El tortuoso camino del derecho de réplica

Por José Rubén Alonso González*

El derecho de réplica en México tuvo el mismo origen que el derecho a la información. “Nació” como garantía y derecho fundamental en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el marco de una reforma político–electoral, desde los partidos y para los partidos. El derecho a la información tuvo que “esperar” más de 20 años para que se concibiera como derecho humano, con rostro de “trasparencia” y “acceso a la información”, como derecho de buscar, recibir y difundir libremente información; el derecho de réplica se enfrenta ahora a los límites de la libertad de expresión, el derecho al honor, y la información falsa o inexacta, pero desde la óptica de los partidos políticos, no de los comunicadores profesionales ni mucho menos de cualquier persona frente a los medios como parte de su derecho como audiencia.

1. EL REFERENTE

Como 1977, en 2007, al término de un proceso electoral federal (1976 y 2006, respectivamente), las fuerzas políticas del país reajustaron las reglas para el acceso al poder mediante una reforma político–electoral. En la reforma de 1977 se estableció en la Constitución que los partidos políticos “son entidades de interés público” (artículo 41) y se incorporó en el artículo 6 constitucional que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

En 1992 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras resolver un amparo en revisión (10556 / 83, interpuesto por Ignacio Burgoa Orihuela), determinó que

[…] la adición al artículo 6o. constitucional en el sentido de que el derecho a la información será garantizado por el Estado, se produjo con motivo de la iniciativa presidencial de cinco de octubre de mil novecientos setenta y siete, así como del dictamen de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Primera de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de las que se desprende que: a) Que el derecho a la información es una garantía social, correlativa a la libertad de expresión, que se instituyó con motivo de la llamada ‘Reforma Política’, y que consiste en que el Estado permita el que, a través de los diversos medios de comunicación, se mani este de manera regular la diversidad de opiniones de los partidos políticos; b) Que la definición precisa del derecho a la información queda a la legislación secundaria, y c) Que no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información. Ahora bien, respecto del último inciso no significa que las autoridades queden eximidas de su obligación constitucional de informar en la forma y términos que establezca la legislación secundaria; pero tampoco supone que los gobernados tengan un derecho frente al Estado para obtener información en los casos y a través de sistemas no previstos en las normas relativas, es decir, el derecho a la información no crea en favor del particular la facultad de elegir arbitrariamente la vía mediante la cual pide conocer ciertos datos de la actividad realizada por las autoridades, sino que esa facultad debe ejercerse por el medio que al respecto se señale legalmente.1

Para el año 2000 el Poder Judicial replanteó su tesis aislada:

Inicialmente, la Suprema Corte estableció que el derecho a la información instituido en el último párrafo del artículo 6o. constitucional, adicionado mediante reforma publicada el 6 de diciembre de 1977, estaba limitado por la iniciativa de reformas y los dictámenes legislativos correspondientes, a constituir, solamente, una garantía electoral subsumida dentro de la reforma política de esa época, que obligaba al Estado a permitir que los partidos políticos expusieran ordinariamente sus programas, idearios, plataformas y demás características inherentes a tales agrupaciones, a través de los medios masivos de comunicación (Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 2a. Sala, Tomo x, agosto 1992, p. 44). Posteriormente, en resolución cuya tesis lxxxix / 96 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo iii, junio 1996, p. 513, este Tribunal Pleno amplió los alcances de la referida garantía al establecer que el derecho a la información, estrecha- mente vinculado con el derecho a conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional. A través de otros casos, resueltos tanto en la Segunda Sala (AR. 2137 / 93, fallado el 10 de enero de 1997), como en el Pleno (AR. 3137 / 98, fallado el 2 de diciembre de 1999), la Suprema Corte ha ampliado la comprensión de ese derecho entendiéndolo, también, como garantía individual, limitada como es lógico, por los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de tercero.2

Luego, a partir de 2001 comenzaron las leyes de trasparencia para garantizar el derecho de acceso a la información pública, como una vertiente del derecho a la información.

