El arte de maquilar a proposito de la imagen urbana y el espacio público

Fuente: http://www.portavoz.tv/2014/12/16/el-arte-de-maquilar/

Por Marcos Betanzos

Este fin de semana, autoridades del Municipio de Chimalhuacán hicieron entrega a su comunidad de la escultura monumental denominada Guerreo Chimalli. La autoría, a cargo de Sebastián (Enrique Carbajal), ha comenzado a circular en notas periodísticas, exaltando en todas ellas una serie de números propios de la megalomanía que se le ha asociado al escultor chihuahuense y de la línea más estricta del comunicado de prensa del gobierno municipal: la obra alcanza los 60 metros de altura; pesa 870 toneladas –es la más grande que el autor ha realizado-; promete ser el nuevo icono del municipio mexiquense; cuenta con una cimentación de 65 pilotes hincados a 28 metros de profundidad y una base de concreto a 10 metros de altura, bla, bla, bla… En una de esas no vacilarían en presumir que es la más horrenda de la colección, la fealdad nunca antes esculpida, pero cierto recato aún no les permite hacerlo. Es curioso que tampoco les permita presumir cuánto costó y quién o cómo se paga una obra así.

Ante la gran opacidad que vivimos y que colma el universo de la obra pública en nuestro país, Sebastián, a través de su fundación, se ha erigido como la mano benefactora que lleva la cultura y el arte a cada municipio de este país, a cada pueblo, porque como se sabe, no hay ciudad que merezca el título sin que tenga una obra de Sebastián en una plaza pública o edificio de gobierno. Él logró que la escultura sea un objeto de primera necesidad pero a la fuerza, nadie se salva de ver por aquí y por allá, las casi 200 obras que ha realizado y a esto habrá que sumarle las conmemorativas –y también puestas a venta- representaciones a escala que “engalanan” un sinfín de oficinas de funcionarios públicos. “Todos los gobernadores, alcaldes y políticos de México le encargan a Sebastián… Los políticos se sienten seguros financiando sus esculturas porque son famosas. ¿Que por qué son famosas? Porque las compran los políticos.” Afirma Guillermo Sheridan.

Vale la pena preguntar, ¿cuánto nos cuesta tal despliegue escultórico que con mayor frecuencia nos hace encontrarnos con estructuras figurativas en rojo, verde, amarillo, correspondencia curiosa con los partidos políticos que gobiernan las sedes de sus obras?, ¿cuánto nos cuesta que el instrumento para hacerse de más pedestales municipales para erigir esos monumentos abstractos sea la donación?, ¿Y la donación como instrumento NO sujeto a revisión obliga a ignorar quién y cómo se contrata la construcción y el mantenimiento de esas monumentales obras?, ¿este mecanismo es ilegal o simplemente incorrecto?

Así, mientras a los políticos se les hincha el pecho al cortar el listón, a los ciudadanos se les aplasta el mínimo orgullo de pertenencia cuando ven coronados sus impuestos con un nombre cósmico –ahora ya no tanto, ahora domina la tendencia prehispánica- que resulta ser un cascarón de acero sin oficio ni beneficio porque a los pies de Sebastián no hay nada, sólo políticos y funcionarios dispuestos a prestar sus territorios de gobierno como escenografías para justificar arrogantemente que una escultura sea visible desde otro municipio y quizá consolidar así la discrecionalidad y la falta de transparencia en el destino de los recursos públicos. ¿A usted le han preguntado si quiere otro Sebastián en la glorieta de su barrio? Tenga cuidado, a su funcionario público se lo están sonsacando.

Eruviel Ávila en 2012 visualizó un Guerrero Chimalli para Chimalhuacán, lo hizo antes que imaginar banquetas, garantizar el abasto de agua o energía eléctrica, incrementar la seguridad del municipio, dar cobertura total  de alumbrado público o consolidar un programa de mantenimiento para áreas verdes. Este fin de semana, el Guerrero Chimalli que parece soportar con toda firmeza una antorcha campesina (nombre de la principal asociación civil de influencia política en el municipio) y no un hacha, reitera que a los pies de Sebastián no hay nada, si no lo cree anímese a visitar el municipio que gobierna Jesús Tolentino Román y observe cómo la improvisación, la ignorancia y el derroche hicieron de un pretexto artístico un parque lineal con fuentes danzantes y luces multicolor: el espectáculo es francamente deprimente, monumental y vergonzoso.

En nombre del mejoramiento de la imagen urbana, se ha erigido otro monumento a la opacidad. ¡Es increíble que con esa escala aún no pueda verse con claridad lo que hay detrás de las miles de toneladas de acero pintadas a todo color!

