Por: Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC
18 de septiembre de 2014.- El pasado 1º de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa preferente de Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es de celebrar que se haya considerado prioritaria esta propuesta de Ley, y que al considerarse preferente, obligue al Congreso a revisarla y aprobarla en un máximo de 30 días. Es también un logro que se intente legislar con urgencia para atender la violación constante a sus derechos del que son víctimas día a día niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Sin embargo, haciendo un análisis detenido, la propuesta tiene fallas y carencias serias, que en principio denotan una falta de enfoque de derechos humanos en su elaboración, y sobre todo la necesidad de un cambio de paradigma para dejar atrás la visión asistencialista de la defensa y protección de los derechos de la infancia, hacia una en la que se les considere sujetos de derecho. Mientras no se dé este cambio de visión, las acciones que se lleven a cabo serán meramente cosméticas, desde un rol tutelar y proteccionista del Estado, y no uno que los involucre activamente como titulares de derechos.
En principio, la iniciativa de Ley no plantea el reconocimiento explícito de la ciudadanía jurídica de niñas, niños y adolescentes, por lo que no logra ampliar la atención del Estado más allá de un cuidado proteccionista y asistencialista, y no propone espacios de autonomía para su participación en los espacios públicos que tienen que ver con su vida cotidiana y con los asuntos que son de su interés.
Un aspecto propuesto por la Ley y que habrá que analizar con detenimiento tiene que ver con la reglamentación para que los medios de comunicación publiquen información sobre niños, niñas y adolescentes sin violar su derecho a la intimidad. Sin duda es necesario vigilar el que los medios tengan responsabilidad en el manejo de datos e información de manera que se proteja su identidad, privacidad y seguridad. Sin embargo, hay que ser muy claros en las disposiciones de dicha regulación, ya que se corre el riesgo de que se maneje con discrecionalidad o de que se limite la libertad de expresión de las y los niños y adolescentes. Es necesario garantizar que tengan presencia en los medios para que estén representados y se escuche su voz, y para visibilizar las violaciones a sus derechos y las agresiones de que son víctimas diariamente. ¿Cómo se utilizaría esta ley, por ejemplo, para sancionar la reciente “inspección” a que fueron sometidos niños y niñas en Zócalo del Distrito Federal el pasado 15 de septiembre al acudir junto con sus familias a dar el grito de Independencia? Las imágenes difundidas en las redes sociales son más que evidentes y muestran la visión de fondo que tiene el gobierno federal en torno a los derechos de la población infantil y juvenil.
La Ley deja pendiente también la atención a una población doblemente vulnerable: los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Al no incluir en la propuesta lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una ley que los invisibiliza y los discrimina nuevamente.
Si se quiere de verdad atender las situaciones emergentes que esta población enfrenta de manera cotidiana en nuestro país, se requieren leyes y estrategias específicas que garanticen el derecho a todos los principios señalados en la Convención, recordando que ningún principio se garantiza en su totalidad sin la presencia de los otros. Y que para asegurarlos se requiere mucho más que buenas intenciones, se necesita un presupuesto autónomo y específico, un cambio de paradigma, capacitación y sensibilización en todas las instituciones públicas vinculadas con su atención, sanciones ejemplares ante la violación de sus derechos, acciones que provoquen cambios concretos en las forma en que funcionan las instituciones en este país, y procesos de evaluación de las políticas implementadas que permitan su corrección a corto plazo y la continuidad de aquellas estrategias que funcionen. Se trata de atender a necesidades reales, y no sólo de maquillar o apagar fuegos mediáticos y superficiales. Impulsar el cambio cultural y estructural que nos lleve a construir un México propicio para el desarrollo de la infancia y la juventud.