La desaparición forzada, nada que celebrar

José Bautista Farías[1]

¿Quién consideras que es el principal responsable de las desapariciones forzadas?, para el 41% de los encuestados el gobierno y las organizaciones criminales, para el 40% las organizaciones criminales y un 14% el gobierno. Revela una encuesta nacional de Parametría[2] sobre el tema. El sólo hecho de que aparezca el gobierno como uno de los responsables de este delito nos advierte que algo anda mal en nuestro sistema de gobierno. El 87% de las personas encuestadas refiere que en México sí existen las desapariciones forzadas contra un 3% que negó su existencia y un 10% que dijo ignorarlo. Según Ximena Antillón, de Fundar, en el país existen más de 22 mil casos documentados de desapariciones en el país, más de 12 mil ocurrieron en la pasada administración federal y bajo el actual gobierno se registraron más de 9 mil desapariciones bajo este esquema.

Para algunas personas puede resultar paradójico que el 30 de agosto haya sido declarado el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, ¿A quién se le ocurrió semejante atrevimiento?, ¿acaso los gobiernos no deberían de ocuparse de que esto no ocurra?, ¿de qué magnitud es este problema para que la ONU tome cartas en este asunto? Según un estudio de la ONU en el mundo se contabilizaron más de 43 mil casos de desapariciones. México es el país de América Latina más cuestionado en este tema a raíz de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre de 2014. De los 195 países del mundo, solamente 46 han ratificado la declaración sobre desapariciones forzadas, entre ellos México. En un informe del alto comisionado de la ONU (feb/2015) concluyó que “la impunidad por las desapariciones en México, al igual que la tortura y el uso de la violencia por parte de las fuerzas federales, eran una práctica esparcida por todo el territorio de manera generalizada”. La cancillería mexicana negó dicho informe bajo el argumento de que en el diagnóstico presentado existían inexactitudes estadísticas.

Para Luis Raúl Gonzáles Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el país no tiene la posibilidad de dimensionar el verdadero problema de las desapariciones forzadas, en virtud de que se adolecen de bases de datos confiables y actualizados para determinar con certeza el número de casos imputables a las autoridades del Estado y distinguirlos de aquellos que son responsabilidad de particulares (La Jornada, 27/08/15).

Lo que sí se sabe es que las desapariciones forzadas es un fenómeno que va en ascenso en varias partes del mundo; que es un método utilizado por gobiernos y grupos criminales con el fin de infundir temor y someter a las y los ciudadanos. Se conoce que en su origen fue ejercido por las dictaduras militares y que actualmente se usa como medida de represión política de los oponentes. También se sabe que es usado principalmente en contra de los defensores de derechos humanos, los parientes de las víctimas y sus abogados, los periodistas, entre otros y que la impunidad que impera en algunos países favorece su práctica.

Según datos de Amnistía Internacional desde 2007 en México han desaparecido cerca de 25 mil personas, la mitad de éstos durante el actual gobierno. En Jalisco, el Registro Nacional de Personas Desparecidas y Extraviadas, establece que hay más de dos mil 160 personas desaparecidas. De acuerdo con integrantes de “Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco” (FUNDEJ) no se han visto resultados a la fecha por parte del Área de Búsqueda de Desaparecidos de la Fiscalía del Gobierno de Jalisco (La Jornada Jalisco, 31/08/15).

Dentro de las acciones que actualmente se impulsan por parte de organismos civiles y el gobierno federal para hacer frente a este problema destacan: una nueva ley sobre desapariciones forzadas, la actualización del registro nacional de personas desaparecidas y extraviadas, la creación de una fiscalía especializada en la materia y de un sistema nacional de búsqueda vinculado a un mecanismo trasnacional, entre otras acciones. Pero todo esto resultará en vano si no se ataca a fondo la impunidad, corrupción y convivencia de las autoridades con las organizaciones criminales que imperan en el país.

[1] Académico del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.

[2] La encuesta de Parametría se efectuó del 22 al 26 de agosto de 2014 con una muestra de 800 personas a nivel nacional realizada en viviendas, con un margen de error de +_ 3.5%.

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