nivel nacional realizada en viviendas, con un margen de error de +_ 3.5%.

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