2. EL DERECHO DE RÉPLICA

En materia de derecho de réplica, al concluir el proceso electoral federal 2005–2006 se concretó una reforma electoral en 2007 que tuvo como centro de atención la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la prohibición de comprar publicidad electoral en medios electrónicos, la reducción de la duración de las campañas electorales y la reintegración del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE).

En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Diputados, en el que se incorporó que “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley” —publicado en la Gaceta Parlamentaria el 13 de septiembre de 2007, aprobado al día siguiente y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de noviembre— se indicó de manera genérica el sentido y significado del derecho de réplica con estos argumentos:

La Minuta propone adicionar en el primer párrafo de este artículo constitucional [el 6] el derecho de réplica, para así incorporarlo al conjunto de normas que regulan el ejercicio de la garantía individual de libre expresión de las ideas.

Estas Comisiones Unidas consideran acertada la propuesta en tanto que permitirá complementar las reformas recién aprobadas por el Constituyente Permanente al propio artículo 6o en comento. La libertad de expresión debe gozar de la protección más amplia tanto para los emisores de las ideas como para sus receptores, de forma tal que cualquier persona esté en posibilidad de replicar informaciones que resulten contrarias a sus legítimos derechos. La ley establecerá las reglas para el ejercicio del derecho de réplica frente a los medios de comunicación social”.3

En el artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional, publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2007, se autoimpusieron los legisladores federales “un plazo máximo de 30 días naturales” para realizar las adecuaciones que correspondan a las leyes federales, derivadas de la reforma, lo cual supondría la creación de una ley reglamentaria en materia del derecho de réplica. Fue hasta cinco años después, el 31 de octubre de 2012, cuando se presentó en la Cámara de Diputados la primera iniciativa para crear una ley reglamentaria en materia del derecho de réplica, con base en lo establecido en el artículo 6 constitucional. A esta iniciativa del entonces diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional (PAN), le siguieron otras dos, la de Rodrigo Chávez Contreras, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en marzo de 2013, y la Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en mayo de ese año.

Como antecedentes a estas tres iniciativas —que sirvieron de base para la nueva ley, pero que fueron desechadas en la forma— quedaron diversas propuestas previas: la iniciativa para crear la Ley Federal del Derecho de Réplica, del entonces diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Miguel Barbosa Huerta (1 de abril de 2003); la iniciativa para crear la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica, presentada por la diputada Rocío del Carmen Morgan Franco, del pan (10 de junio de 2009); la iniciativa de Ley que Garantiza el Derecho de Réplica, presentada por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del PRD (30 de julio de 2008); la iniciativa de Ley para Garantizar el Derecho de Réplica, de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (19 de agosto de 2009), y la iniciativa de Ley para Garantizar el Derecho de Réplica, del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (13 de agosto de 2008), ambos del Grupo Parlamentario del PRD.

Para el 5 de diciembre de 2013, en comisiones y en el pleno de la Cámara de Diputados, como cámara de origen, se aprobó el dictamen con lo que sería la Ley Reglamentaria del Artículo 6 Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Derecho de Réplica, y cuatro días después ya estaba en manos del Senado de República como cámara revisora, donde permaneció casi dos años “durmiendo” hasta que el 13 de octubre de 2015 se aprobó en el pleno del Senado y se envió al Ejecutivo federal para su sanción y publicación el 4 de noviembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

En los transitorios se estableció que la nueva ley reglamentaria entraría en vigor 30 días después de su publicación, es decir, el 4 de diciembre de 2015.

