Por Carlos Peralta Varela, coordinador del Programa Institucional de Derechos y Paz del ITESO, y académico del Centro de Investigación y Formación Social [CIFS- ITESO].
El pasado 17 de noviembre se realizó aquí en Guadalajara un foro para documentar y denunciar las múltiples formas de cómo se está despojando a las poblaciones de sus tierras y recursos. El foro tenía como propósito “reflexionar sobre las consecuencias que acarreó la reforma al artículo 27 constitucional en 1992 y compartir la experiencia que tenemos en las resistencias frente a los despojos que ocurren ahora en Jalisco y en el país”.
El Lic. Rubén Avila Marín abrió la reflexión. Recordó que la tierra en nuestra cultura prehispánica era comunal, la privatización llegó con los españoles. Sin embargo, fue hasta Carlos Salinas cuando la privatización de tierras ejidales se vio en forma comercial, la tierra dejó de ser un bien para lograr justicia social y se dejó a manos de la especulación. El despojo de poblaciones, de tierras, de bienes comunes se ha vuelto una de las fuentes contemporáneas de acumulación de capital, y en Jalisco el despojo se consolida como parte de una estrategia de acumulación privada.
En nuestro estado, el despojo de tierras se vincula a negocios turísticos de lujo en la costa o en el lago de Chapala. Debe tenerse presente que 82 por ciento de las playas de Jalisco han sido privatizadas en la última década. Salvador Magaña, regidor de La Huerta, recordó los despojos que han sufrido en Chamela, Tenacatita y Careyitos. Dió el dato de que 33 de las 36 playas en ese municipio se han privatizado. Además recordó que en torno a este despojo han muerto o desaparecido pescadores o ejidatarios por resistirse a los negocios turísticos que les quieren imponer.
En la ciudad, los empresarios inmobiliarios atentan contra la calidad de vida en algunas colonias, pero también presionan a comunidades y ejidos suburbanos con la intención de comprarles sus tierras para levantar grandes fraccionamientos. En el Nixticuil, a pesar de la resistencia, avanza el proyecto inmobiliario Mirasierra que dañará el área natural protegida. Por su parte en Santa Cruz de las Flores se resisten proyectos gubernamentales de infraestructura como el macro libramiento, que acarrearán perjuicios y devastación ambiental en lugar del prometido progreso.
En este rápido recuento no puede dejarse de lado el despojo causado por las afectaciones ambientales. En la barranca del río Santiago una docena de pueblos luchan contra el despojo que provoca la contamina de sus tierras y envenena su vida. Desde el Salto y Juanacatlán y pasando por todas las comunidades de la barranca, la contaminación ambiental está provocando que aguas y pueblos desaparezcan.
En relación a las comunidades indígenas, el despojo se vincula a la gran riqueza natural de los territorios que ocupan. Santos de la Cruz del Consejo Regional Wiraritari, realizo un recuento de los despojos que han sufrido en su territorio, pero también de las luchas que han emprendido y de los logros en la recuperación de tierras, es importante su experiencia porque da cuenta que no todo está perdido. Por otro lado también habló de Wirikuta, lugar sagrado del pueblo wixárika que está amenazado por un negocio capitalista minero. De igual manera los Nahuas de Ayotitlán, están afectados por las empresas mineras, luchan cotidianamente por preservar lo que aún queda de su territorio. Debe tenerse presente que el 22 por ciento de todo el territorio estatal esta concesionado para explotaciones mineras desde el año 2000, según se dio cuenta en el foro.
Existen diferentes tipos de despojo, pero y en síntesis, en el foro se identificaron al menos, siete poderosos intereses que generan despojo en Jalisco:
- Los intereses del capitalismo turístico en la costa.
- Los intereses de los negocios inmobiliarios en zonas urbanas, especialmente en el área metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, pueblos de la barranca del río Santiago, Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco).
- Los viejos intereses del capitalismo industrial (El Salto, Juanacatlán, Guadalajara y Zapopan)
- La intensificación reciente del capitalismo minero (Ayotitlán, pueblos wixárika).
- Los negocios capitalistas agro-ganaderos (Tuxpan).
- Los proyectos de infraestructura de los gobiernos, al servicio de la acumulación de capital (Temacapulín, Juanacatlán, Santa Cruz de las Flores).
- La reciente incorporación del narcotráfico y la delincuencia organizada, ya sea como inversionistas directos (para lavar dinero) o como fuerza paramilitar al servicio de los otros intereses capitalistas.
En el foro se denunció que cientos o miles de personas han sido acosados, denunciados, detenidos, encarcelados, enjuiciados, sentenciados, perseguidos, golpeados, acosados, desterrados, desaparecidos o asesinados por defender lo que es suyo, por defender la reproducción de su vida: tierras, ríos, playas, bosques, parques, áreas protegidas, bienes comunes, barrios, colonias. De hecho se pidió la aparición con vida de personas desaparecidas recientemente: Celedonio Prudencio Monroy, secuestrado el 23 de octubre de 2012 en Ayotitlán, y los pescadores de Cruz de Loreto, José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinosa Díaz desaparecidos desde el 24 de marzo de 2011.
Luchar por los derechos humanos, implica lograr justicia social. En la medida que continúa la concentración o afectación inescrupulosa de territorios en unos cuantos grupos poderosos, observaremos como va reduciéndose la calidad de vida de la mayoría de la población en nuestro país.