Por Juan Palomar
Lo que pase en México, la ciudad, nuestra capital, es de la incumbencia de todos los mexicanos. Pisar su suelo, gozarla y sufrirla, es patrimonio absoluto de quienes vivimos en este país, de quienes la frecuentan o la visitan, de quienes solamente oyen de ella pero saben que ahí reside una parte central de lo que nos reúne como nación, de lo que cada quien es. Y de lo que la ciudad representa en un mundo globalizado.
Por otro lado, está el obvio centralismo centenario y sus consecuencias. Y una de ellas: por vías claras o insospechadas lo que sucede en México en materia de urbanismo y arquitectura repercute, con mayor o menor fortuna (generalmente con menor) en muchas de las ciudades y los pueblos de la provincia.
Por ambas razones –porque México es de todos y porque sus medidas urbanas y sus tendencia arquitectónicas suelen tener amplio eco- es importante conocer y tomar partido sobre la propuesta de intervención en un tramo de la avenida Chapultepec capitalina. ¿Qué se intenta allí? Construir, sobre el arroyo de la vía pública, un segundo y un tercer piso que estarían destinados a albergar un centro comercial combinado y coronado por jardines más o menos improbables. Curiosamente, con la inclusión puntual de algunos locales destinados al ejercicio de las artes se pretende envolver al proyecto bajo la denominación de “corredor cultural”.
El proyecto de intervención nace de un primer y gran equívoco que atenta contra un principio urbano elemental: el espacio público –en este caso formado por banquetas y arroyos vehiculares- es un patrimonio irrenunciable de la ciudad y no debería ser sujeto de explotación comercial permanente –o por 49 años- por particulares, por más paliativos que se presenten como deseables. En cualquier manual de uso del espacio urbano se distingue entre el suelo urbano que es propiedad privada –sujeto siempre al bien común- y el espacio público formado por calles (que incluyen, claro, las banquetas), plazas, jardines, parques, etcétera, al que todos los ciudadanos tienen libre acceso.
Un segundo equívoco: los vecinos y propietarios preexistentes que se alinean –con mayor o menor fortuna- a lo largo de la avenida, tienen un derecho palmario al libre aprovechamiento de su espacio público frontero, a su amplitud, a su aire y a su luz. Y es en estas propiedades en donde las fuerzas económicas y las voluntades urbanas deben actuar para obtener un mejor corredor citadino. Insertar construcciones y usos comerciales sobre el espacio público supone ejercer una violencia contra esos derechos históricos. Y no sólo los de propietarios, vecinos o locatarios, sino los de cualquier peatón o usuario.
Es un hecho de que el actual segmento de la avenida Chapultepec que se pretende intervenir tiene tanto grandes deficiencias como grandes posibilidades. Es adecuado que se piense en intervenirlo para tener un mejor espacio urbano. Pero para este propósito existen opciones. La opción que se debate consiste fundamentalmente en acumular una fuerte inversión entre la glorieta de Insurgentes y el remate de la avenida, concentrando las acciones en la edificación de un segundo y un tercer piso sobre la vía pública, con ciertas intervenciones y mejoras en el actual nivel de la calle. Lo anterior con los equívocos enunciados antes.
Pero hay otra opción: canalizar a la fuerza económica convocada para repartir (y potenciar) sus efectos positivos sobre un corredor mucho más incluyente, que se extienda desde la entrada del bosque de Chapultepec por toda la avenida del mismo nombre y que irá después prácticamente hasta el aeropuerto. Es una intervención mixta: la inversión privada mejora, diversifica y densifica las propiedades particulares adecuadas a lo largo del corredor, con lo que se genera una plusvalía muy atractiva para inversionistas y propietarios (y para la ciudad). Por supuesto, como se hace en otros países, parte de esa plusvalía se enfoca al arraigo y mejoría de habitantes y locatarios actuales, al mismo tiempo que genera una densificación de vivienda apropiada y dirigida a diversos estratos sociales.
Paralelamente, el detonador indispensable de la intervención será el arreglo integral de la avenida, conforme a los principios que ya se han mostrado públicamente (ver ilustración): banquetas de quince metros densamente arboladas, laterales, camellones también fuertemente arbolados y carriles para bicicletas independientes de los necesarios para el flujo del tránsito automotor. El corredor debería tener, además, extensiones que conecten eficazmente al tráfico peatonal y ciclista entre los tejidos citadinos aledaños. Podrá ser un eje urbano que haga eco, en términos contemporáneos y adecuados, al del cercano Paseo de la Reforma.
Obviamente, estas acciones de la autoridad sobre el espacio público tendrán un costo. Pero es un asunto de ingeniería financiera y de voluntad política: dichos costos serían recuperados en un plazo muy razonable con la plusvalía y las inversiones que paralelamente se emprenderían.
Bien se saben todos los esfuerzos de los promotores hechos hasta ahora. Se conoce el esquema legal y el objetivo financiero. También es notoria la oposición muy generalizada al proyecto, y el desgaste ciudadano y político que se ha dado. Pero los equívocos se pueden corregir, las alternativas pueden variar. Y los mismos actores, u otros, pueden empezar correctamente una intervención urbana bien aceptada por la ciudadanía, y altamente benéfica para la ciudad. Pero es indispensable reflexionar, recapacitar, y actuar en consecuencia.