Justicieros anónimos, el vacío de la autoridad

Por Elda Magaly Arroyo Macías*

La aparición de una figura como el “Justiciero de la Marquesa”, quien el 31 de octubre de 2016 asesinó a cuatro personas para frustrar un robo en la carretera México–Toluca y cuya identidad permanece desconocida, pese a una veintena de testigos, no es un caso fortuito en una sociedad como la nuestra sino una manifestación violenta del hartazgo que prevalece entre los ciudadanos y el riesgo de que se incremente permanece latente, ante el vacío que ha dejado la autoridad en la pro- curación y la impartición de justicia.

1. UN CASO EMBLEMÁTICO

La percepción de corrupción y poco desempeño de los funcionarios públicos, así como un gran nivel de desconfianza en las instituciones de seguridad es lo que prevalece, desde hace años, en la opinión de los mexicanos, quienes pareciera que han decidido tomar la justicia en sus manos o apoyar a quienes lo hacen, a pesar de estar fuera de la ley, estableciendo un pacto de solidaridad, lealtad y silencio para evitar cualquier tipo de sanción. Así lo evidenció el caso del “Justiciero”.

Al darse a conocer la noticia del homicidio múltiple, las autoridades mexiquenses, encabezadas por el procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez, declararon que establecer la identidad del presunto responsable sería una tarea prácticamente imposible, pues ninguno de los testigos se había presentado a declarar y la escena del crimen fue alterada intencionalmente para borrar el mayor número de indicios.

De acuerdo con la declaración inicial del conductor del autobús, este nunca pudo ver el rostro del sujeto que ultimó a los presuntos ladrones, ya que no había iluminación suficiente para poder apreciar los rasgos físicos ni la indumentaria. Básicamente un ente amparado en la oscuridad.

Los peritajes permitieron establecer que el causante, por la manera de ejecutar los disparos, la posición adoptada y el calibre del arma sería un policía o militar, ya que los tiros fueron asestados con la precisión de una persona entrenada, pero solo eso, ningún otro dato para conocer su identidad.

Lo contrario pasó en el caso de los asaltantes–víctimas. Estos fueron identificados como violentos ladrones que con frecuencia operaban en el sitio en donde perdieron la vida, incluso la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, en voz de Odilón López Nava, su representante en el Estado de México, aseguró que se habían presentado diversas denuncias al respecto, pero que hasta entonces ninguna de ellas había obtenido respuesta positiva de las autoridades.

El hecho recibió una cobertura periodística intensa en el plano nacional. Los medios de comunicación cuestionaron la opinión de la audiencia respecto del tema y en redes sociales se manifestó el apoyo para este “vengador” anónimo con una campaña de aprobación y respaldo. Incluso se le incitaba a que cometiese más actos de este tipo para acabar con la impunidad reinante y llenar el vacío que ha dejado la autoridad en su obligación de garantizar la protección de la integridad y el patrimonio de los ciudadanos.

Diversos mensajes de apoyo fueron publicados en Twitter con el hashtag #JusticieroDeLaMarquesa, algunos de ellos pidiendo a las autoridades que lo dejasen en paz y que mejor se dedicaran a buscar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, u otros sujetos a los que consideraban que sí habían cometido un delito. Varios de estos textos de respaldo fueron recopilados y publicados por el portal informativo regeneración.mx.1

En una encuesta realizada al respecto de este caso por el Gabinete de Comunicación Estratégica,2 con un universo de 600 personas en diferentes partes del país, destaca que 53.2% de los entrevistados dijo que no denunciarían al “Justiciero”, aunque 48.8% reconoce que su acción estuvo fuera de la ley, y 43.9% respondió que, en caso de encontrarse en una situación similar, habría actuado de la misma manera.

¿Qué es lo que ha producido este hartazgo de la ciudadanía? ¿Por qué se ha optado por tomar la justicia en las propias manos y no con ar en que el estado pueda resolver este tipo de problemáticas? ¿Qué ha generado este vacío y quién busca llenarlo? Son muchas preguntas que conducen hacia el mismo concepto: la injusticia.

2. LA IMPUNIDAD

Como en el caso del “Justiciero de la Marquesa”, la impunidad ha estado presente en muchos temas del país, no solo en la seguridad sino en la política misma, pues cada vez es más frecuente conocer de casos en los que se saquean las arcas del estado, se cometen abusos de poder y nadie afronta las consecuencias legales más allá del escarnio social.

