Más sobre la querella de los planes parciales


Por Juan Palomar

La ciudad, como todo organismo vivo, debe de evolucionar. O si no, languidecer, perder vitalidad, convertirse en un lugar cada vez más ingrato para sus habitantes, menos propicio para la vida en común. 155 mil habitantes menos en el municipio central de Guadalajara durante los últimos veinte años es una cifra elocuente. ¿Qué ha pasado para propiciar semejante éxodo de más de uno de cada diez pobladores?

La respuesta ni es fácil ni se reduce a un solo factor. Pero, tratemos de encontrar una noción generalizadora: la vida se ha vuelto más ingrata en el centro de la metrópoli tapatía. Por muchos conceptos: más cara, más contaminada, más insegura, más congestionada, menos valorada… el resultado es desastroso.

Un desastre que atañe a todos los municipios conurbados en una sola ciudad que se llama Guadalajara. El abandono del centro genera un grave deterioro de la parte más significativa de la urbe y conlleva enormes pérdidas económicas y en calidad de vida; también produce un alto desaprovechamiento de servicios e infraestructuras que, traducido en oportunidades y dinero, es muy cuantioso. Para los territorios de los municipios circundantes, el “desarrollo” masivo de sus áreas periféricas acarrea extensos daños ecológicos, inalcanzables servicios municipales y, sobre todo, la letal dispersión urbana que ataca directamente la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad. Contra todo lo aconsejable, estas han sido las pautas con las que se ha “desarrollado” por años la urbe tapatía.

El principal remedio ante esta situación –antes que la planeación urbana y sus regulaciones- es la conciencia de la ciudadanía sobre cómo es mejor, más ventajoso, económico y sustentable vivir en Guadalajara. Demasiado tiempo ha pasado durante el que los habitantes han carecido de un modelo claro de vida urbana que les permita construir una visión propia del entorno en el que su vida tendría más calidad. En lugar de esto, gracias a los intereses inmobiliarios y al olvido de nuestras propias raíces urbanas, el “modelo” de los llamados “cotos” cada vez más lejanos e invariablemente dependientes del coche ha proliferado, con todas sus taras de concepción, de habitabilidad real, de efecto sobre la mancha urbana en general. Los resultados están a la vista.

¿Cuál sería el modelo opuesto? El barrio. La comunidad integrada y reconocible dentro de la que es posible desarrollar todas las funciones urbanas en un contexto caracterizado por su cercanía, sus espacios comunes y verdes, su razonable densidad, su amenidad e interés, su seguridad, sus lazos de reconocimiento y solidaridad que permiten tanto la participación como la independencia. La muestra vigente está –a pesar de diversas dificultades- en decenas de barrios tradicionales tapatíos cuya vida se desenvuelve satisfactoriamente –y lo podría hacer todavía mejor con sencillas medidas administrativas (incentivos para su identificación y rehabitación, seguridad, aumento de áreas verdes, regulación del tráfico y la contaminación, servicios adecuados o renovados).

Pero, para propiciar e impulsar de nuevo este modelo, es necesario también tener los instrumentos de planeación y regulación indispensables para guiar el futuro desarrollo de los entornos citadinos. El instrumento inmediato –además del indispensable Plan de Ordenamiento Matropolitano y de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, que trazan las líneas generales- se llama Plan Parcial. Deseablemente, este instrumento siempre revisable y perfectible, circunscrito a zonas racionalmente determinadas de la ciudad, no solamente debe ser una herramienta normativa: debe ser sobre todo una proyección comprensible y compartible de cómo cada rumbo, cada barrio deberá evolucionar y consolidarse.

El muy considerable esfuerzo realizado por el ayuntamiento de Guadalajara por adecuar a nuestras circunstancias los planes parciales de urbanización se ha topado con un lamentable obstáculo: una resolución judicial determinada por el TAE, una instancia que carece de la mínima autoridad intelectual o técnica para decidir sobre estos asuntos (que simplemente “judicializa” lo urbano). El resultado: el continuado perjuicio de millones de habitantes contra el beneficio de unos pocos. ¿Hasta cuándo?