3. IMPUGNACIONES DE ÚLTIMO MOMENTO

En el límite de la entrada en vigor de la ley reglamentaria del derecho de réplica, los días 3 y 4 de diciembre de 2016, por separado, los líderes nacionales del PRD y Morena, Agustín Francisco de Asís Basave Benítez y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, así como el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad4 en contra de la nueva legislación. Los partidos políticos impugnaron la definición y alcances del derecho de réplica establecidos en la norma, establecido como: “El derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida priva- da y / o imagen” (artículo 2, fracción ii). El PRD y Morena se escudaron en el numeral 1 del artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.5 Con base en este plantearon que la definición de derecho de réplica excluía como causa para ejercer ese derecho la información “agraviante” al condicionarlo a que la información fuese “falsa o inexacta”.

En tanto, la CNDH impugnó que entre los sujetos obligados de la ley se considerara a “cualquier otro emisor de información”, en el mismo sentido que “los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes”, provocando con ello

[…] incertidumbre jurídica, pues ante la falta de definición podría considerarse que cualquier persona que difunda información por cualquier medio —incluyendo espacios personales o redes sociales— está obligada a garantizar el derecho de réplica en los términos de la ley, con la consecuente responsabilidad que ello implica, lo que además se traduce en una restricción indirecta a la libertad de expresión, toda vez que ante la posibilidad de ser sujetos a un procedimiento judicial y eventualmente sancionados con una multa, los ciudadanos se verán desalentados a emitir opiniones o difundir información.6

La SCJN admitió los recursos, los concentró en una sola demanda y encargó al ministro Alberto Pérez Dayán su revisión y elaborar el proyecto de sentencia. En este, con la intención de “ampliar” el ejercicio del derecho de réplica, el ministro propuso eliminar de la definición de ese derecho el que la información sea “falsa e inexacta”, de tal suerte que, independientemente de su veracidad, pero excluyendo las opiniones en la réplica, y con la sola causal de que cause “agravio”, cualquier persona pudiese ejercer el derecho de réplica ante los medios de comunicación.

En la columna izquierda de la tabla 11.1 se muestran los textos vigentes de los artículos impugnados por los promoventes de las tres acciones de inconstitucionalidad, y en la columna derecha las partes “tachadas” que serían suprimidas con base en el proyecto de resolución del ministro Pérez Dayán, dado a conocer por la SCJN la última semana de octubre de 2016.

4. LA POLÉMICA Y LA DECISIÓN DE LA SCJN

El 7 de noviembre de 2016 el pleno de la SCJN comenzó la discusión pública del proyecto de sentencia presentado por el ministro Pérez Dayán.

En la víspera de las deliberaciones de los ministros la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) se manifestó a favor del proyecto de Pérez Dayán al considerar que

[…] al cancelar las causales de inexactitud y falsedad como requisitos para solicitar el derecho de réplica, el proyecto contribuye a la discusión pública, a la formación de opinión pública, fortalece la contienda política, permite analizar la postura de los distintos actores del espacio público, transparenta las posiciones y coloca un faro de reflexión sobre el trabajo de las autoridades, los políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos. Es decir, amplía la libertad de expresión y no la disminuye o coarta.7

En tanto, Raúl Trejo Delarbre, sociólogo especializado en temas de comunicación y derecho a la información, tras recordar que “la réplica es parte de la deliberación pública” —en referencia a quienes impusieron mediáticamente el proyecto de resolución del ministro Pérez Dayán—, indicó que

[…] la reciente campaña de El Universal y Televisa en contra de una posible enmienda al derecho de réplica reedita esa vieja actitud de las corporaciones mediáticas que, al negarse a publicar puntos de vista discrepantes con los suyos, se erigen como dueños de un pensamiento único […] [y que] La modificación de las causas que pueden dar lugar a la réplica permite un ejercicio más pleno de ese derecho [eliminando las causales de inexactitud y falsedad de información]. Los temores de quienes sostienen que los medios de comunicación estarían atestados de respuestas son infundados. Las solicitudes de réplica seguirían sujetas en primer lugar a la decisión del medio y, en caso de discrepancia, el juez tendría que evaluar si el quejoso ha experimentado un agravio.8

