Tlaquepaque Jalisco a 5 de febrero del 2015
Carlos A. Peralta Varela
La impunidad en México es un problema actual y a la vez histórico, en la medida que se trata de uno de los fenómenos que deberían considerarse profundamente enraizados en la estructura de nuestro país.
Para dar cuenta de cómo la impunidad se identifica históricamente vinculada a la violación a los derechos humanos, podemos citar unos ejemplos. En 1990 el Presidente Carlos Salinas creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fue en ese contexto (1991) que la organización Amnistía Internacional presentó un informe cuyo título daba cuenta clara de lo que acontecía en el país, se llamó: “México, tortura e impunidad”.
Posteriormente, en el año 2000, la Red “Todos los Derechos para todas y todos”, elaboró la Agenda mínima de Justicia y derechos humanos en la cual mencionaba que: “Tortura, ejecuciones, desapariciones, detenciones arbitrarias, amenazas, discriminación e impunidad, son violaciones a los derechos propias de un régimen autoritario y militar, sin embargo, en México, país que se dice en transición a la democracia, ocurren cotidianamente”(pág.5) “sobresale la incapacidad de los órganos investigadores para resolver delitos del orden común los cuales, en la mayoría de los casos, quedan en la impunidad debido a la incapacidad y corrupción que permea en las instancias de procuración de justicia” (pág. 6)
No en balde y casi una década después, el Dr. Alberto Aziz (2011)[1] afirmó que la impunidad y la corrupción son males endémicos que han carcomido las instituciones del Estado mexicano “Diariamente vemos que los delitos quedan sin castigo, que se hace un uso privado y patrimonial de los recursos públicos, que la delincuencia tiene como incentivo no ser molestada por la autoridad, que en relación a los delitos que se comenten más del 98 por ciento quedan impunes, que muchos de los delincuentes salen libres por una deficiente impartición de justicia, que hay acciones y expedientes del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República que no se apegan a la legalidad, que las cárceles están llenas de pobres que están recluidos por delitos menores”.
En la actualidad la impunidad aun es una constante. En el informe 2015 de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, menciona sobre México que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura si bien se realizan en el contexto de las actividades de la delincuencia organizada, se posibilitan debido a la falta de rendición de cuentas de las fuerzas oficiales de seguridad, en un escenario donde la impunidad continúa siendo la norma.
El pasado lunes (8-II-2016) en la glosa del informe rendido por el gobernador, el Dr. Guillermo Zepeda Lecuona indicó que en Jalisco tenemos tan poca confianza en la justicia, que en el estado únicamente se denuncian 4.9 por ciento de los ilícitos que se comenten. Somos el estado en donde menos delitos se denuncian.
Lo dicho anteriormente viene al caso también porque a mediados de la semana pasada se presentó El Índice de Impunidad Global 2015[2]. Para este estudio analizaron la información de los 193 Estados Miembros de la ONU. Un primer resultado que debe llamarnos la atención es que “los cinco países con los índices más altos de impunidad son Filipinas, México, Turquía, Colombia y La Federación de Rusia”
Evidentemente (:63) México ocupa un lugar crítico con relación al fenómeno de la impunidad, los hechos ocurridos en la última década hablan por sí mismos: la lucha contra el crimen organizado que ha operado sin rendir cuenta de sus acciones, los niveles altos de corrupción al interior de los poderes políticos, las desapariciones forzadas y un número sobresaliente de delitos no investigados ni castigados, han generado en la esfera de la opinión pública nacional e internacional una percepción de ingobernabilidad y una auténtica preocupación ciudadana que ha desembocado en la exigencia hacia el Estado de respuestas y soluciones.
La impunidad se vincula directamente con la inseguridad y genera dudas sobre el derecho al acceso a la justicia. Por ello puede entonces sorprender que entre los resultados del Índice sugieran que en México no se necesitan invertir muchos más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. Sugieren que deberíamos “contar con más jueces dentro del sistema de justicia” porque esta medida impactaría inmediatamente sobre el número de juicios, ya que al aumentar el número de éstos se podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también reducir la sobrepoblación de las cárceles.
Casi 45 años han pasado desde ese primer informe de Amnistía y la impunidad continúa siendo un problema para el cual no se aprecia solución, porque si bien, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales se hicieron notorias en el gobierno del presidente Felipe Calderón, el nivel de incidencia de las desapariciones durante el presente sexenio no ha disminuido y la tortura es considerada generalizada. Debemos tener muy presentes los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y recientemente el de los 5 jóvenes desaparecidos en Veracruz, para reconocer la gravedad de un escenario que nos colocan en la atención internacional.
La impunidad es entonces un problema endémico, sin embargo, si deseamos seguridad y vigencia de los derechos humanos, debemos de luchar por erradicarlo.
[1] Aziz Nassif Alberto, Hartazgo con la impunidad. El Universal 13 de septiembre del 2011
[2] Índice de Impunidad Global. http://www.udlap.mx/cesij/resumenejecutivo.aspx