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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), autonomía en riesgo

José Bautista Farías[1]

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha presentado como un entramado institucional con atribuciones para el combate efectivo de la corrupción que padece nuestro país, derivado de acuerdos políticos entre actores sociales y del gobierno. Sin embargo, existen  varios signos de alarma que ponen en riesgo la autonomía y los alcances de este incipiente modelo, veamos:

  1. La falta de acuerdos en el Senado para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, dando lugar a la instalación (el 04/04/17) del SNA incompleto. Dicho espacio fue asumido en su lugar, momentáneamente, por Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República (PGR), exdiputado federal y exsenador por el PRI, fue consejero político y coordinador de asuntos jurídicos del comité ejecutivo nacional de ese partido, cercano al presidente.
  2. El Acuerdo A/029/17 de la PGR (del 17/04/17) que modifica el diverso A/011/14 anterior, por el que se crea la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, encargada de la investigación y sanción de este tipo de delitos, podrían anular la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, por lo siguiente: a) establece la aceptación del procurador general para la aprobación de los planes y programas destinados a detectar la comisión de delitos por actos de corrupción; b) sujeta al consentimiento del titular de la PGR los nombramientos de los agentes del ministerio público federal, adscritos a la Fiscalía Especializada Anticorrupción; c) modifica, deroga o abroga las normas administrativas del Fiscal Anticorrupción cuando éstas contradigan a las emitidas por la PGR.
  3. La propuesta enviada al Senado por Enrique Peña Nieto de 18 aspirantes a ser magistrados anticorrupción, los cuales deberán ser ratificados por los legisladores. Al respecto, el Comité de Participación Ciudadana del SNA envió una carta al presidente y al Senado de la República (el 02/05/17), objetando dichos nombramientos por que no observaron los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad y con ello “se privó a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos empresariales, a los colegios profesionales y a los ciudadanos en general de evaluar, opinar y cuestionar el perfil personal y profesional, no sólo de quienes fueron designados, sino de todos aquellos que contendieron a ocupar uno de esos cargos”.

¿Por qué es importante que el SNA cuente con un Fiscal autónomo al igual que los magistrados y agentes del ministerio público federal que formarán parte de este organismo? Porque que es fundamental que las acciones y decisiones de estos servidores públicos no estén maniatadas a los intereses de los altos funcionarios que pudieran estar involucrados en redes de corrupción;  porque es la única forma de generar contrapesos que contrarresten los abusos de poder y limiten la impunidad que prevalece en el país. Además, es la única manera de garantizar imparcialidad en las investigaciones de los actos de corrupción y el establecimiento de sanciones.

Para dimensionar la relevancia de la autonomía del Fiscal Anticorrupción, pensemos qué habría sucedido si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, impone como Fiscal del Sistema Estatal Anticorrupción a Francisco Portilla Bonilla, como de hecho lo intentó, pero fue rechazado por el Congreso de esa entidad. De haberse concretado este nombramiento seguramente Duarte no estaría encarcelado en estos momentos en Guatemala, ni sometido a juicios por actos de corrupción.

El SNA está en riesgo de claudicar en el combate efectivo a la corrupción si su autonomía se ve socavada por los intereses partidistas y del gobierno, a no ser que los ciudadanos organizados lo impidan por medio de la movilización y la manifestación política en todos los espacios a su alcance, incluido los procesos electorales en puerta.

 

[1] Académico del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.

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