Perdiendo el patrimonio: la privada Zuno

Juan Palomar Verea

La semana pasada se registró una pérdida más para el patrimonio arquitectónico tapatío: se efectuó, aparentemente sin ninguna licencia, una buena parte de la demolición de una privada ubicada en la calle José Guadalupe Zuno 1975 –antigua avenida del Bosque- entre Progreso y Chapultepec, banqueta sur.

Es urgente preguntarse, en primer lugar, en dónde está quedando la gobernabilidad urbana de la ciudad a la vista de los reiterados hechos similares que afectan el patrimonio de todos los tapatíos. Si la apuesta es demoler primero y buscar un arreglo después, sin ninguna consideración por la autoridad, estamos entonces ante un incalculable riesgo para el acervo construido de la ciudad. Habría que revisar inmediatamente procedimientos y recursos de manera que el bien común recuperara, efectivamente, su preeminencia. Y, en este caso y en todos los otros, aplicar con toda puntualidad la ley.

Las privadas constituyen una tipología constructiva particularmente interesante en el contexto de las viejas colonias de Guadalajara. Fueron una afortunada manera de densificar el tejido urbano sin afectar las características principales de la demarcación. Ofrecieron una alternativa de vivienda satisfactoria y de menor costo a sus usuarios. Plantean también un esquema de utilización vecinal basado en un patio central que fomenta la creación de comunidad y garantiza una cierta privacidad individual. De la autoría del arquitecto Pedro Castellanos subsistían tres: una frente a la iglesia de La Paz, otra por General San Martín, entre López Cotilla y La Paz, y la que nos ocupa. Hay algunas otras, de diversos autores, que también subsisten.

Las informaciones disponibles apuntan como aparente móvil de la demolición el proporcionar estacionamiento a un negocio contiguo. Cuesta trabajo creer que esta utilización pueda ser más rentable que el alquiler de las viviendas ahora a medio destruir. Lo que es indudable es que lo que la zona requiere es, precisamente, viviendas con adecuadas características y que contribuyan a la consolidación de vecindarios integrados y funcionales. Es bien sabido que la habitabilidad de las demarcaciones depende en buena parte de la existencia de vecinos activos y permanentes. Es esta rentabilidad social la que debe también ser protegida y fomentada.

Si, como parece apuntarse, el destino buscado de la privada es el de estacionamiento automotor, nos encontramos una vez más frente al conocido conflicto del auto contra la ciudad. Metro a metro, calle por calle, el uso indiscriminado del coche ha ido ganando la partida. Habría que tener una estrategia general que cambiara esta situación. Por mientras, es de esperarse que la aplicación de la ley y de los oficios de las dependencias involucradas (Ayuntamiento, Patronato del Centro Histórico, Secretaría de Cultura y Procuraduría de Desarrollo Urbano) puedan encausar esta pérdida parcial hacia la reconstrucción y reutilización de la privada como vivienda, uso para el que existe ciertamente una creciente demanda en la demarcación. El caso es ciertamente paradigmático. Habrá que estar pendientes.

El criterio de “salvar la primera crujía”


Siguen las posiciones encontradas entre el desarrollo económico y comercial de la ciudad y la conservación del patrimonio cultural edificado. Ahora, la restauradora Mónica del Arenal denuncia las acciones para demoler el inmueble ubicado en el número 1119 de la Avenida Guadalupe y adecuarlo a lo que será un negocio de materiales de oficina.

Esta promotora de la conservación y restauración del patrimonio cultural edificado que queda en la ciudad señala que el inmueble referido data de 1949, fue proyectado por Guillermo Blanco Morán y en él vivió el ingeniero Elías González Chávez. Afirma también que es una de las primeras fincas de Chapalita Ciudad Jardín, lo que le confiere la categoría de “Inmueble Artístico Relevante” y hace que el nivel máximo de intervención sea el de “Conservación y Restauración”.

“Lamentablemente, parecería que el patrimonio que ‘se está salvando’ está dictado por el interés inmobiliario. Los promotores son los que deciden hasta dónde pueden intervenir en las fincas y el criterio de ‘salvar la primera crujía’ o ‘rescatar la fachada’ es lo máximo que nuestros funcionarios pueden lograr con enormes trabajos”, critica Mónica del Arenal.

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Por su parte, Miguel Aldana, un vecino de la zona, tiene sus reservas sobre el proyecto. “Más que por la intervención que se le haga a la casa –dice–, el asunto es que este tipo de negocios pueden cambiar la dinámica de la zona, que es muy calmada”.

Guadalajara. Ignacio Dávalos Milenio.