La impunidad, como fenómeno, está presente en todo acto en donde el estado no asume su responsabilidad, ya sea al brindar seguridad, procurar o administrar la justicia, vulnerando los derechos humanos que debería garantizar a través de la infraestructura pública.

México, a escala mundial, representa un caso severo por la ausencia de justicia, según el Índice Global de Impunidad (IGI),3 el cual lo ubica en el sitio 58 de los 59 países con esta problemática. Su cifra negra (los delitos que no son denunciados ante la autoridad) es muy alta, pues solo se reportan siete de cada 100 delitos cometidos y esto no garantiza que el caso llegue a manos de un juez, mucho menos que se obtenga una sentencia condenatoria en caso de acreditarse la responsabilidad del imputado.

Desde 2011 el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) lleva a cabo la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). En este documento se registra el número de personas que sufrieron algún delito, se hace una estimación de la cifra negra (nacional y por entidades) y se mide la percepción de la población sobre el nivel de con fianza hacia las autoridades, así como la repercusión del delito en los hábitos y costumbres, entre otros indicadores.

Desde la aplicación de la primera encuesta, la cifra negra nacional se mantiene en un promedio de 92.6% (véase la figura 9.1) y según lo dicho por los ciudadanos, estos no denuncian porque lo consideran una pérdida de tiempo y no confían en que las autoridades logren la detención del responsable o que se les pueda reparar el daño que sufrieron.

Por su parte, el Índice Global de Impunidad México,4 realizado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla, atribuye como motivo real de la falta de denuncia a “que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos”.5

En síntesis, los ciudadanos no creen en el sistema de justicia y consideran poco útil presentarse ante un agente del Ministerio Público para denunciar algún delito, ya que nada garantiza que se investigue y se dé con los responsables.

Según el estudio, elaborado con base en el análisis cuantitativo de los datos oficiales que reportan las instituciones de seguridad y justicia al Inegi, la impunidad en el país se estima en 95% de los delitos, lo que permite una perspectiva —de parte de la ciudadanía— de que los ilícitos que se cometan no serán castigados y, por ende, no recibirán justicia. Así ¿por qué tomarse la molestia de denunciar? ¿Por qué acudir ante una autoridad en la que no confía?

De los delitos considerados consumados, es decir, que cuentan con los requisitos para ser procesados y que aportan pruebas de culpabilidad, apenas si se alcanza sentencia en 4.46% de los casos. Sin embargo, las cárceles nacionales presentan un alto grado de hacinamiento. En México, la sobrepoblación penitenciaria duplica el promedio global, de acuerdo con lo signado en el informe del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia.

Algo no encaja, porque si las denuncias que se presentan son pocas y las sentencias que se emiten son mínimas,¿por qué las prisiones tienen sobrecupo? ¿Cuál es el eslabón que falla en la impartición de justicia? ¿Quién facilita la impunidad?

Constitucionalmente todos los mexicanos tenemos el derecho a recibir justicia en los tribunales dentro de los plazos que la ley determina, prohibiéndose estrictamente en el Artículo 17 ejercer violencia para re- clamar justicia. No obstante, esta garantía que se expresa en la carta magna pareciera no ser cumplida por las autoridades, abonando a esa mala percepción que se tiene de su desempeño.

Uno de los rubros que cali ca la Envipe es la visualización que se tiene de las autoridades, entre ellas los jueces, quienes son percibidos como entidades o personas corruptas. Al hacer un análisis de las encuestas se observa que esta figura de autoridad es vista con desconfianza, y poca efectividad (véanse las figuras 9.2, 9.3 y 9.4). Pero ¿son los jueces los únicos señalados en la cadena de impunidad? ¿Son ellos quienes facilitan la evasión de la justicia? ¿Por qué son percibidos de esta manera?

El promedio nacional de magistrados y jueces, por cada 100 mil habitantes, es de 3.5, según un análisis realizado por el portal informativo Animal Político. “Si se toma en cuenta que en 2013 se abrieron poco más de dos millones 43 mil juicios, cada juez recibe por año 490 casos, sin contar los que ya están en curso”,6 dificultando todavía más el acceso a la justicia para la ciudadanía.

La sobrecarga laboral, así como la escasa vigilancia en los procedimientos judiciales y las nulas sanciones para los funcionarios que actúan de manera irregular, es un caldo de cultivo ideal para que la impunidad se desarrolle.

