Por: Jorge Narro Monroy
En junio pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hizo públicos los resultados de su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 (ENCIG). La información se levantó entre noviembre y diciembre de ese año y los resultados “son representativos de la población de 18 años y más que reside en poblaciones urbanas de 100 mil y más habitantes”.
Pues bien, Jalisco no queda nada bien parado en lo que se refiere a percepción de la corrupción.
El 56% de nuestra población (1 millón 690 mil personas), reporta que los actos de corrupción son muy frecuentes. Este dato coloca a la entidad en el nada honroso tercer lugar en el país, sólo superada por el Distrito Federal y Michoacán. Añadamos que la media nacional es de 48% de los mayores de 18 años…
Pero nada nuevo tratándose de Jalisco:
En la encuesta de percepción del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2013-2033, “63% por ciento de los encuestados mencionó la necesidad de combatir la corrupción (…) y 72% dijo considerar inefectivas las acciones del gobierno para combatir la corrupción” (Gobierno abierto y rendición de cuentas, p. 594).
Y nada nuevo siendo Aristóteles Sandoval el titular del Ejecutivo:
En una encuesta a usuarios de servicios públicos realizada a mediados de 2011 por Profesionales por la Ética, la Academia Jalisciense de Transparencia y Acceso a la Información y Smart Comunicación, el municipio de Guadalajara (entonces gobernado por Sandoval) resultó, en la zona metropolitana, el de mayor corrupción: 89.9% de los entrevistados dijo que en la administración el problema era “igual o peor” que en la anterior (la de Alfonso Petersen).
Guadalajara era la demarcación donde más ciudadanos habían vivido o sido testigos de un acto de corrupción: 43.9% de los encuestados. De acuerdo al estudio, en el 74.81% de los casos la corrupción fue inducida por el funcionario público, en tanto que 19.26% la propició el ciudadano. La corrupción se presentaba de diversas formas, pero era en el soborno donde más se reflejaba: 47.54% de los entrevistados aseguró haber estado involucrado en un soborno y 24.59% dijo haber sido extorsionado en alguna ocasión por elementos policiacos. (Ver: crónicadesociales.org, 7 septiembre 2011)
Tengo una hipótesis para explicar el incremento del fenómeno.
En los tiempos de la “dictablanda” priista, los funcionarios y los políticos afiliados al tricolor, seguros de la perdurabilidad del régimen, podían robar de a poquito: tenían años y años asegurados en la administración pública y, por tanto, años y años para sacarle jugo. No por nada la célebre sentencia “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, del veracruzano César “El Tlacuache” Garizurieta.
Pero se inició la alternancia (primero en los municipios, luego en los estados y finalmente en el Gobierno federal) y con ella la incertidumbre. Un político (ya no sólo del PRI) únicamente podía estar seguro del puesto que ocupaba: “Hoy tengo hueso, mañana quién sabe”. En otras palabras: “Hoy puedo robar, mañana quién sabe”. ¡Y a robar se ha dicho! A robar con una voracidad y una urgencia brutalmente depredadoras.
Los panistas siguieron el ejemplo de los priistas y los superaron. La fugacidad de las oportunidades los “obligaba”. Los perredistas, por supuesto, no se quedaron atrás. Y al regresar al poder los tricolores, habiendo aprendido la lección, se han refinado.
En 2007, casi un año después del arribo a la Gubernatura de Jalisco del panista Emilio González Márquez, la entidad se encontraba “en el promedio nacional de la escala en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que construye la organización ‘Transparencia Mexicana’.” (Cesjal, Actualización Jalisco a Futuro, enero de 2012). En 2013, ocho meses después de la toma de protesta de Aristóteles Sandoval, y a decir del INEGI, estábamos en el tercer lugar nacional en percepción de corrupción, ocho puntos porcentuales por arriba de la media…