Por su parte, Ernesto Villanueva, especialista en comunicación pública, apuntó el mismo día que comenzó el debate en la SCJN que “eliminar la falsedad o inexactitud del derecho de réplica es vaciar el contenido esencial de este derecho”, y en cuanto a lo agraviante que pudiera resultar alguna información publicada, la vía para que cualquier persona proteja su derecho al honor es la vía civil a través de la figura de daño moral.9

El asunto llevó tres sesiones en la SCJN, realizadas el 7, 8 y 10 de noviembre. En ellas los ministros reflexionaron y argumentaron sobre las causales para ejercer el derecho de réplica: si dependía de informaciones faltas o inexactas que causaran agravio, o partir solo de información que causara agravio, incluso la verdadera. Al final, con ocho votos en contra se desechó el proyecto del ministro Pérez Dayán que declaraba la invalidez propuesta (véase la tabla 11.1) y se returnó para elaborar uno nuevo.10

*Es licenciado en Filosofía. Se ha desempeñado como redactor, reportero, editor y columnista en los periódicos Siglo 21 y Público Milenio; co–conductor del programa de radio Cosa Pública, director de Políticas Públicas en Materia de Transparencia y Acceso a la Administración y director general de Comunicación Social del gobierno del estado de Jalisco, y como jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa).
1. Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Tesis aislada 2a. I / 92. Información. Derecho a la, establecido por el artículo 6o. de la Constitución Federal”, en Semanario Judicial de la Federación, Tomo x, agosto de 1992, p.44.
2. Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Tesis aislada P.XLV / 2000. Derecho a la información. La Suprema Corte interpretó originalmente el artículo 6o. Constitucional como garantía de partidos políticos, ampliando posteriormente ese concepto a garantía individual y a obligación del estado a informar verazmente”, en Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, abril de 2000, p.72.
3. Cámara de Diputados. “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134; y se deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en Gaceta Parlamentaria, núm.2341–I, 14 de septiembre de 2007 [DE disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/sep/20070914-I.html].
4. La Suprema Corte define a la acción de inconstitucionalidad como “un medio de control de la constitucionalidad que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía —ley, tratado internacional, reglamento o decreto—, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales”. Véase: https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-hace-la-scjn
5. Organización de Estados Americanos (OEA). Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) [DE disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_ sobre_Derechos_Humanos.htm].
6. Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Proyecto de Resolución del Ministro Alberto Pérez Dayán sobre la Acción de Inconstitucionalidad 122 / 2015 y sus acumuladas 124 / 2015 y 125 / 2015” [DE disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/ les/proyectos_resolucion_scjn/docu- mento/2016-12/AI122_2015pl.pdf].
7. Asociación Mexicana de Derecho a la Información. “Enmiendas al derecho de réplica fortalecen libertad de expresión y debate democrático”, en Amedi.org, 27 de octubre de 2016 [DE disponible en: http://www.amedi.org.mx/enmiendas-al-derecho-de-replica-fortalecen-libertad-de-expresion-y- debate-democratico-2/].
8. Trejo Delarbre, Raúl. “Derecho de réplica”, en Crónica, 31 de octubre de 2016 [DE disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2016/992836.html].
9. Villanueva, Ernesto. “El debate sobre derecho de réplica”, en Aristegui Noticias, 7 de noviembre de 2016 [DE disponible en: http://aristeguinoticias.com/0711/mexico/el-debate-sobre-derecho-de- replica/].
10. Las versiones taquigráficas de las tres sesiones del pleno de la SCJN se pueden consultar en: Sesión del 7 de noviembre de 2016: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/ les/versiones-taquigraficas/ documento/2016-12-02/07112016PO.pdf.
Sesión del 8 de noviembre de 2016: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/ les/versiones-taquigraficas/ documento/2016-12-02/08112016PO.pdf.
Sesión del 10 de noviembre de 2016: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/ les/versiones-taquigraficas/ documento/2016-12-02/10112016PO.pdf

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