El investigador jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Miguel Carbonell, en el texto “Corrupción judicial e impunidad: el caso de México” explica que “cuando una persona es puesta a disposición de una autoridad judicial se suele generar un escenario de violación de derechos fundamentales, que en muchos casos deriva en actos de corrupción”,7 esto conduce directamente a la liberación del presunto responsable, pese a tener pruebas, pero con el incumplimiento del debido proceso, el sujeto debe ser liberado. La denuncia, detención y consignación son apenas los primeros pasos para el largo camino hacia la justicia en caso de haber padecido un delito.

Las liberaciones en la instancia ministerial o ya frente un juez son acciones cuestionadas por la ciudadanía e interpretadas como la incapacidad del estado para garantizarle su derecho a vivir en paz. Carbonell explica que la corrupción que impera en el sistema judicial mexicano es producto de la falta de ética pública que permite una cadena de errores desde la actuación policial hasta el desempeño de un juez.

Todo pareciera una cadena de evasión de responsabilidades entre las personas que tienen el encargo de garantizar la seguridad a los ciudadanos, pues un policía preventivo entrevistado a este respecto señala

que el eslabón más débil está con los agentes del Ministerio Público (MP), pues cuando se hace una remisión de un presunto responsable la figura ministerial se ocupa más de la forma y no del fondo, facilitando los actos de corrupción y soborno. En tanto, un mp responde que la aprehensión viciada complica su labor y facilita al sujeto evadir la ley, pues se cometen violaciones a sus derechos, por lo que al llegar a un juzgado no hay elementos para retenerlo, aunado a la falta de personal para la investigación y la inmediatez de los términos legales.

Los cambios han llegado para el ámbito judicial y el sistema fue trasformado con la finalidad de terminar con esos vacíos de la autoridad. Desde 2008 México se encaminó directamente hacia la modernización en materia penal al aprobarse la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, la cual implicó la transición del modelo inquisitivo hacia el acusatorio, como se lleva a cabo en muchas partes del mundo. Este nuevo modelo sigue la ruta de la defensa de los derechos humanos, una de las asignaturas pendientes desde la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 1990. Poco a poco las entidades han ido adoptando este sistema, considerándose oficialmente instituido en junio de 2016.8

Haber cambiado de modelo penal no es un tema menor para el país, pues representa la trasformación jurídica más importante en los últimos 100 años. Sin embargo, los beneficios no podremos verlos a corto plazo, pues aún nos encontramos en la curva de adaptación, lo que significa que la percepción de injusticia podría prevalecer por un tiempo más entre la ciudadanía.

Las expectativas que se plantean sobre este nuevo modelo son altas. Sin embargo, impera la falta de capacitación para los policías, quienes son el primer eslabón en la cadena de la impartición de justicia, pero sobre todo la apatía y la falta de comprensión han generado descuidos en la actuación de cada instancia.

El común denominador entre los policías sobre su participación en la aplicación del nuevo sistema de justicia es el de la omisión. Es frecuente observar cómo algunos oficiales optan por evadir la responsabilidad del primer respondiente, bajo el argumento de la incomprensión de los términos o las ambigüedades en los principios básicos, hasta el llenado de los formatos, aunque en realidad la inconformidad radica en el tiempo que deben destinar a la integración de la carpeta de investigación.

En medio de este proceso de adaptación al nuevo modelo penal —que supone traería mejoras en la impartición de justicia— está el ciudadano, el cual simplemente no observa los beneficios sino que, al contrario, percibe como que hay más oportunidades para que los delincuentes sigan evadiendo la ley, encaminando a la gente a hacerse justicia por su propia mano.

Un caso representativo de esta inoperancia judicial se registró en Jalisco. Es el de un hombre identificado como “Kevin”, quien en menos de dos años fue arrestado en diez ocasiones por dedicarse al robo de casa–habitación en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La captura de este sujeto llamó la atención de los medios de comunicación, ya que se documentó que esta se dio cuando aún no habían pasado ni tres semanas de su novena liberación, acontecida el 30 de octubre de 2016, la cual se decretó luego de que un juez de control determinara que no había sido detenido en flagrancia, uno de los requisitos que exige el sistema acusatorio, por lo que debía regresar a las calles.

Un caldo de cultivo como este es el que facilita la aparición de justicieros anónimos. Otro caso sonado se registró en Hermosillo, Sonora, el 18 de octubre de 2016, donde un supuesto ladrón fue detenido por los habitantes de una casa que había sido asaltada. El hombre, en vez de ser entregado a las autoridades, fue amarrado a un poste y junto a él había un mensaje en el que se le señalaba que padecía ese castigo por el delito que había cometido. Nadie se presentó a hacer la denuncia correspondiente por el supuesto robo, según informó la policía de Sonora.