Indignados

Fuente: http://proyectopublico.org/2013/04/08/indignados/

Por: 

¿Dónde están los indignados por la arquitectura de México? En un país sin una regulación clara en los métodos de encargo de proyectos arquitectónicos de obra publica ni en la realización de concursos, la falta de transparencia afecta tanto a clientes y arquitectos como a los proyectos en sí. También afecta a los ciudadanos en general, quienes viven en lugares donde no sólo la arquitectura “oficial” se realiza con irregularidades, sino más del 60% de lo que se construye se hace de manera informal. ¿Porqué se requiere modernizar la legislación vigente?¿Porqué la democratización en los procesos de asignación de proyectos de arquitectura pública es un tema que atañe a todos? Importa no sólo porque cada proyecto pagado con dinero público podría tener a más personas ofreciendo mejores soluciones, sino porque el propio ejercicio de democracia abriría la posibilidad de generar plataformas más sólidas; tomar mejores decisiones. Ayudaría a encausar las voluntades políticas y el dinero de todos a proyectos más eficientes, de alcances realistas. Obligaría a los arquitectos a satisfacer deseos colectivos.

Los términos en los que se producen los proyectos públicos –desde un monumento a un edificio gubernamental o la reparación de una banqueta- son no sólo opacos sino injustos. La inoperatividad de las instituciones ha dejado a los arquitectos desprotegidos, a los políticos sin brújula, a los inversionistas sin certezas y a la sociedad en un entorno caracterizado por visiones a corto plazo. Los arquitectos, como gremio desarticulado, no estamos siendo capaces de ser útiles a la sociedad. ¿Quién está planeando la manera en la que se desarrollan nuestras ciudades? ¿Cuál es la relación entre los proyectos de obra pública y las infraestructuras de transporte, los programas de vivienda o las políticas sociales? Por lo general, se recurre a la excusa del sentido de urgencia para generar proyectos absurdos y desligados del resto. A esta condición se ha sumado el deseo de replicar el efecto del efecto Guggenheim de Bilbao. Pero se sabe de sobra que el proyecto de renovación de Bilbao, como el de Barcelona, se apoyó no sólo en la realización de edificios emblemas de arquitectos del starsystem, sino sobre todo en una serie de estrategias que comprendían desde el diseño de una pequeña plaza de barrio y una guardería, hasta la redefinición de la periferia y los servicios de la ciudad. El vínculo entre inversión privada y obra pública se sustentó en base a la trasparencia. Ésta tuvo que ir de la mano con una democratización de la arquitectura, donde los concursos confiables fueron clave.

Hoy tenemos ejemplos muy próximos –como los de Medellín y Bogotá- donde a pesar de  situaciones de carencia extrema, han sido capaces de reescribir en pocos años la historia de sus ciudades. A partir de una serie de proyectos de obra pública pensada para conectar las zonas marginales con programas sociales y de infraestructura de transporte público, ha sido posible modificar desde sus índices de violencia hasta sus ingresos por turismo. Se ha tratado de pequeños espacios deportivos, centros cívicos, bibliotecas de barrio o banquetas que conectan con la cultura, el vecino y el transporte público. Los efectos de la burbuja inmobiliaria de otros países, quienes padecen los cascarones vacíos de autores de renombre, han forzado a replantear el papel de los arquitectos en la sociedad. También obligan a cuestionar las acciones políticas de cara a la ciudad.

En México, ¿quién decide en qué y en dónde se emplea el presupuesto de obra pública? ¿Quién elige al arquitecto? ¿Cómo garantizar que el proyecto seleccionado se construya y se construya bien? Lo que queda, frecuentemente, no son sólo proyectos caros sino inútiles. En cualquier país civilizado, no puede gastarse dinero público en un proyecto sin un proceso de encargo democrático, respaldado por instituciones como el Colegio o la Sociedad de Arquitectos. Tampoco puede demolerse una obra arquitectónica relevante. En México no existe una regulación útil que proteja el patrimonio arquitectónico del siglo XX. Salvo contadas excepciones, como Ciudad Universitaria y Casa Barragán -protegidas por ser Patrimonio de la Humanidad- así como algunas obras de principios de siglo, el resto carece de resguardo. La demolición de obras como el Súper Servicio Lomas de Vladimir Kaspé (1952) y el Conjunto Manacar de Enrique Carral (1963), sustituidas por nuevos edificios de Teodoro González de León, evidencian no sólo una torpeza gremial sino la falla de instituciones y leyes.

Recientemente, se anunció, con pocos días de diferencia, por un lado, la creación de cinco proyectos urbanos inciertos en el Distrito Federal asignados a los famosos arquitectos suizos Herzog y de Meuron, y por otro, la renovación (demolición) del Mercado de la Merced de Enrique del Moral (1957) que representa una de las obras icónicas de la modernidad. ¿Dónde pueden conocerse dichos proyectos y sus métodos de encargo? ¿Quién los avala? ¿Qué papel juegan instituciones como el Colegio de Arquitectos, el INBA, el INAH y las universidades de arquitectura? ¿Dónde están al menos los indignados?