Preguntar quiénes son estos justicieros anónimos conduce hacia una respuesta contundente: ciudadanos hartos de no recibir justicia. ¿Por qué surgen? Porque la autoridad ha dejado un vacío al no actuar como lo marca La Constitución, es decir, no cumplir con el derecho que tiene cualquier persona para que se le administre justicia, completa e im- parcial. ¿Cómo surgen? Como la respuesta a un sistema que, pese a ser modificado, no ha podido ofrecer las garantías para las que fue previsto.

3. EL OPORTUNISMO

El vacío significa la ausencia total de la materia en un espacio determinado y justamente esa área puede ser ocupada por cualquier cosa, incluso hasta por aquello que resulta nocivo, lo mismo pasa en términos sociales. La creciente impunidad refleja el vacío de la autoridad y, como tal, este sitio es proclive a ser tomado por figuras que, amparadas en el anonimato, buscan alcanzar la justicia que se aleja de la ciudadanía.

Que la autoridad sea vista como ineficiente y corrupta podría significar una ventana de oportunidad para los grupos del crimen organizado, que en su búsqueda de empatía con la ciudadanía para ganar adeptos asumen el papel de vengadores e instauradores de la justicia para aquellos que son ignorados por el estado y su inoperante burocracia.

En Jalisco se registró un caso vinculado a este último punto. El 17 de octubre de 2016 una mujer y seis hombres fueron localizados en una brecha del municipio de San Pedro Tlaquepaque con las manos mutiladas; junto a ellos también fue abandonado un cadáver y un mensaje en el que se advertía que esas personas habían recibido un castigo por robar. Varias de las víctimas tenían tatuajes y quemaduras en la frente con la leyenda “Soy ratero” o “rata”. Algunos fueron reconocidos como activos vendedores de droga en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. La agresión se la adjudicó un grupo autodenominado “élite antiratas” [sic], del que la Fiscalía General del Estado de Jalisco señaló desconocer cualquier información. Tras darse a conocer el hecho, incluso en el plano internacional, la reacción de la ciudadanía, a través de las redes sociales, fue de completa empatía, brindando apoyo a esta supuesta organización dedicada a cobrar venganza contra ladrones. Una vez más, un grupo fuera de la ley se encargó de impartir justicia ante la incapacidad de las autoridades, o al menos ese fue el mensaje que se posicionó entre los ciudadanos.

Como sucedió con el “Justiciero de la Marquesa”, el grupo que mutiló a las siete personas tuvo la aprobación social, pese a haber cometido un acto de barbarie. El fiscal general del estado, Eduardo Almaguer Ramírez, señaló en entrevista radiofónica con Adela Micha que no existía un grupo justiciero en Jalisco sino que el secuestro y la mutilación múltiple había sido por una rencilla entre diferentes organizaciones criminales. “Son grupos que se autodenominan por temas de dinero, territorio y (diferenciación) con (otras células delictivas); acostumbran comunicarse a través de mantas y letreros; pero (gracias a las averiguaciones realizadas) se pudo actuar de manera rápida”.9

Del caso, las autoridades informaron la detención de dos sujetos como presuntos responsables, desconociéndose el resto del proceso y si es que se habría consignado en la carpeta de investigación. Aunque el fiscal declaró que se trataba de un “ajuste de cuentas” entre miembros de una organización criminal, la idea de un grupo defensor de la ciudadanía ya estaba implantada, así como la desestimación del trabajo de la autoridad.

Este no es el primer caso del que se tiene registro en donde las organizaciones criminales fungen como administradores de la justicia en Jalisco. En 2012 un sujeto identificado como el “Zopilote” (actualmente bajo proceso por delitos contra la salud, narcotráfico y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército), jefe de la “plaza” en la región sur del estado, era quien se encargaba de sancionar a aquellos que robaban o agredían a la población. Este tipo de situaciones permite a los grupos delincuenciales evitar la presencia de las autoridades para seguir con sus negocios ilegales. Entre los pobladores de Ciudad Guzmán es recurrente la historia de que tras una riña en un partido de futbol local, el “Zopilote” fue quien se encargó de poner orden y evitar que la situación se saliera de control, bajo la mirada espectadora de la policía municipal, que no intervino.

4. RIESGOS Y RETOS

La proliferación de justicieros anónimos representa un riesgo para la ciudadanía, no solo porque rompe el estado de derecho —es decir, la organización de la vida social como la conocemos— abriendo huecos hacia el desorden y un nivel mayor de impunidad, sino por los hechos de violencia que estos actores sociales pueden desatar.

Feggy Ostrosky, investigadora de la UNAM, especializada en neuropsicología de la violencia, explicó en una entrevista para el diario El Universal que este hartazgo social es producto de una “desesperanza aprendida” porque el gobierno no proporciona seguridad y calidad de vida.10

Estos vengadores, psicológicamente, se asumen como “salvadores” de los demás y según la especialista —citando la investigación de Philp Zimbardo sobre el efecto Lucifer— lo que induce a una persona buena a cometer un acto fuera de la ley es la desindividualización y la deshumanización que vivimos como sociedad.11

Así las cosas, el trabajo para las autoridades es titánico, pues primero se debe recuperar la confianza de la ciudadanía con personal que comprende el significado del servicio público y que tenga bases éticas sólidas. Reducir la percepción de corrupción es fundamental, así como la estricta supervisión en la cadena de custodia durante un proceso judicial, pues un error en los procesos representa la posibilidad de que un presunto delincuente regrese a las calles.

El refuerzo de las instituciones no siempre es con presupuestos millonarios sino con personal capacitado para desarrollar el trabajo, pero sobre todo con un objetivo claro: el servicio que se brinda es en beneficio de la ciudadanía.

A medida que la impunidad siga creciendo, existen más posibilidades de que los justicieros anónimos proliferen y que los grupos del crimen organizado sean, en un afán oportunista, quienes impartan justicia suplantando al estado en una tarea que le corresponde.

*Es periodista independiente. Cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara y ha trabajado en diferentes medios de comunicación locales, especialmente en temas de seguridad pública. Cuenta con publicaciones en Sudamérica y Estados Unidos. Correo electrónico: eldaarroyo@hotmail.com
1. “Apoyan en redes al “justiciero de La Marquesa”’, en Regeneración, 5 de noviembre de 2016 [DE disponible en: http://regeneracion.mx/apoyan-en-redes-al-justiciero-de-la-marquesa/].
2. El documento completo se puede consultar en http://www.gabinete.mx/index.php/component/k2/ item/599-justiciero-2016
3. “Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia y Universidad de las Américas Puebla. Índice Global de Impunidad México IGI 2015, CESIJ / UDLAP, México, abril de 2015. El documento completo se puede consultar en http://www.udlap.mx/cesij/ les/igi2015_ESP.pdf
4. Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia y Universidad de las Américas Puebla. Índice Global de Impunidad México igi–mex 2016, cesij / udlap, México, febrero de 2016, p.12 [DE disponible en: http://www.udlap.mx/igimex/assets/ les/igimex2016_ESP.pdf ].
5. Idem, p.12.
6. Arturo Ángel. “¿Por qué hay impunidad en México? Cada año un juez recibe 500 casos nuevos”, en Animal Político, 21 de abril de 2015 [DE disponible en: http://www.animalpolitico.com/2015/04/ por-que-hay-impunidad-en-mexico-cada-ano-un-juez-recibe-500-casos-nuevos/].
7. Carbonell, Miguel. “Corrupción judicial e impunidad: el caso de México”, p.3 [DE disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2770/4.pdf ].
8. Al respecto véase: Ibarra Cárdenas, Jesús. “Vigilar y castigar en el nuevo sistema de justicia penal en México”, en Voto de castigo a corrupción e impunidad en México (Análisis Plural, primer semestre de 2016), ITESO, Guadalajara, 2016, pp. 111–122.
9. “Fiscalía desmiente ‘grupos élite del crimen’ en Tlaquepaque”, en Excelsior, 19 de octubre de 2016 [DE disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/19/1123260].
10. Sánchez, Astrid. “Feggy Ostrosky: el perfil sociológico del vengador”, en El Universal, 7 de noviembre de 2016 [DE disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/11/7/ feggy-ostrosky-el-per l-sicologico-del-vengador] 11. Idem. La investigación señala que las personas buenas no se convierten en malas de un día para otro sino que se trata de un proceso gradual de frustraciones y desilusiones.

No comments yet.

Deja un comentario

Powered by WordPress. Designed by WooThemes